En esta entrevista, la titular de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, analiza la actual situación del Perú y señala que los estados de emergencia ni las fuerzas del orden son la salida para el actual periodo de convulsión social. Insiste en la necesidad de agilizar las investigaciones por las muertes y de una salida política a la crisis. “Las 66 vidas es un costo muy alto y la vida es el derecho por definición mayor, no hay forma de justificar una muerte en este contexto, sobre todo cuando la decisión debió haber sido política”, sostiene.
La defensora del pueblo interina, Eliana Revollar, ha tenido que enfrentar la crisis social y política más grave que vive el país desde la recuperación de la democracia en Perú. En más de dos meses de protestas en todo el país se ha registrado la muerte de 66 personas (48 de ellas civiles, por causas directas de la represión policial y militar) y una gran cantidad de casos de vulneración a los derechos humanos.
La entidad que lidera Eliana Revollar ha tenido que redoblar esfuerzos para cumplir con su labor, sobre todo en regiones, debido a la falta de personal, como es el caso de Andahuaylas donde se cuenta solo con dos comisionados o Juliaca que solo tiene tres. También faltan recursos para ampliar la vigilancia de los episodios de violencia.
OjoPúblico conversó con ella sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de las protestas, la crisis política, las decisiones del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, el reciente fallo del Tribunal Constitucional, que le otorga mayor predominancia al Legislativo y la actuación del Ministerio del Público.
En las reuniones del Consejo de Estado de diciembre del 2022, la Defensoría del Pueblo ha pedido que se investiguen las muertes en protestas, pero desde el 16 de diciembre, el gobierno no ha convocado a más reuniones de este consejo, a pesar de que en el primero se declaró este espacio como en permanente sesión.
La presidenta Dina Boluarte convocó al Consejo de Estado apenas asumió el cargo en diciembre del año pasado. ¿Cuál es su balance sobre los acuerdos asumidos en esa reunión y las acciones que ha tomado el gobierno en los meses posteriores?
El 13 de diciembre fue el primer [Consejo de Estado], donde participaron todas las instituciones, incluido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que antes no participaba. Ahí hubo un acuerdo institucional de dar el respaldo al régimen democrático, a la conducción de la presidenta en todo el proceso de transición de sucesión presidencial que le había tocado asumir. Sacamos un pronunciamiento conjunto porque ya había algunas muertes que habían ocurrido.
Y posteriormente a las muertes de Ayacucho, el 15 de diciembre, hubo un segundo Consejo de Estado, el 16 de diciembre, básicamente ahí también se abordó el tema, en ese momento eran 8 los fallecidos, y se buscó el respaldo a las fuerzas del orden; sin embargo, una de las cosas que solicitó la Defensoría era que hayan investigaciones prolijas en el marco del régimen ordinario, en fiscalías ordinarias especializadas en derechos humanos. Luego ya no hubo convocatoria de Consejo de Estado, pese a que en el primero se había declarado que se instalaba en permanente sesión.
Entonces, la Defensoría mostró una posición disidente en el segundo Consejo de Estado.
Nosotros sacamos un comunicado denunciando ante el Ministerio Público, una denuncia por los asesinatos [para que se investigue de manera célere], en ese caso era por dos personas que habían fallecido ese 16 de diciembre, y por eso habíamos pedido investigación y que se llegue a la verdad de los hechos. Eso se hizo público en la mañana y en la tarde hubo el Consejo de Estado, donde volvimos a señalar lo mismo.
¿Cuál ha sido la labor de la Defensoría en medio de las protestas?
Ha sido una labor intensa desde el 7 de diciembre. Hubo movilizaciones pacíficas que fueron en incremento. Hacia el 10 de diciembre ya teníamos los eventos de Andahuaylas, y lo que ha hecho la Defensoría es cumplir con su mandato de verificar que se deje que las personas puedan protestar pacíficamente. Cuando hubo situaciones de violencia, se hicieron los llamados a la calma, a respetar la propiedad privada, el respeto por las personas que no decidieron movilizarse.
También hemos intervenido en las comisarías, hospitales, etc. Incluso, en Juliaca, nuestro jefe participó en todas las necropsias porque la gente pidió que la Defensoría esté ahí. Fue un momento muy duro porque las necropsias son diligencias muy dolorosas. La Defensoría logró que esté un abogado y un representante de las comunidades cuando no eran de Juliaca. Hay que tener en cuenta que al inicio se tejió las dudas que murieron por pedradas o balas Dum Dum, entonces ellos [la población] quería verificar que las diligencias reflejen lo que había sido. Se realizaron los protocolos de necropsia y la mayoría salieron que fueron por Proyectil de Arma de Fuego [PAF].
