Comunicadores populares hicieron presente el Derecho Humano a la Comunicación en el III Foro Mundial de Derechos Humanos con la realización de un panel denominado «Derecho a la Comunicación. Nuevas agendas y desafíos», organizado conjuntamente por ALER y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

La creciente digitalización de las actividades humanas y su impacto en el campo de la comunicación formó parte de las deliberaciones del panel introductorio.

Transcribimos a continuación las apreciaciones que hizo al respecto Javier Tolcachier, comunicador de Pressenza y co-facilitador del espacio latinoamericano y caribeño Internet Ciudadana.

Buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir esta mesa de reflexión y debate.

El contexto de una digitalización acelerada revoluciona el funcionamiento de la interrelación social, afectando todos los campos de actividad humana y por supuesto, al campo específico de la comunicación.

La internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice.

El modelo impuesto en las últimas décadas a los espacios virtuales y las tecnologías digitales responde principalmente a intereses corporativos, promoviendo la centralización, el monopolio, la mercantilización, la vigilancia, el tráfico de datos, el control, los sesgos informativos, entre otras características.

Los movimientos sociales y los defensores de los derechos humanos, preocupados por asuntos quizás más acuciantes como la violencia física y económica o la discriminación de mayorías y minorías, no reivindican todavía con igual intensidad la necesidad de una internet igualitaria, abierta, solidaria, no sujeta a las apetencias del mercado. Una tecnología que sea comprendida y defendida como derecho humano universal.

El mundo virtual, que hoy impacta en esferas cada vez más amplias de nuestras vidas, al igual que el mundo físico, requiere de derechos, prometidos a la humanidad en la teoría, pero en la práctica largamente negados a las mayorías.

Estos derechos, tendientes a la ampliación de la autodeterminación personal y colectiva, deben ser construidos desde la arquitectura misma de la red internet, hoy de carácter neocolonial, hacia modelos descentralizados y orientados al bien común.

Se trata de promover estructuras democráticas, abiertas y desconcentradas de las tecnologías digitales, impedir toda forma de vigilancia y control social y fomentar la distribución equitativa de sus beneficios, la no discriminación, la descolonización y la soberanía.

Obviamente, esto no puede estar desligado de proyectos políticos y sociales motivados por la justicia social y el desarrollo inclusivo e integral, proyectos que tengan como núcleo una poderosa participación e incidencia desde los mismos pueblos.

Para avanzar en la sensibilización sobre este tema y dar pasos concretos hacia la democratización digital, viene creciendo en América Latina y el Caribe desde hace algunos años un espacio integrado por diferentes actores sociales cuyo nombre es Internet Ciudadana. Este espacio intenta articular la acción de organizaciones de comunicadores, activistas digitales, campesinado, educadores, sindicatos, productores de tecnología y académicos, entre otros sectores y trabaja aliado a espacios afines de la sociedad civil a nivel internacional.

Desde este espacio hemos elaborado una “agenda de 20 puntos hacia una Internet justa y soberana”, que postula en sus primeros enunciados a la Internet como un bien universal común inajenable y el acceso a la red como derecho humano y servicio público esencial, lo que requiere regular la infraestructura, garantizando conectividad de calidad y asequible, a través de iniciativas públicas, comunitarias o de cogestión pública-comunitaria, incluyendo alternativas colectivas de acceso.

Junto a otras consideraciones de detalle, esta agenda insta a establecer estrictas regulaciones y políticas públicas a nivel nacional, regional e internacional para proteger de manera efectiva la privacidad, fomentando el uso de la criptografía y la inhibición de técnicas de rastreo en los entornos digitales.

Por otra parte, consideramos urgente la instauración de marcos legales que reconozcan que los datos de carácter íntimo y personalizado son inviolables, que los datos anonimizados deben ser considerados bienes comunes y que los derechos patrimoniales y económicos sobre los datos pertenecen por defecto a la comunidad de la que provienen. ¡Nuestros datos son nuestros! Y no de las empresas.

Para defender la democracia, afirmamos que es preciso limitar el poder empresarial, mediante políticas públicas y medidas regulatorias que impidan la concentración monopólica de poder en manos de corporaciones digitales, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo de múltiples aplicaciones y plataformas que privilegien las lógicas de la cultura libre.

En ese sentido, es coherente priorizar en la administración pública la utilización de herramientas digitales libres e interoperables, impulsando la creación y el fortalecimiento de cooperativas y pequeñas y medianas empresas de producción y servicios tecnológicos, aportando así a la generación de trabajo de calidad y la disminución de la dependencia tecnológica.

Es imperativo regular las nuevas relaciones laborales, en especial el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores, como así también insertar en los programas educativos la alfabetización digital crítica, no permitiendo la penetración de plataformas corporativas en el ámbito educacional, garantizando el respeto por la privacidad y la no mercantilización de los datos de la comunidad educativa.

También es muy importante asegurar que la tecnología llegue al campo según un modelo de gestión pública o comunitaria y construir capacidad de evaluación participativa de las tecnologías por parte de las comunidades rurales y/o campesinas, en defensa de la soberanía alimentaria, la justicia social y el cuidado agroecológico y medioambiental.

