La agenda partidaria prioriza las elecciones, las disputas internas y propone falsas soluciones. En la calle: hambre, pobreza e inflación del 95%. El Gobierno y la oposición apuestan todo al extractivismo, un modelo que asegura más pobreza, dependencia y contaminación. El pan transgénico en las mesas argentinas, la Corte Suprema a favor del agronegocio y los territorios de pie que marcan otros caminos.
Dos de cada tres niños del país es pobre. La inflación llega al 95 por ciento anual. Argentina es el primer país del mundo en comer pan transgénico (y con agrotóxicos). Y, en un año de elecciones, los partidos mayoritarios tienen una sola receta: más extractivismo, basado en actividades que violan los derechos humanos. A cuatro décadas de la recuperación democrática se hacen evidentes las falsas opciones y la deuda interna que ningún Gobierno quiere saldar.
Unicef informó que el 66 por ciento de los niños y niñas de Argentina es pobre. Se trata de 8,8 millones de chicos. Quizá no se note en Puerto Madero, Barrio Norte o Nordelta, lugares donde transitan y viven los políticos que administran (o aspiran a administrar) las estructuras del Estado. Quizá por eso no hablen de este drama los principales políticos del país.
El escándalo tampoco fue tapa de diarios ni noticia principal de canales y radios. Además de los intereses económicos para silenciar la realidad, aplica (tanto para dueños/jefes de los medios como para políticos) la frase popular: «La cabeza piensa según donde caminen los pies». O como resume la canción: «Desde lejos no se ve».
«El hambre es un crimen»
Mientras el peronismo gobernante y el PRO-UCR se pelean por la Casa Rosada, en un país que se autodefine como «proveedor de alimentos al mundo», éstos no llegan a amplios sectores de la población. La carne vacuna se volvió un bien cada vez más lejano. Y el 87 por ciento de las familias de barrios populares tiene complicaciones para acceder a comida. En los comedores populares abundan los fideos y la polenta; escasean las verduras, las frutas y los alimentos saludables. Como bien definió, hace ya veinte años, el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo: «El hambre es un crimen».
En 2019 el presidente Alberto Fernández lanzó desde Puerto Madero y en tono épico la «mesa contra el hambre». Afirmó que sería un «política de Estado acabar con este flagelo». Estuvo rodeado de personalidades, empresarios y famosos: Marcelo Tinelli, Antonio Aracre (Syngenta), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Martín Caparrós y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), entre otros. Al frente de la iniciativa fue designada Victoria Tolosa Paz (esposa del millonario empresario Enrique Albistur).
La «mesa contra el hambre» no funciona más y no cumplió ninguno de sus objetivos. Tolosa Paz fue designada al frente del Ministerio de Desarrollo Social, donde —con una clásica política neoliberal— comenzó un ajuste vía eliminación de la ayuda social. Antonio Aracre (máximo directivo local de la multinacional Syngenta) fue nombrado como jefe de asesores del Gobierno.
Primera reunión del Consejo Federal Argentina contra elHambre, diciembre 2019. Foto de Casa Rosada
Discursos y realidades
El presidente Alberto Fernández, que llegó con apoyo de muchas organizaciones y movimientos sociales, dio su discurso de inicio de sesiones en el Congreso Nacional el 1° de marzo. Como antes Mauricio Macri y antaño Cristina Fernández de Kirchner, entabló un relato sesgado, alejado de lo que vive y padece la mayor parte de la población de Argentina.
Sus propuestas para salir de la crisis fueron las mismas que en 2022: más megaminería, más agronegocio (proyecto de ley agroindustrial), más explotación petrolera y de litio. Como desde hace 200 años, la principal idea de los gobernantes locales es ser proveedor de materias primas, que es justamente una de las principales causas de la pobreza y la dependencia.
¿Las autoridades políticas (y los candidatos a serlo) no conocen historia y el lugar asignado a los países como Argentina en la división internacional del trabajo (ser proveedor de materias primas y dependiente)? Claro que lo saben, pero los gobiernos no piensan en la próxima generación, sino en la próxima elección. De ahí que prioricen la megaminería y no el agua, que apoyen los transgénicos y no la salud de las poblaciones fumigadas.
El trasfondo del impulso al extractivismo son los dólares que necesita el Gobierno. Divisas que no se destinan para la construcción de escuelas ni hospitales, sino para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), una deuda que contrajo la alianza Cambiemos y que el peronismo gobernante acordó pagar.
Policias durante un desalojo en Villa Lugano. Foto de Sebastián Hacher/Subcoop
Derechos humanos selectivos
En su discurso del miércoles pasado, enmarcado en los 40 años de la recuperación democrática, el Presidente reivindicó la lucha de Madres y Abuelas de Plazo de Mayo. Coincide en ese punto con el kirchnerismo: recorta la vigencia de los derechos humanos a los crímenes de la última dictadura cívico-militar. El extractivismo, que azota territorios y poblaciones de norte a sur, viola sistemáticamente los derechos humanos. No es casual que en Andalgalá y Jáchal se defina la situación como «dictadura minera».
