Plan Anti-Desigualdad con urgencia para Chile

Chile es y ha sido históricamente un país de alta desigualdad de ingresos, riqueza y oportunidades.

La independencia política de la corona española lograda en el siglo 19 mantuvo una estructura económica altamente desigual aunque ya las elites propietarias no eran dominadas por los “peninsulares” (nacidos en España ) sino por “criollos” (nacidos en Chile) que concentraban el grueso de la propiedad de la tierra, otros recursos naturales y dominaban las finanzas, la industria y el comercio. Posterior a la guerra del Pacífico los ingleses eran dueños del salitre y mantenían intereses en los ferrocarriles, la banca, el comercio y la marina mercante.

En el siglo 20 la presencia extranjera dominante fue norteamericana en especial en el cobre. Hubo también intentos de reducir la desigualdad en las administraciones radicales que gobernaron entre fines de la década de 1930 e inicios de la década de 1950 y después en el periodo 1964-1970, con Eduardo Frei Montalva, y su “revolución en libertad” y en el gobierno de Salvador Allende con “la vía chilena al socialismo”.

Con el golpe de Estado de 1973 los militares iniciaron un periodo  de retorno a la alta desigualdad y la concentración económica en elites a través de la desarticulación del movimiento sindical, la privatización de las empresas públicas y la reducción sistemática de recursos destinados a la educación pública, un mecanismo importante de igualación de oportunidades.

El retorno a la democracia en 1990 trajo ciertas mejoras en la distribución de los ingresos laborales pero mantuvo e incluso acentuó la alta concentración de poder económico y riquezas en unas pocas familias ultra-ricas. Por otra parte, se mantuvo  el grueso del plan laboral de 1979 de Pinochet que debilitaba el poder de negociación de los trabajadores, elemento fundamental que ha permitido un deterioro de la distribución funcional de la renta en contra del factor trabajo y en favor del (gran) capital.

El gobierno del presidente Gabriel Boric fue elegido en torno a una plataforma de “superación del neoliberalismo”, un modelo económico que genera mucha desigualdad.

Hasta ahora, los conglomerados rentistas siguen incrementando sus ya altas ganancias monetarias. Al mismo tiempo la agenda económica se centra, primordialmente, en una ortodoxia de ajuste macroeconómico con ciertas reformas como la tributaria que puede contribuir a mejorar, en algún grado,  la distribución de la renta pero esta parece no avanzar muy rápido.

Por otra parte, la reforma previsional propuesta mantiene el dominio del mercado financiero de los fondos previsionales de los asalariados aunque crea un ente público que potencialmente puede competir por estos recursos. En el  esquema previsional propuesto lo mas probable es que siga el flujo de financiamiento barato para los conglomerados económicos proveniente de los ahorros de previsión social, que hasta ahora ha caracterizado el sistema de las AFP.

El año 2022, aun con inflación, economía internacional volátil y ajuste macro de por medio, fue altamente rentable para la banca, para las empresas privadas que explotan el litio,  las AFP y otros.

Las utilidades de la banca, un sector de poca competencia, alcanzaron la friolera de US$ 6.396 millones, un aumento del 30% en 12 meses (para poner esto en perspectiva, esta cifra equivale al doble de lo que gasta el gobierno en su programa social orientado a proteger a los sectores populares de los efectos de la inflación). En contraste con los resultados de las grandes empresas, la masa asalariada ve que sus salarios se han deteriorado en poder de compra con la inflación y muchísimas familias chilenas viven muy endeudadas.

Como lo esbozamos en un artículo anterior publicado por El Desconcierto ( 7 de febrero de 2023), se requiere de un programa coherente y factible de auténticas reformas anti-desigualdad.

Este plan debiera considerar al menos cuatro áreas:

(i) Aprovechar la reforma tributaria para introducir un conjunto de impuestos progresivos  sobre las ganancias sobre-normales del sistema financiero, el litio, las AFP (mientras duren) y otros sectores dominados por pocas empresas de gran tamaño. El sector forestal, en atención a sus variadas externalidades negativas, también debe ser sujeto de un impuesto especifico.

(ii) Se debe impulsar una reforma real de las relaciones laborales que finalmente balanceen el poder de negociación entre el sector laboral y el gran capital, que claramente ha favorecido ha este último desde el golpe de Estado de 1973. En lo concreto, se debería abandonar la prohibición a la negociación por rama de actividad económica de la ley laboral, que emana, a su vez, del Plan Laboral de 1979 . Esta cláusula ha sido mantenida por todos los gobiernos civiles que llegaron al poder desde 1990.

(iii) Un programa sustancial de promoción de la educación pública, fuente fundamental de movilidad social ascendente, que cubra el nivel escolar, técnico profesional y universitario. La marginalización de la educación pública ha sido otra constante de la nueva democracia que siguió al fin del régimen de Pinochet.

(iv) Una agenda orientada a promover la recuperación del status del sector de trabajadores, los que incidentalmente hacen andar el país, pero que han sido rezagados por décadas, a través de programas de capacitación, empleo y democracia económica a nivel de la empresa. A nivel social general el monto destinado a programas anti-crisis deben ser aumentados.

La mantención de los actuales niveles de desigualdad económica en Chile no solo es moralmente cuestionable sino que constituye también un caldo de cultivo de posibles levantamientos sociales alimentados por la percepción (bastante realista) de que vivimos en un orden económico y social injusto y de que las elites políticas y económicas dominantes permanecen impasibles e inmutables frente a esta realidad.

Es hora de  que las promesas iniciales de reformas reales del modelo de desarrollo de la actual administración, en una dirección mas equitativa y ambientalmente sustentable, se empiecen a materializar.