De seguir todo como va, el actual gobierno será reconocido como el que mayor injerencia le ha dado a las Fuerzas Armadas en las tareas del Estado. Por catorce oportunidades se ha extendido la militarización de la llamada zona macro sur, donde miles de efectivos se han incorporado al paisaje y a la vida de sus habitantes ejerciendo facultades para investigar, allanar hogares y hacer uso efectivo de sus armas a fin de barrer la zona de “elementos subversivos” y aplacar las acciones de quienes luchan allí para que le sean respetados los derechos ancestrales de la nación mapuche.
Los estados de emergencia que muchas veces se les negaron a los gobiernos anteriores están más que consolidados, tanto que ahora se extienden también al norte del país a objeto de controlar nuestras fronteras del Desierto de Atacama, devolver a sus países a los inmigrantes, además de ser facultados para hacer uso de sus armas a objeto de cerrar todas las vías de acceso a nuestro territorio de miles de personas y familias que buscan una oportunidad de trabajo o huyen de la represión en sus países. Entre los que se filtran, por cierto, muchos delincuentes comunes y narcotraficantes acicateados por chilenos y extranjeros que lucran con ofrecerles y garantizarles su ingreso al país.
Se trata de un drama social de proporciones que fuera alentado por el propio Presidente Sebastián Piñera cuando visito hace algunos años al municipio de Cúcuta en Colombia para desde allí invitar a todos los venezolanos que quisieran abandonar su país y avecindarse en el nuestro. Es razonable que Chile le ponga freno a una emigración incontrolada, ahora, de tantos latinoamericanos que piensan que en aquí pueden hallar la “copia feliz del Edén”, así como esos tantos millones de personas viven con el “sueño americano” o la posibilidad de radicase en los Estados Unidos.
Quienes están en estos momentos en La Moneda se han olvidado de que hasta hace solo uno o dos años se opusieron sistemáticamente en el Parlamento a estos estados de excepción constitucional, abogando además por el derecho humano al libre tránsito y emigración. Pues bien, ahora en el poder, no les basta con los ingentes recursos destinados a fortalecer la acción de las policías y de la gendarmería de fronteras, tomando la decisión de convocar a las Fuerzas Amadas en estas tareas, lo que se sabe es un riesgo al tratarse de efectivos sin mayor preparación, con pocas capacidades disuasivas y en los que siempre se sospecha que se extralimitan en el uso de la fuerza.
Es claro que el interesado discurso de la derecha, así como en otras materias, viene siendo asumido paulatinamente por quienes actualmente nos gobiernan. No sería extraño, que más temprano que tarde, tengamos a los militares en las calles de las grandes ciudades y pueblos donde la delincuencia, la droga y otras lacras tampoco logran ser neutralizadas por Carabineros y la policía civil. Allí donde, como debemos reconocerlo, las poblaciones angustiadas claman a gritos la acción de los militares, porque formamos parte de un pueblo que en menos de tres décadas se ha olvidado que fue el Régimen Militar el que causó los mayores trastornos a nuestra convivencia, si se suman los asesinados, torturados, humillados deportados y encarcelados. Cuando, además, los sectores castrenses acometieron los peores delitos en contra de la probidad administrativa y los recursos de todos los chilenos.
El llamado advenimiento de la democracia tuvo la oportunidad de meter a los uniformados en la vereda constitucional, restringir sus desproporcionado poder de fuego y redestinar sus dispendiosos presupuestos a fortalecer las policías y dotar al Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, de los recursos necesarios para hacer frente a los incendios forestales y otras catástrofes que muchas veces son intencionales y logran el resultado cierto de dejar incólumes los bochornosos estipendios militares. Con los que tanto podría hacerse en favor de la educación pública, un justo sistema de previsión o la construcción de miles de viviendas que tanta falta hacen para satisfacer las demandas de la población.
Tal como un gobierno reaccionario y represivo cualquiera, el Ejecutivo opta por la idea de intensificar la represión, adquirir sofisticadas armas y construir nuevas cárceles para hacer frente a la delincuencia que nos asola de norte a sur del país. Lacra que, como pensaban antes los que nos gobiernan, tiene origen en la desigualdad social, la miseria económica y la educación precaria. Por lo mismo que no parece razonable concentrar tantos esfuerzos para combatir el comercio ambulante, sobre todo cuando afecta a miles de personas y familias que recurren al trabajo informal cuando no tienen otra oportunidad de ganarse la vida. Desgraciadamente, quienes manejan la opinión pública en Chile cosechan en nuestro pueblo otra vez las ideas del individualismo, el militarismo y, finalmente, del autoritarismo.
Haría falta que quienes se proclaman de izquierda revisaran los fundamentos ideológicos de sus colectividades y dejaran de orientarse por los dirigentes, referentes y medios de comunicación de quienes concentran su principal esfuerzo en oponerse a la reforma tributaria, a la justa distribución del ingreso y a una política previsional que acabe con las flagrantes injusticias que alimentan la criminalidad. Que dejaran se pautearse por los ideólogos del capitalismo salvaje y los dictados de las empresas extranjeras que hoy, con gobierno “izquierdista” mediante, asumen que tienen la mejor oportunidad de echar raíces en todo nuestro territorio. Gracias a la insolvencia, la candidez y la inconsecuencia de tantos políticos seducidos por los “cantos de sirena” de la derecha, de los poderosos empresarios y el imperialismo. Un término, este, que suena para muchos feo y anticuado, pero que, sin embargo, se encuentra completamente vigente.
