Ayer 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Perú no tuvo nada que celebrar. La crisis social y política que vive el país muestra un tremendo retroceso en cuanto al respeto a nuestra diversidad cultural, con actos flagrantes de discriminación racial y étnica, incluso de nuestras propias autoridades.
Según señala el Ministerio de Cultura, el Perú es un país pluricultural, que presenta en su territorio 55 pueblos indígenas, que hablan 48 lenguas originarias. Estas abarcan a más de 2 mil comunidades nativas y 6 mil comunidades campesinas, representando más de 3 millones de peruanos distribuidos en 23 departamentos.
Pese al aporte de estas comunidades en diversos ámbitos del conocimiento humano, cuyas prácticas ancestrales han aportado a la seguridad alimentaria del país y al cuidado de la diversidad biológica de la flora y fauna, además de costumbres como el trabajo comunal, la minka y la cosmovisión andina; esta población aún presenta fuertes limitantes para su desarrollo.
Así, solo el 48,5% cuenta con un establecimiento de salud (y los que tienen, son puestos o postas de salud de nivel básico), el 95,2% logró instalar instituciones educativas del nivel básico pero solo el 2% presenta instituciones de educación técnica y el 0,5% de educación superior; asimismo, solo el 27,6% cuenta con servicios de comunicación.
Es decir, esta diversidad cultural, lejos de ser considerada una potencialidad de nuestro país, es postergada por los diferentes gobiernos de turno.
Violencia en manifestaciones
Y aún más, la postergación de estos grupos de peruanos se ha intensificado con los últimos acontecimientos suscitados en la llamada “Toma de Lima”, en la que se ha evidenciado un trato discriminatorio y denigrante hacia los diversos grupos de manifestantes provenientes del sur del país.
Hechos como negarle el saludo al ex presidente Pedro Castillo por parte de la ex presidenta del Congreso de la República, o la declaración de la presidenta Dina Boluarte quien señaló que “Puno no es el Perú”, o la detención y denuncias de agresiones a manifestantes puneños en la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; así como la represión con bombas lacrimógenas a madres aymaras con hijos en sus espaldas, entre otras, son algunas de las evidencias que muestran un Perú en retroceso, donde los derechos como la dignidad e igualdad, van quedando en el olvido, mientras la discriminación racial se asienta sin rubor alguno.