DESDE EL 16 DE DICIEMBRE, EL GOBIERNO NO HA CONVOCADO A MÁS REUNIONES DEL CONSEJO DE ESTADO.
¿El personal de la Defensoría solo está como veedor o también puede tomar registros fotográficos u otro material probatorio de vulneración a derechos humanos?
Nosotros realizamos coordinaciones previas a las protestas con la Policía, sobre todo cuando son movilizaciones convocadas, tipo CGTP, sindicatos. En este contexto, como han sido por autoconvocatoria, y las movilizaciones han sido permanentes, donde han habido zonas muy movilizadas, por ejemplo Andahuaylas, Cusco, Ayacucho, luego el 4 de enero en Puno, hemos tenido estrategias diferenciadas.
Somos una institución que tiene 40 oficinas en el interior, pero el personal es reducido, en Juliaca son 3 comisionados, en Puno son 8 comisionados, si alguien está enfermo o con licencia, esa situación varía. Hemos estado en las protestas, con chalecos, verificando que la gente pueda tener la posibilidad de desplazarse y cuando han habido actos de violencia las hemos reportado. En Lima tuvimos otro tipo de intervención: fue sin chaleco, debido a que el nivel de polarización generó que algunos manifestantes con diferentes posturas cuestionen la labor de nuestro personal.
La información que recoge la Defensoría es de su personal, es el juicio institucional que nos formamos de la protesta. Entonces tenemos la posibilidad de decir que [una movilización] fue por la convocatoria de tales organizaciones, tuvo un promedio de tantas personas, por ejemplo eso dimos a conocer en la llamada Toma de Lima, ahí el personal nos daba cuenta de una marcha enorme y pacífica, entre 6 mil a 7 mil personas. Luego hubo algunos conatos de violencia de grupos más pequeños, en esos casos la Defensoría ha pedido que se identifique a las personas, que se les investigue, porque si hemos visto daño a la propiedad y que han agredido a la PNP, sobre todo estos pequeños grupos.
Decía que tienen un déficit de personal, sobre todo en regiones fuera de Lima, ¿cómo han hecho para realizar su labor?
En realidad a nivel nacional somos menos de 800 personas en 40 oficinas, te hablo desde los vigilantes, parte administrativa y otros. En comisionados somos el 60% de ese total. Ellos se han desplazado para ver el tema de las protestas, pero además no han dejado de cumplir con el trabajo habitual que tienen. A la par hemos estado viendo temas de salud, también en educación o el tema del fenómeno climatológico, entonces, la Defensoría no deja de estar en esos espacios institucionalizados, comités o grupos de trabajo.
EN LA MARCHA DE LA TOMA DE LIMA, LA DEFENSORÍA ESTIMÓ ENTRE 6 MIL A 7 MIL PERSONAS.
¿Cuántos comisionados tiene la Defensoría en las ciudades donde hubo más fallecidos?
En Ayacucho tenemos un promedio de 12, en Juliaca son 3 personas, en Puno son 7 personas, en Andahuaylas son 2 personas, en Cusco 12 personas. Ellos han estado permanentemente en las protestas, aunque las investigaciones las dirige el adjunto de derechos humanos por un tema de especialidad y seguridad del personal. Hemos tenido que reforzar los equipos, por ejemplo, desde el domingo, se encuentran en Puno tres funcionarios de la capital.
¿Cómo evalúa el accionar militar y policial en la contención de las protestas?
Hay que señalar primero una preocupación de la Defensoría, nosotros sabíamos que ni la policía ni las fuerzas armadas iban a resolver esto; ni los estados de emergencia, esas son medidas más para el orden público, esto va más por una decisión política. Siempre lo hemos señalado en las reuniones del Consejo de Estado, para que tomen una decisión tomando en cuenta todas las condiciones.
Bueno, ya son 66 fallecidos, civiles en enfrentamiento son 48, un policía calcinado, 6 policías ahogados, 11 personas que fallecieron por toma de carreteras, esto hace pensar que 66 vidas es un costo muy alto y la vida es el derecho por definición mayor, no hay forma de justificar una muerte en este contexto, sobre todo cuando la decisión [en relación a la manera de afrontar las protestas] debió haber sido política.
