La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exige una financiación adecuada de la atención primaria y el fin de los conciertos y privatizaciones
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha exigido hoy, con motivo de las movilizaciones en favor de la sanidad pública del próximo sábado 25 de marzo -que llama enérgicamente a secundar-, una financiación adecuada de la atención primaria y el fin de los conciertos y privatizaciones que está emprendiendo el Gobierno andaluz del Partido Popular, políticas ante las que la organización muestra su “enorme preocupación y total rechazo”.
Para la APDHA, el Gobierno del PP trata, por medio de privatizaciones, más o menos encubiertas, de abandonar la sanidad pública como herramienta indispensable para el bienestar y la salud, “avanzando hacia un modelo de sanidad como negocio, en lugar de como derecho de las personas que viven en nuestra tierra”.
La asociación especifica que el 25% de gasto sanitario público recién comprometido para ser dedicado a la atención primaria debe invertirse en mejoras en personal, organizativas y de infraestructura, pero en ningún caso, en conciertos con la medicina privada. Solo de esta forma se garantiza una atención cercana, accesible y continuada en el tiempo. En este sentido, se adhiere al plan “urgente y acorto plazo”, propuesto por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Asimismo, respecto al fin de los conciertos, externalizaciones o privatizaciones encubiertas, propone optimizar los recursos e instalaciones y contratar al personal necesario en el sistema público, eliminando la precariedad laboral actual.
Además, la organización plantea una mejora hospitalaria, que suponga unas urgencias rápidas y eficaces, la reducción de los tiempos de espera en las especialidades y realización de pruebas diagnósticas; una unificación intrahospitalaria, que reduzca trabajas y desplazamientos de personas usuarias y una necesaria coordinación entre la atención primaria y hospitalaria.
Otra de las cuestiones fundamentales para la APDHA es la atención efectiva de la salud mental, “desde un modelo comunitario integral, enfocado en la persona y desde una perspectiva de derechos que garantice el cuidado, la prevención y la promoción de la salud”, señala.
Si bien es cierto, explica la organización, que desde Gobiernos anteriores ya se había iniciado un camino de recortes, privatizaciones y conciertos en materia sanitaria en Andalucía, “actualmente asistimos a nuevos pasos que aceleran el deterioro de lo público”. En este sentido, desde la aprobación de los mal llamados “decretos de simplificación”, continúa, “el Partido Popular abre la puerta a acelerar un proceso que supone una merma total a nuestro sistema público”.
“Ante sobrecargas puntuales del sistema”, argumenta la APDHA, “la atención será realizada por alguien distinto al médico o médica de familia habitual, completamente desconocedor del historial clínico, el entorno familiar y la situación socioeconómica de sus pacientes”.
La evidencia científica muestra que esto aumenta la mortalidad, las visitas a Urgencias y los ingresos hospitalarios de la población, justifica. Mientras tanto, “se dejan sin abordar las cuestiones que tan necesarias son para fortalecer lo público como derribar las barreras que dificultan el acceso, especialmente a las poblaciones más vulnerables marcadas por la brecha digital, y ofrecer contratos estables al personal sanitario para asegurar así la continuidad de la sanidad pública como eje esencial en una Andalucía de derechos y no de privilegios”, aclara la asociación.
Por último, la APDHA plantea la necesidad de incorporar una perspectiva integral de “salud en todas las políticas”, orientada a la reducción de las desigualdades socioeconómicas, como uno de los principales determinantes que afectan a la salud y bienestar de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Asimismo, manifiesta su “firme compromiso en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como pilar esencial de nuestro Estado social, cuyo fin es velar por las garantías y los derechos de todas las personas que residen en Andalucía, sin importar su renta o código postal, sin dejar a nadie atrás y desde una perspectiva integral que aborde las realidades de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, debido a factores estructurales de desigualdad. Nuestra salud no es su negocio, nuestros derechos no son mercancía”, concluye.
