El “proceso constituyente” que se desarrolla en nuestro país no puede ser más contrario a los ideales democráticos y a las prácticas generalizadas en el mundo de elaborar constituciones a través de asambleas constituyentes.
Ya el anterior proceso era muy poco democrático, en la medida que la “Convención Constitucional” propuesta se basaba en un quórum de dos tercios para que los representantes del pueblo aprobaran una constitución, ¡igualando de este modo el valor de la opinión de un tercio de los representantes del pueblo a la de los otros dos tercios!…
Como es sabido dicho proceso fracasó, porque el resultado electoral de la derecha (y de la ex Concertación) para elegir convencionales fue tan malo que el quórum de los dos tercios no pudo evitar que muchas disposiciones aprobadas fuesen amenazantes para el modelo económico-social impuesto por la derecha –vía dictadura de Pinochet- y consolidado luego por los gobiernos concertacionistas, nominalmente de centro-izquierda.
Dado ello, la derecha utilizó su virtualmente omnímodo poder comunicacional para manipular el voto popular a través del terror y lograr así la derrota del texto aprobado por la Convención en el plebiscito de septiembre pasado.
Pero el nuevo proceso ha sobrepasado todos los límites convirtiéndose en una grotesca pantomima de la democracia. En primer lugar, porque ¡el Congreso constituido! (que, además, de acuerdo a todas las encuestas tiene una bajísima popularidad) ha establecido 12 bases constitucionales inamovibles para quienes se supone que representarán democráticamente al pueblo…
Luego, porque la tarea de elaborar el proyecto de constitución ¡se la encargó a 24 “expertos” (“Comisión Experta”) designados por el mismo Congreso por un quórum de 4/7 con lo que aseguró que su composición haya sido del gusto de la derecha tradicional que, a través de la dictadura de Pinochet, impuso la Constitución actual en 1980. Además, para mayor seguridad para la derecha, se estableció también un quórum de 4/7 para el texto aprobado por la “Comisión Experta”.
En tercer lugar, porque este texto va a ser considerado luego por un “Consejo Constitucional” de 50 miembros elegido por el pueblo, pero de tal forma que asegurará una sobrerrepresentación de la derecha tradicional, como en el Senado actual en que con bastantes menos votos que la “centro-izquierda” tiene un 50% de sus miembros electos. Pero lo peor, desde un punto de vista del respeto de la voluntad democrática, es que este Consejo –próximo a elegirse el 7 de mayo- sólo va a poder cambiar lo resuelto por los “expertos” o incorporar nuevos artículos ¡con un quórum de 60%!
Y, por si todo lo anterior fuese poco, el proceso considera un “Comité Técnico de Admisibilidad” de 14 miembros –electos también por el Congreso actual, del mismo modo que la “Comisión Experta”- que tendrá atribuciones para vetar cualquier disposición aprobada por la “Comisión” o el “Consejo” que considere contraria a las 12 bases establecidas de modo inamovible por el Congreso, a petición de una minoría de miembros de la Comisión o del Consejo.
¡Y de todos estos “detalles” no se informa debidamente en televisión! Debe ser muy difícil elaborar un proceso con apariencia democrática que tenga tan pocas –si es que alguna- posibilidades de representar efectivamente a la mayoría del pueblo. Y más difícil todavía será encontrar algún otro país del mundo, a estas alturas del siglo XXI, que pretenda darse ínfulas democráticas con un proceso de esta naturaleza…
Las preguntas surgen solas: ¿Cómo ha podido llegar a este acuerdo con la derecha la autodenominada centro-izquierda chilena?; y ¿cómo han podido engañar tan eficazmente al conjunto de la sociedad chilena, sin que ésta pueda darse cuenta?
Las respuestas se encuentran en el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas. Partiendo por el hecho de que el liderazgo del conjunto de los partidos de centro-izquierda (“Concertación de Partidos por la Democracia”) -que efectivamente luchó contra la dictadura- experimentó una profunda “convergencia” con la derecha a fines de los 80, como lo reconoció en un libro en 1997 el considerado por todos como el principal ideólogo de la “transición” chilena: el democratacristiano ministro secretario general de la Presidencia de Patricio Aylwin: Edgardo Boeninger (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Editorial Andrés Bello).
Y, lo peor del caso, es que se trató de una “convergencia que políticamente el conglomerado opositor (la “Concertación”) no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369). ¡Y que aún hoy no reconoce!…
Y así se entiende que en 1989 el entonces conglomerado opositor haya concordado con Pinochet y la derecha un “paquete” de 54 reformas constitucionales –que no se conocieron en detalle- en que la más trascendente fue ¡un virtual regalo de la Concertación de la mayoría parlamentaria a la futura oposición de derecha!
En efecto, pensando que Pinochet sería ratificado como presidente en el plebiscito de 1988, la Constitución le confería mayoría parlamentaria teniendo sólo mayoría en una Cámara (en el Senado la habría tenido segura, por efecto de los senadores designados por él mismo) y un tercio en otra.
¡Dispositivo que también le habría servido a Patricio Aylwin (seguro presidente futuro), dado que habría alcanzado el tercio del Senado, pese a los designados!
Sin embargo, la Concertación se allanó a elevar el requisito de la mayoría a las dos cámaras ¡manteniéndose los senadores designados!, con lo cual era seguro que perdería la mayoría parlamentaria. La única razón válida para este aparente absurdo es que con ello, el autodenominado gobierno de centroizquierda pudo argüir plausiblemente que no hacía ninguna reforma sustancial del modelo económico-social impuesto por la dictadura porque no tenía las mayorías parlamentarias para hacerlas, ¡y sin tener que reconocer su vergonzoso viraje copernicano!