De acuerdo al índice de The Economist sobre democracia, Perú es un régimen híbrido. ¿En qué situación cree usted que nos encontramos?
Nosotros todavía confiamos que estamos en una democracia porque seguimos exigiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público las investigaciones por la muertes con celeridad y rigor. Hasta ahora no hay ninguna persona identificada, alguien que esté en prisión. Algo que sí ha pasado con las personas movilizadas, personas que estaban repartiendo dinero para financiar esto, por ejemplo el caso de la señora Navarro.
Ahí sí se ve una reacción bastante severa frente al manifestante, pero todavía no vemos mayores resultados en las investigaciones por las muertes. Es cierto que tiene que ver con toda una legislación al cual está adscrito nuestro país. Lo que hemos demandado sobre el uso de la fuerza es que se tome en cuenta el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, hay un principio básico, que es el de humanidad, hay gente que ha muerto socorriendo a otras personas. Nosotros confiamos en que la justicia pueda encontrar responsables.
«NOSOTROS SABÍAMOS QUE NI LA POLICÍA NI LAS FUERZAS ARMADAS IBAN A RESOLVER ESTA CRISIS»
¿Cuál es su opinión sobre las decisión del Ministerio Público de reducir las fiscalías de derechos humanos?
Yo creo que la fiscalía, como muchas instituciones, tiene una falta de presupuesto. Y cuando veíamos los temas de corrupción que afectan al poder estando el señor Castillo, nosotros hacíamos eco del pedido de la fiscalía para que haya más presupuesto para las fiscalía anticorrupción y crimen organizado, porque era una necesidad investigar.
Las fiscalías de derechos humanos no estaban en la escena nacional, entonces, el tema surge luego de lo que ocurre en Andahuaylas, Ayacucho y Puno, donde vimos que no tenía una fiscalía, entonces nosotros enviamos una comunicación a la fiscal haciéndole ver la evaluación en estas tres zonas, por los fallecidos, y le decíamos que esa era una necesidad. Ella nos respondió que estaban creando esa fiscalía y en Juliaca se creó esa fiscalía de derechos humanos. No obstante, en este último informe nosotros le hacemos una recomendación a la fiscal para que cree y especialice a nivel nacional más fiscalías en derechos humanos.
«TODAVÍA NO VEMOS MAYORES RESULTADOS EN LAS INVESTIGACIONES POR LAS MUERTES EN LAS PROTESTAS».
¿Usted ha conversado con la presidenta sobre lo que viene sucediendo en el país?
Han habido reuniones de trabajo en los Consejos de Estado, ella conoce nuestra posición. En el marco de lo que nos toca, hemos participado en el Acuerdo Nacional, que fue el 9 de enero, precisamente el día que ocurrió la jornada dolorosa en Juliaca, y que terminó suspendida. Luego, en otros espacios como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que nosotros lo pedimos. Sí he tenido conversación con el premier, ministro de Defensa, ministro del Interior, ministerio de Justicia, entre otros, haciéndoles ver la preocupación de la Defensoría y de por qué, como garante de los derechos humanos, tiene que tener una voz muchas veces disiente de lo que ellos muchas veces hacen, que esa es la responsabilidad.
La Defensoría no puede ser un coro de todo lo que no se hace bien. Y lo que se hace bien también lo hemos dicho, por ejemplo este protocolo de detenciones con un enfoque de género, de niñez y adolescencia, de interculturalidad, de pertinencia cultural y de adultos mayores, es algo importante. Luego de lo que pasó en San Marcos, el Ministerio de la Mujer nos llamó para trabajar eso.
La realidad te demuestra esa necesidad y hoy por hoy hay otros temas que salen a la luz: la participación de menores de edad en la protestas que constitucionalmente lo pueden hacer, no hay una negativa, pero también hay una ponderación de interés superior y en escenarios de riesgos cómo es que se les tiene que proteger. Una de las cosas que señala nuestro informe es que de los fallecidos hay 7 que son menores de edad y de los heridos son 11.
Y la mayoría de los fallecidos y heridos son personas de regiones andinas, hijos de campesinos, ¿qué se podría interpretar a partir de eso?
Ahí viene el problema de esta sutura de dos mundos en la que está dividido el país y que se asienta mucho más en una crisis en la que la polarización es la que gana. Entonces, en un escenario de polarización, los mensajes discriminatorios y estigmatizantes terminan por profundizar esas brechas y esas heridas que deben cerrarse. No se habla de una identidad nacional.
