Ayer, 1 de marzo, el gobierno peruano publicó el proyecto de “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” y dispuso su publicación en el portal del Ministerio del Interior. La medida, según diversas instituciones, adolece de vacíos legales y es peligroso porque regularía la cobertura periodística de las protestas.
El proyecto, que durante diez días puede ser consultado y sujeto recomendaciones, “presenta serios problemas de fondo y forma” señala la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), como “la impunidad en que permanecen las detenciones, agresiones, borrado de material y otros impedimentos a su labor, independientemente del agresor”.
Asimismo, la nula actuación en caso de agresiones de las fuerzas del orden (casi el 50 por ciento de agresiones a los colegas en el mes de enero fueron responsabilidad de un efectivo policial), la falta de asunción de responsabilidad y sanción a los agresores, así como la ausencia de mecanismos para afrontar casos de agresión por parte de la policía nacional; ninguno es atendido en la propuesta de protocolo.
Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señala su desacuerdo con “reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas”.
