El agua, elemento líquido indispensable para la vida, no ha cesado de contaminar ríos, mares y acuíferos desde el inicio de la revolución industrial, destruyendo las reservas para consumo y aniquilando los bosques, fieles guardianes protectores del agua, que retienen con sus raíces tan preciado líquido. Como consecuencia de ello y habiendo creído desde siempre que el agua era un bien inagotable, comienza a pasarnos facturas muy caras y de difícil solución si no se cambia de forma radical el actual consumo derrochador.
Todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, por muy sólido y seco que sea nuestro aspecto, estamos constituidos, en gran parte, por un componente común: el agua. De ahí su importancia para la vida y, como consecuencia, la urgente necesidad de protegerla y tomar las medidas necesarias para canalizar de una forma sostenible las reservas existentes. Nos va en ello nuestro actual nivel de vida y el futuro de nuestro país, el de todos los países de la Tierra.
Al igual que ocurre en otras partes del mundo, un recurso tan limitado como el agua, es motivo de conflictos que cada día se acentúan de forma vertiginosa. Agricultores, industriales, empresarios turísticos e incluso países enteros, se enfrentan por poseerla.
Millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable ni tampoco para el aseo personal, por lo que se producen según UNICEF millones de muertos sólo por no lavarse las manos. Respecto a esto, les propuse tanto a dicha organización como a Cruz Roja, que una forma barata y sencilla para evitar estas muertes podría ser que camiones cisternas llevaran agua de mar solo para limpieza corporal a los lugares que lo necesitaran. La contestación de UNICEF fue: “…las estrategias de UNICEF vinculadas a salud se guían por las directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta lo anterior, no nos es posible incorporar la propuesta que Vd. Nos formula en los programas de UNICEF en el terreno”. ¿Qué tendrá que ver la OMS para este tema en concreto?
El agua es un recurso natural que ocupa el 70% de la Tierra. Sin embargo, el 96,5% es agua salada y el 3,5% agua dulce. De este último porcentaje, el 70% son glaciares o están congelados en los polos, 30 % en humedales o acuíferos, 1% en cuencas hidrográficas y sólo el 0,025% es apto para ser consumida, de la cual el 70% se destina a cultivos, un 22% a actividades industriales y un 8% al consumo de los hogares. Viendo estos porcentajes, nos hacemos una idea clara de cómo el agua es un bien escaso y, sin embargo, en muchos municipios y países no se toman en serio la importancia que tiene su protección inmediata, de cara al futuro que nos espera ante el cambio climático y sequía de consecuencias imprevisibles.
Más datos: para que podamos consumirlos, un filete de carne de unos 300 gramos necesita más de 4.500 litros de agua; un kilo de azúcar unos 1.800 litros y uno de arroz 2.500 litros.
A pesar de que las Naciones Unidas reconoció el agua como un derecho humano básico en 2010, millones de personas no tienen acceso a ella y cada vez más las multinacionales se la están apropiando y convirtiéndola en negocio, embotellándola y vendiéndola de manera muchas veces abusiva, sobre todo en la época de más calor.
Existen fórmulas que en otro momento expondré de adquirir agua potable barata, mediante la desalinización, pero no con las desaladoras convencionales, sino con un invento de Alberto Vázquez Figueroa, con el que se obtendría agua potable a un precio casi irrisorio.
El 22 de marzo próximo es el Día Mundial del Agua y por este motivo, y entre ese día y el 24, la ONU celebra la Conferencia del Agua en Nueva York. Para esta ocasión, se ha consensuado a nivel internacional un documento en el que se identifican las exigencias fundamentales de los movimientos que reivindican la justicia hídrica, y que se concretan en los nueve temas del documento “Manifiesto por la justicia del agua”
Este Manifiesto puede ser firmado por movimiento sociales, colectivos, partidos políticos o personas individuales y ojalá sea difundido lo más posible con un objetivo claro: protegerla para nuestras vidas y la de las generaciones futuras.
El futuro es de todos y no sólo de unos cuantos dirigentes que podrían tomar un rumbo equivocado, como tantas veces. El Día del Agua debe ser un día de reivindicación masiva, de pedir a los gobiernos que sea protegida, que no se privatice, que llegue a todos los seres humanos, a todos los pueblos y que no sea causa de conflictos bélicos como se prevé pueda pasar. Si antes se ponen las medidas necesarias para evitarlo, podremos entre todos seguir avanzando hacía un planeta más sostenible.