Y aparece el reclamo de que los muertos en provincia no valen lo mismo, un discurso que parece tener asidero en la realidad.
Exactamente, todo eso no abona, o hechos como lanzar gases lacrimógenos directamente a una mujer con un hijo en la espalda, una mujer no armada, porque finalmente la respuesta del Estado, de la fuerza pública debe ser proporcional al nivel de ataque. Qué fuerza puede tener una mujer que lleva en sus espaldas a un hijo.
Hay que tener una comprensión de la cosmovisión de cómo la mujer indígena lleva, como un tema de apego, a sus hijos, y la lactancia en el campo es de dos años, entonces hay muchos elementos que se desconocen y más bien profundizan estas brechas. Ellos se han sentido en Lima como extraños, como que no es su país, y el maltrato ha sido fuerte. Lo más preocupante es que esto no solo venga de ciertos ciudadanos, sino de ciertos sectores institucionales, como congresistas y ministros.
«LOS MENSAJES DISCRIMINATORIOS Y ESTIGMATIZANTES TERMINAN POR PROFUNDIZAR ESAS BRECHAS Y ESAS HERIDAS QUE DEBEN CERRARSE».
¿Usted considera que existe una responsabilidad política por las muertes que puede alcanzar a la presidenta y el premier?
Eso tiene que ser evaluado en su justo medio porque para hablar de lesa humanidad y de cadena de mando hay que tener todas las estructuras bien definidas y en ello es importante lo que se va a hacer en los fueros. Hay que conocer quiénes han ejecutado la acción de disparar, cuál ha sido la cadena de órdenes que han seguido.
En un estado de emergencia hay responsabilidades, pero que alcance a una responsabilidad sistemática de temas de lesa humanidad, esa es una investigación muy prolija que debe hacerse ahora en el Ministerio Público, dónde también se verá la responsabilidad de los que han estado en el teatro de operaciones, en términos policiales, lo cual será recurrida no solo en el plano nacional sino internacional.
¿Qué importancia legal tiene que la presidenta sea la jefa suprema de las Fuerzas Armadas?
El solo hecho de tener el cargo no la hace responsable de la muerte directa, por eso cada caso se debe estudiar en su real dimensión y por eso las pruebas son importantes. Se debe conocer al efectivo militar que disparó, quién le dió la orden, cuál era la patrulla, quién era, todas las líneas y cómo es que él llega a ejercer determinado acto que termina acabando la vida a alguien; obviamente esto, si no se tiene claro, puede seguir escalando las responsabilidades.
El criterio legal de “comisión por omisión” establece que cuando un político conoce un delito, como una muerte en protestas, y no hace nada para evitar que se siga cometiendo, eso ya le genera una responsabilidad política.
Lo que pasa es que cuando uno tiene instancia de poder a ese nivel tiene la responsabilidad de garantizar derechos y tiene la responsabilidad de garantizar medidas internas para garantizar las no repeticiones, entonces si ya ocurre algo, tú tienes una responsabilidad de garantizar la no repetición, es decir qué medidas vas a tomar para que eso no vuelva a ocurrir. Ahí el tema está en manos del Congreso, de la evaluación de los estados de emergencia. ¿Aún son necesarios? En Puno todavía estamos con un comando unificado y con las fuerzas del orden y en ese fragor se ha dado la muerte de 6 efectivos militares del ejército, no ha sido en el enfrentamiento.
Nosotros hemos pedido información de los informes, porque para declarar un estado de emergencia, como darle la responsabilidad a las fuerzas armadas, tú tienes que justificar, y eso está en los informes, entonces, la Defensoría ha pedido esos informes para tener un juicio al comandante general de la PNP. Nos han señalado que son documentos secretos, pero vamos a reiterar el pedido porque la Defensoría no entra en el marco del pedido de información por acceso a la información pública, ni la clasificación de documentos secretos, a nosotros nos tienen que dar por mandado constitucional y por nuestra ley orgánica.
HEGEMONÍA. La titular de la Defensoría señaló que el fallo del TC le otorga mayor hegemonía al Poder Legislativo sobre los demás poderes del Estado.
Foto: OjoPúblico / Marco Garro
El fallo del Tribunal Constitucional le ha dado la venia al Congreso para poder continuar con el proceso de elección de defensor del pueblo. ¿Cuál es su lectura de esa sentencia?
