Garantizar los derechos de las mujeres y las niñas a la tierra está relacionado con el aumento del liderazgo y la autonomía de las mujeres, la mejora de las oportunidades económicas, una mejor seguridad social, la protección y una posición social digna. Todo ello contribuye a forjar hogares y comunidades prósperos y resilientes que disponen de mejores ingresos, una mejor nutrición infantil, mayores logros educativos para las niñas, una mayor capacidad de acción de las mujeres y un uso más sostenible de los recursos naturales.
No obstante, en muchos países asiáticos el acceso de las mujeres a la tierra, y su poder de decisión sobre ella, en el sentido de propiedad, uso y seguridad de tenencia, son limitados y a menudo se ven obstaculizados por comportamientos patriarcales y normas sociales vigentes. Esta situación se ve exacerbada por instrumentos políticos y marcos jurídicos restrictivos o por una aplicación deficiente de la ley a escala local y nacional.
Las identidades transversales de las mujeres –como la indígena, la joven, la rural y la urbana pobre, entre otras– determinan la importancia de su acceso a la tierra y a los recursos naturales. Así pues, las mujeres indígenas, por ejemplo, se basan en unos conocimientos tradicionales transmitidos durante generaciones para el desempeño de su vida cotidiana. Unos conocimientos que les permiten, al mismo tiempo, conservar tanto sus tierras y territorios como su cultura.
El contexto de los derechos de las mujeres a la tierra en Asia Meridional
Bangladés, Nepal y la India son tres regiones que ilustran las desigualdades climáticas y territoriales. Según un estudio de la International Land Coalition (ILC), Asia Meridional y América Latina presentan los niveles más altos de desigualdad en cuanto a tenencia de tierras agrícolas: el 10% de los terratenientes más ricos acapara hasta el 75% de las tierras agrícolas, mientras que el 50% más pobre posee menos del 2%.
En Bangladés, por ejemplo, las estrictas leyes de sucesión basadas en leyes personales de carácter religioso, impiden a las mujeres poseer tierras y bienes. Las mujeres que están solteras, divorciadas o que son cabezas de familia también se ven privadas de la posibilidad de heredar bienes y, además, en los hogares hay una gran tendencia a no incluir el nombre de la mujer en la escritura de la tierra.
El cambio climático también ha repercutido en la vida de las comunidades que viven en zonas costeras como el Sundarbans, un extenso bosque de manglares que abarca cerca de 10.000 km2 en partes de Bangladés y el estado indio de Bengala Occidental. Las condiciones meteorológicas extremas y el aumento del nivel del mar debilitan las tierras agrícolas del Sundarbans, como resultado de lo cual las agricultoras se vuelven más susceptibles a las malas cosechas y a las catástrofes naturales.
En la India, la propiedad de la tierra está muy sesgada a favor de los hombres, y las mujeres apenas representan el 14% de los propietarios de tierras del país.
La falta de derechos de propiedad y acceso a los recursos naturales contribuye a la vulnerabilidad de las mujeres al cambio climático, dificultando, por ejemplo, el acceso a las indemnizaciones y ayudas del Estado en caso de pérdida de cosechas.
Nepal ha adoptado una serie de reformas legales que permiten a las mujeres y las niñas disfrutar de las mismas oportunidades que los hombres para poseer o heredar tierras. La Constitución de 2015 introdujo concretamente la prohibición de la discriminación por motivos de género y la igualdad de derechos de sucesión y propiedad tanto para las mujeres como para los hombres. Pese a estas políticas progresistas, las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales se encuentran socialmente desfavorecidos. La marginación se manifiesta de múltiples formas, ya sea en la casta, la clase social o la cultura, haciendo que las mujeres se sientan menos protegidas que los hombres en lo que respecta a la seguridad de su tenencia.
Existe una gran discrepancia entre las políticas y las prácticas debido a que la ley no se aplica adecuadamente. Actualmente, el régimen de propiedad conjunta de la tierra se está integrando en las políticas y prácticas generales que obligan al Gobierno a expedir títulos de propiedad de la tierra a nombre del marido y de la mujer, y a proporcionar tierras a las comunidades que carecen de ellas, en particular a los dalits y a los habitantes de asentamientos informales.
El impacto del cambio climático está afectando mucho a las comunidades de los tres países, y las mujeres son las que más están sufriendo las consecuencias. Además de cuidar de sus familias, las mujeres suelen realizar el trabajo físico de ir a por agua y otros recursos que se encuentran en lugares alejados, aparte de trabajar en sus granjas durante largos períodos de tiempo y, en general, esforzarse más para mantener sus ingresos. Asimismo, la agricultura en los tres países es principalmente de secano, haciéndola susceptible a condiciones meteorológicas extremas y a precipitaciones impredecibles.
Por qué los gobiernos deben hablar de derechos sobre la tierra para las mujeres
Las mujeres deberían tener más conocimientos sobre los derechos a la tierra y las oportunidades que conlleva el disfrute de dichos derechos. Las mujeres procedentes de comunidades marginadas rara vez participan en la formulación de políticas a nivel local o nacional. Rara vez acceden a los servicios de las oficinas de catastro locales, lo que redunda en su bajo nivel de conocimientos en materia de tierras.
Las iniciativas llevadas a cabo por la sociedad civil o por organizaciones sin ánimo de lucro para concienciar a las mujeres sobre los derechos a la tierra siguen constituyendo un peldaño hacia la consecución de una promoción eficaz de las políticas. Fomentar la confianza y las competencias en materia de comunicación de las mujeres puede reforzar su capacidad de liderazgo y amplificar su voz, especialmente cuando tienen que hablar ante funcionarios de la administración local, tal que oficinas de administración de tierras, oficinas de bienestar agrario, etc.
El 67º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67), que se celebra en Nueva York del 6 al 17 de marzo, y el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, ofrecen a los gobiernos una oportunidad para avanzar en sus compromisos en pos del logro de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres y niñas procedentes de zonas rurales.
La laguna que existe en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en relación a la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, en particular el derecho a la tierra y al territorio, ha podido eliminarse gracias a la Recomendación General 39 recientemente aprobada.
Este nuevo instrumento ofrece a los gobiernos orientación a la hora de adoptar políticas y medidas legislativas acordes con sus compromisos para abordar cualquier forma de discriminación a la que se enfrenten las mujeres y las niñas indígenas. La CSW67 debe proporcionar un espacio seguro en el que los representantes de las comunidades puedan expresar sus aspiraciones y disfrutar de una participación significativa en los procesos decisorios.
Del mismo modo, a principios de abril de 2023, los miembros de la ILC en Nepal, Bangladés y la India organizarán conjuntamente una mesa de diálogo político regional centrada en los derechos de las mujeres a la tierra y su relevancia en el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades locales para adaptarse al cambio climático. El evento está organizado en colaboración con el Ministerio de Gestión de la Tierra, Cooperativas y Alivio de la Pobreza de Nepal, y cuenta con el apoyo del Stockholm Environment Institute (SEI).
Este acto pretende catalizar y estimular el diálogo entre la sociedad civil, los organismos estatales y las personas más afectadas por el cambio climático y por la escasa seguridad de la tenencia de la tierra, con el fin de establecer una participación significativa en la búsqueda de soluciones climáticas desde cero.
En medio de una crisis climática cada vez más profunda, ya es hora de que los actores regionales, y, sobre todo, los gobiernos, sean más conscientes de los beneficios que aporta el hecho de que las mujeres sean propietarias de tierras, y que reconozcan su condición de agricultoras y productoras, así como su contribución a sus familias y comunidades.