Lo anterior se complementó con otro proceso inédito a nivel mundial que fue la silenciosa pero sistemática destrucción efectuada por los gobiernos de la Concertación del conjunto de los medios de prensa y canales de TV de centroizquierda o que podrían haber generado un debate plural acerca de la dictadura y sus efectos.
Así, de acuerdo a las denuncias nunca desmentidas de directores y periodistas de esos medios de prensa (entre ellos de los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán), ellos fueron virtualmente exterminados a través de la sistemática discriminación del avisaje estatal; del bloqueo de ayudas del extranjero; de la compra de algunos de esos medios por personeros de la Concertación para cerrarlos en poco tiempo; y de la negativa a indemnizar medios confiscados por la dictadura. Estamos hablando, entre otros del Análisis, Apsi, Hoy, La Epoca, Fortín Mapocho, Página Abierta, Rocinante, Plan B y Clarín.
Por otro lado, se liquidaron los dos canales de televisión que pudieron haber desarrollado un debate plural acerca de la dictadura y sus efectos: El de la Universidad de Chile que fue privatizado, obviamente a un gran grupo económico. Y el gubernamental (TVN) que en virtud de una ley pasó a ser dirigido en la práctica por un consejo en que la derecha tenía un virtual derecho a veto.
Además, tuvieron que pasar muchos años para que en este canal se usara el término “dictadura” y ¡hasta el día de hoy! nunca se han hecho debates a fondo de todo lo que significó la dictadura para Chile…
Producto de todo lo anterior, la sociedad chilena no ha podido todavía tomar cabal conciencia de la profunda derechización que experimentaron los partidos de “centro-izquierda”, la que no sólo se expresó en la consolidación de las estructuras impuestas por la dictadura (económicas, laborales, previsionales, de salud, etc.), sino además en la extensión de las privatizaciones, en la virtual desnacionalización de más del 70% de la gran minería del cobre y en la inserción solitaria y subordinada del país al proceso de globalización.
Y tampoco se ha enterado de las pocas pero muy reveladoras exaltaciones de la obra económico-social de Pinochet hechas por connotados dirigentes concertacionistas en libros o revistas exclusivas. Como la realizada por el ministro de Hacienda de Aylwin, luego senador y presidente de la democracia cristiana, y finalmente canciller de Michelle Bachelet: Alejandro Foxley: “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización (…) Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar” (Cosas; 5-5-2000).
O como la efectuada por el connotado intelectual del mundo PS-PPD, Eugenio Tironi, en 1999:
“La sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80. Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo”. (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, pp. 36, 60 y 162).
Tampoco la sociedad chilena ha podido calibrar las innumerables demostraciones de entusiasmo por la derechización concertacionista expresadas por destacados intelectuales y economistas de derecha, nacionales e internacionales. A vía ejemplar tenemos las del economista y empresario César Barros, quien a fines del gobierno de Ricardo Lagos, lo calificó como “el mejor presidente de derecha de todos los tiempos” (La Tercera; 11-3-2006).
O las del entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, que a fines de 2005 expresó que a Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá (en Chile) porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005).
O las del economista estadounidense, Arnold Harberger, estrecho asociado de Milton Friedman en la Universidad de Chicago, quien señaló en 2007: “Estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mi fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. Él es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).
Pero quizá quien mejor ha expresado lo anterior es el recientemente fallecido cientista político de derecha Oscar Godoy quien consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).
Y todo este proceso consensual entre la derecha y la Concertación culminó con la concordancia en lo que Ricardo Lagos denominó una “Constitución democrática” en 2005 (¡la actual Constitución!), que fue una reforma constitucional que, sin perjuicio de algunos cambios de importancia, mantuvo lo esencial de la Constitución de 1980. Pero tanto se asumió dicha “nueva Constitución” por la Concertación, ¡que la actual Constitución ya no aparece suscrita por Pinochet, sino por Lagos y todos sus ministros de entonces!
No por nada, cuando producto de los grandes movimientos de protesta en 2011 se comenzó a demandar una Asamblea Constituyente y una Constitución democrática, los más acerbos críticos de esto fueron, además de Lagos, los dirigentes socialistas Camilo Escalona, José Miguel Insulza y su presidente de entonces, Osvaldo Andrade, quien dijo con sorna que “la nueva Constitución va a ser para los tataranietos” (El Mercurio; 4-10-2014).
Por todo ello, cuando luego de la revuelta social de octubre de 2019 comenzó a replantearse con mucha fuerza la idea de establecer finalmente una Constitución democrática surgida de una Asamblea Constituyente, no fue sorpresivo que los partidos de la derecha y de la ex Concertación llegasen a un acuerdo engañoso que, como se vió inicialmente, estipulaba una antidemocrática “Convención Constitucional” con un quórum de dos tercios; y que ahora, concordaran en el verdadero esperpento que se ha reseñado.
Lo sorprendente y muy lamentable ha sido que también los partidos políticos del Frente Amplio y el Partido Comunista se hayan subordinado a ambos acuerdos.
Por cierto, todo esto hace que en el futuro previsible, cualquiera sea el desenlace de este “proceso constituyente”, el modelo económico-social neoliberal impuesto por la dictadura seguirá vigente.