Del mismo modo, la agenda propone abordar la cuestión digital desde una óptica de integración regional, profundizando la cooperación y la asociatividad de las naciones de América Latina y el Caribe en estas materias, para sumar al reemplazo de la matriz económica de exportación primaria depredadora por modelos colaborativos con alto valor agregado y cuidado medioambiental.

Incorporar la soberanía digital en la agenda de la integración regional significa avanzar hacia la descolonización y el multilateralismo en términos tecnológicos y poder incidir de manera concertada como región en el ámbito de la gobernanza global de internet.

En ese ámbito internacional, es preciso impedir la cooptación de los espacios multilaterales y de gobernanza de Internet por parte de las corporaciones tecnológicas multinacionales que utilizan el sistema vigente de «múltiples partes interesadas» para decidir en la práctica de modo unilateral, favoreciendo sus propios intereses.

En lo relativo a la comunicación, entendida como un derecho humano prioritario e inalienable, es imprescindible denunciar los usos y abusos de las mal llamadas «redes sociales» corporativas que, a través de la manipulación de algoritmos opacos, se convierten en árbitros de facto de los contenidos que circulan en la red, afectando severamente su neutralidad.

Pero desinformar de manera interesada, sembrar sospechas, descontextualizar expresiones o acciones, no es nada nuevo, ni característica exclusiva de estas redes, sino práctica habitual del género periodístico de nuestros días en los medios manejados por el capital. Incluso, y sobre todo, en sus secciones más “serias”, la mentira y el amarillismo son moneda común.

¿Qué cambia entonces con las redes? Nada y todo. Nada, porque la clasificación, discriminación, deformación y censura de la información según sea su tinte político o intención social, continúa existiendo, trasladando sus formatos a la arena digital. Todo, porque la manipulación se introduce de manera permanente a través de dispositivos que nunca dejamos a más de un metro de distancia y que anuncian de manera sonora o vibrátil su intromisión. Y también, porque el tipo y cantidad de información almacenada sobre cada quien, permite enviar misiles teledirigidos de desinformación perfectamente segmentada, en tiempo real y de manera continuada.

Conscientes o no de esto y ante el avance inexorable de la modalidades digitales en el campo comunicacional, los actores sociales de la comunicación comunitaria intentan organizan buena parte de su esfuerzo de difusión a través de estas plataformas, logrando conectar al menos con franjas contiguas de sensibilidad.

Así, se multiplican las transmisiones, los encuentros virtuales, las convocatorias de eventos y movilizaciones, la difusión periodística, permitiendo incrementar cierto diálogo entre emisor y receptor, elemento que constituye un pilar de la comunicación popular en contrapunto a las ya desgastadas formas unidireccionales.

Sin embargo, para no caer en la ingenuidad, pensar en el uso de las plataformas corporativas para alcanzar la justicia social es como intentar ganar un partido en una cancha inclinada. Es casi inevitable hoy estar en ellas, pero a sabiendas que es un territorio dominado y controlado por grandes capitales concentrados en los principales fondos de inversión.

Un simple ejemplo de esto es que el enorme esfuerzo por acumular “seguidores” y ampliar teóricamente la llegada de un mensaje, puede ser desbaratado en un segundo por la suspensión o eliminación de una cuenta, sin que las compañías estén obligadas a justificar su accionar.

Por este hecho, es preciso diversificar las posibilidades, abriéndose a alternativas que ya existen y cuya lógica no permite su apropiación por parte de las compañías de negocios monopólicas.

Una forma de ayudar a democratizar el espectro digital es a través de la utilización de aplicaciones libres y plataformas digitales federadas y descentralizadas, respetuosas con los usuarios y su privacidad e interoperables, cuyo fin no es monetizar sino promover un efectivo contacto entre las personas y las culturas.

Pero además de aportar una visión crítica y una práctica alternativa en los sistemas de difusión, tenemos que insistir en ser capaces de producir contenidos con calidad desde los sectores populares y para los sectores populares. No es únicamente una cuestión de tecnologías y comunicaciones sino de valorar y proteger identidades, tiene que ver con la defensa de la diversidad de los bienes culturales, otro derecho humano fundamental.

Para lograr reparar las asimetrías existentes por la previa concentración en la propiedad de los medios, se hace necesaria la mediación del estado, sin la cual es imposible redistribuir los recursos públicos con el fin de apuntalar el desarrollo de un concierto mediático diverso.

Para asegurar el carácter participativo, autogestivo, colectivo, articulador y multidireccional propio de la comunicación popular y democrática es preciso fortalecer el concepto de asociación entre lo público y lo comunitario, una suerte de alianza público-comunitaria, permitiendo el empoderamiento de la comunicación popular en reemplazo de la indebida interferencia e injerencia del sector privado.

En definitiva, estamos ante una clara bifurcación de caminos. Un camino corto y veloz, el de una tecnologización digital acrítica, que conduce a una mayor dependencia de poderes concentrados, una disminución de las calidades democráticas y un aumento de la desigualdad y la exclusión social. El otro camino, con la mirada puesta en el interés común y la participación social, es quizás  más largo y lento, pero conduce a más autonomía, equidad, inclusión y complementación social. La defensa de los Derechos Humanos exige que tomemos esta segunda senda.