Es una decisión que tiene que ser acatada, ya está decidido en un proceso que está en marcha, de hecho ya hay un cronograma y en la Defensoría vamos a esperar la elección del titular de la institución. Sí nos ha preocupado sobre ese fallo, el amparo que había presentado el señor Salas Arenas. Cómo es que el Tribunal, en una sentencia en la que no hay una suficiente motivación, ha decidido incursionar en las decisiones que han tomado jueces y pedido la nulidad de las resoluciones, además pide que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pueda evaluar su actuación, cuando esa actuación está en el marco de criterios y en el marco jurisprudencial del TC que les daba la pauta, porque no hay escenario que esté exento de control.
Ahora, hay dos temas que no definen la sentencia, pero son dos fundamentos que han puesto, pese a que nadie ha pedido que se pronuncien sobre el encargo de funciones en el que estoy, han señalado que la institución se encuentra acéfala y que solo cumple acciones administrativas, lo cual nunca ha ocurrido. Por ejemplo, el doctor Albán y el doctor Vega han estado en interinatos y han cumplido fielmente su función como lo vengo cumpliendo desde el 30 de abril del año pasado. Sin embargo, esta argumentación, que si bien no define la sentencia, podría ser entendida por funcionarios que no quieren a una institución que anda diciendo cómo debe actuar, cuál es la corrección, cuál es el marco de la convencionalidad y constitucionalidad para actuar, toma eso como elementos.
Yo no establezco conexión de lo que pasa con el Ministerio de Interior, pero ya nos están negando la información clasificada como secreta, indicando que el titular de la Defensoría es el que debe pedirlo. A nosotros nunca nos han negado la información. Yo quiero entender que fueron dos argumentos que están ahí alojados pero que no ha sido la intención del Tribunal porque sería terrible pretender socavar así el funcionamiento de la Defensoría.
EL TC HA HECHO UNA VARIACIÓN QUE MUEVE TODA LA BASE CONSTITUCIONAL Y LE DA UNA MAYOR HEGEMONÍA AL CONGRESO.
Hay algunos juristas que señalan que esta decisión del TC le estaría dando mayor poder al Legislativo y por lo tanto se estaría rompiendo el equilibrio de poder. ¿Está de acuerdo?
Hay un tema de la teoría que aplican, de las cuestiones políticas no judiciables, es decir que hay acciones que no pueden ser controladas por el Poder Judicial y ahí choca con la independencia del Poder Judicial. Nosotros señalamos que para hacer ese cambio debieron tener una mayor justificación de por qué se apartan de su línea de criterios y precedentes, línea jurisprudencial ya establecida, para hacer esta variación, una variación que mueve toda la base constitucional y le da una mayor hegemonía al Congreso.
¿Cómo evalúa el avance judicial de casos emblemáticos como Cuellos Blancos y Lava Jato?
Son investigaciones que creemos deberían darse con mayor agilidad, esperemos que lleguen a buen puerto y que las personas que estén involucradas, sean quien sea, puedan responder a la justicia.
La Defensoría está siendo hostilizada en redes y también en espacios públicos por extremistas como La Resistencia.
He recibido ataques que me han querido vincular como la quinta columna de Sendero Luminoso por pedir que en Ayacucho cesen los disparos y lo que viene ocurriendo. A esto se ha unido este grupo de La Resistencia, quienes han venido a hacer manifestaciones, además han sacado información, que ha terminado de incendiar las redes de determinado sector para hacer cuestionar mi persona, y también querer ampliar eso a la Defensoría.
Eso me permite ratificar que vamos a seguir haciendo el trabajo con autonomía e independencia, no tenemos ninguna vinculación con ningún grupo político, ni inclinamos la balanza en función de ideologías, credos, sino solo la estricta defensa de los derechos de las personas en el marco convencional, constitucional, legal y también con una valoración ética y moral de lo que corresponde hacer en un momento tan difícil como el que está viviendo el país. Por eso hemos pedido que no sigan muriendo más peruanos, entre ellos policías, militares y civiles, ese es el sentido de la dignidad humana.
¿Cuáles serían los pedidos puntuales que le haría a la presidenta y al Congreso?
Nosotros lo que hemos señalado es el adelanto de elecciones, un tema que todavía está en cuestión en el Congreso, quienes cerraron la legislatura con una reconsideración. Esperamos que esa sea la vía, aún entendiendo que es constitucional el periodo al 2026. Sabemos que ni el estado de emergencia ni las fuerzas del orden van a resolver esta crisis.