En una parábola del destino, el silencioso ministro de Ambiente (Juan Cabandié) es hijo de desaparecidos y, retóricamente, suele hablar solo de derechos humanos de cuatro décadas atrás. Nunca hace mención a las actuales represiones ejecutadas para imponer la megaminería, el fracking o el agronegocio. Otro botón de muestra de cómo el peronismo gobernante entiende los derechos humanos es el hoy ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, uno de los responsables del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda.
En una semana con ola de calor (donde el desmonte tiene su gran incidencia), y apagón de medio país, el combo tóxico lo completó la empresa Bioceres, la «Monsanto argentina», que celebró que su cuestionado trigo transgénico ya se utiliza en los molinos harineros y, sin ninguna forma de saberlo, las familias argentinas son las primeras del mundo en comer pan, pizza y empanadas con transgénicos. Y con un agregado: el peligroso agrotóxico glufosinato de amonio (más nocivo que el glifosato). La autorización final para que esto sea posible fue del actual Gobierno (en 2022, con la firma del entonces ministro Julián Domínguez). Ni Mauricio Macri se había animado a tanto.
El Poder Judicial también hace su parte. Es el más conservador (y casi vitalicio) de los tres poderes del Estado. Y también ayuda (al extractivismo). La última semana, con una insólita medida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuó a pedir del agronegocio y del gobierno de Entre Ríos. Luego de cuatro años de demora, el máximo tribunal se negó a tratar un recurso de queja presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio). Las organizaciones habían obtenido fallos judiciales que alejaban las fumigaciones de las escuelas rurales (1000 metros para aspersiones terrestres y 3000 metros para las aéreas). El gobernador Gustavo Bordet, por decreto, decidió una distancia de solo 150 metros. La Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— se negó a dar tratamiento a la causa y dejó vigente los 150 metros determinados por decreto.
«Estamos ante derechos humanos y ante niñas y niños que deambulaban por pasillos de hospitales públicos para paliar sus cánceres y leucemias, niños y niñas a los que les pesan sus dolores y sufrimientos por el hecho de haber sido expuestos a sustancias químicas cuando acudían a la escuela», denunció la Coordinadora Basta es Basta, impulsora de la causa judicial.
En la misma Corte Suprema duerme causas emblemáticas de los conflictos que genera el modelo extractivo: la contaminación de la empresa de bioetanol Porta Hermanos (de Córdoba) y también la definición sobre la constitucionalidad de la ordenanza 029/16 que protege la cuenca alta del río Andalgalá (Catamarca) —la decisión del máximo tribunal tendrá incidencia directa en el avance o freno del proyecto minero MARA, ubicado en la naciente del río—.
Casa de Gobierno de Chubut en diciembre de 2021. Foto de Luan Colectiva
Los territorios
Alejado del micromundo de los palacios (de tribunales y casas de gobierno), el Pueblo Qom del Impenetrable chaqueño se organiza, lucha y produce miles de kilos de miel orgánica. Pero explica que no se trata solo de elaborar un alimento sano, sino que también se trata de una concepción de la vida: «Lo económico debe servir a la vida y no a la inversa. Los bienes naturales del planeta son finitos y las necesidades humanas también. La economía debe estar en armonía con la naturaleza reduciendo al mínimo la contaminación y la depredación. La economía tiene que ser incluyente con principios de reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad y sustentabilidad”.
A 1300 kilómetros del Chaco, en Mendoza, este fin de semana se desarrolla el 35 encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), donde confluyen organizaciones socioambientales de decenas de provincias. No solo cuestionan el modelo político y económico reflejado en el extractivismo, también proponen otros caminos: agroecología, comercio justo, cuidado del agua, real defensa de los derechos humanos, aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y, lo más difícil de entender para sectores políticos, democracia participativa, donde se priorice la opinión y decisión de las poblaciones que viven en los territorios.
Una de las principales formas de lograr esos objetivos es ocupar la calle, el espacio público. Así lo demuestran desde hace cinco años en Paraná con sus «rondas de los martes» (frente a la Casa de Gobierno), desde 2015 con una carpa permanente en la plaza de Jáchal y desde hace 629 sábados las caminatas del pueblo de Andalgalá.
También desde las calles y rutas de Mendoza, en diciembre de 2019, el pueblo movilizado logró proteger el agua y frenar el extractivismo. En 2021 (a veinte años del 19 y 20 de diciembre), fue el turno del pueblo de Chubut, que hizo retroceder al gobierno provincial y a la multinacional minera Pan American Silver. Justamente en esa provincia, puntualmente en Esquel, el día 4 de cada mes se movilizan en memoria (y vigencia) de la histórica votación de 2003, cuando el sufragio popular dijo «no a la mina». El próximo 23 de marzo, a veinte años de esa gesta, se realizará una masiva movilización bajo el lema «veinte años de pie», donde se reafirmará que «el agua vale más que oro».
Esquel será espacio de encuentro, organización y futuro. Porque ese pueblo iluminó luchas en los 5000 kilómetros de cordillera y demostró que se podía vencer al poder.
Esquel (como Malvinas Argentinas en Córdoba y Loncopué en Neuquén —entre tantos otros pueblos—) son capítulos de una lección marcada en la historia: la defensa del territorio y de los derechos humanos se logra en las calles.