Manifiesto por la Justicia del Agua
Las organizaciones, Pueblos Indígenas, movimientos sociales y defensoras y defensores del agua abajo firmantes, se dirigen a las Naciones Unidas, ante la Conferencia del Agua de la ONU 2023, para hacerle llegar la voz de los que no suelen ser escuchados, pidiendo que los siguientes temas fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional:
1. El agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. EL agua es un bien común y no una mercancía, que tiene que ser accesible para todos sin discriminación, bajo control público. Los usos personales y domésticos de agua, incluida la higiene, deben tener la máxima prioridad frente a los usos productivos, como los asociados a la agricultura e industria.
2. Las políticas del agua deben priorizar la gestión sostenible de los ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, garantizando su buen estado ecológico en el marco del derecho humano a un medioambiente saludable, y como clave para afrontar las crisis de contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático en curso. Los Estados deben garantizar que las empresas agrícolas y los usuarios industriales rindan cuentas y sean responsables del uso que hacen de todos los recursos naturales, incluida el agua, y de su impacto sobre ellos, basándose en la aplicación de la legislación y la regulación, y no en medidas voluntarias.
3. Los Pueblos Indígenas tienen derechos distintos e inherentes, así como sistemas de conocimientos propios para relacionarse con el agua de manera armónica, por lo que los Estados deben reconocerles su condición de sujetos colectivos de derechos y respetar sus derechos territoriales, a la libre determinación y el derecho a ser consultado para obtener el consentimiento previo, libre e informado frente a cualquier proyecto que los afecte, y asegurarse que la gestión de sus medios de vida, incluido el agua, se realice conforme sus propias normas, en cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
4. Los Estados deben dar el reconocimiento y el apoyo debido a las prácticas y a las organizaciones de gestión comunitaria del agua y del saneamiento promovidas, entre otras, por las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, desarrollando partenariados público-comunitario respetuosos con sus saberes y tradiciones.
5. En la mayoría de los países, las poblaciones rurales y las que viven en asentamientos urbanos informales son las más discriminadas en términos de acceso a los servicios de agua y saneamiento. Es obligación de los Estados garantizar la mayor prioridad en el acceso a estas poblaciones. La cooperación internacional debe priorizar a estos colectivos en sus acciones.
6. Debe reconocerse, apoyarse y garantizarse la participación activa, libre y significativa de quienes son titulares de derechos, de los “right holders”, en todos los temas de la política del agua, con énfasis en la participación igualitaria de las mujeres, superando la marginación que sufren, a pesar de ser ellas las que cargan con la mayor responsabilidad y el trabajo de abastecer de agua a sus familias. Dicha participación debe tener la capacidad de influir en la toma de decisiones, superando los falsos modelos participativos, que solo legitiman las decisiones adoptadas por las élites de las sociedades.
7. Los servicios de agua y saneamiento deben guiarse siempre por los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás, incluidos quienes, por vivir en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, tienen dificultades de pago. La privatización, mercantilización o financiarización de los servicios de agua y saneamiento son un riesgo para el disfrute de los derechos humanos, por lo que no deben considerarse como políticas a nivel global, nacional o local, así como en la cooperación internacional, potenciando, en su lugar, la titularidad y gestión pública a través de partenariados público-públicos y público-comunitarios.
8. Los Estados deben proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, así como unas condiciones laborales dignas, justas y equitativas. El acceso a los servicios en las esferas de la vida fuera del hogar debe recibir urgentemente un alto nivel de prioridad en las políticas públicas, que incluye el acceso en espacios públicos, lugares de trabajo, centros de detención, escuelas y establecimientos de salud, así como en los mercados donde los comerciantes venden alimentos y otros bienes en la economía informal.
9. Para resolver la crisis del agua es necesario superar la actual fragilidad del marco multilateral de las Naciones Unidas, avanzando hacia una gobernanza que pueda afrontar los desafíos presentados anteriormente, estableciendo un mecanismo intergubernamental de reuniones regulares en torno al agua y saneamiento, y mecanismos concretos de seguimiento de los compromisos adquiridos en los que los sujetos y titulares de los derechos humanos participen de forma plena, efectiva y significativa.
Como sujetos y titulares de derechos humanos y defensores y defensoras del agua, a menudo criminalizados y perseguidos por defender los derechos humanos, exigimos que la ONU priorice el diálogo y la colaboración con las comunidades más vulnerables en la implementación del ODS 6, incluidos los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas, los que viven en asentamientos informales, las poblaciones discriminadas por motivos de género, ascendencia y clase, y todos aquellos que aún no tienen garantizado el acceso al agua potable y al saneamiento.
