Toca reflexionar en retrospectiva sobre nuestras luchas feministas. La marcha de 2016 fue la expresión de un consenso que acogía una demanda social, la de la no violencia. Muchas colectivas se formaron para defender la causa de la no violencia, denunciando a agresores y haciendo seguimiento de casos. Como respuesta, el Estado bajo gobierno liberal, aumentó presupuestos, creó instancias y manifestó interés en mejorar los programas de prevención y atención al problema. La larga lucha de las feministas consiguió que la Política de igualdad de género se promulgara en 2019 además de la Ley de paridad y alternancia, permitiendo que las mujeres ocuparan cuotas de poder político.
2016 fue también, sin embargo, el año en que los primeros síntomas de crisis política aparecieron, alcanzando su clara expresión en las elecciones generales de 2021, cuando con porcentajes mínimos, dos posiciones políticas polarizadas alcanzaron la segunda vuelta por la Presidencia de la República. Ninguna de estas posiciones era favorable a las mujeres, por lo que de pronto, el tema de género tan posicionado hasta entonces, empieza a darse vuelta y se inicia una serie de retrocesos a manos de conservadores de izquierda y derecha.
La ley de paridad y alternancia promulgada en 2019, había dado la oportunidad a mujeres de acceder tanto al Congreso como al Ejecutivo. No obstante, paradójicamente, quienes se beneficiaron de esas cuotas de género, empezaron a trabajar para eliminar el enfoque de género en áreas cruciales o para reforzar la opresión sobre los cuerpos de las mujeres, pretendiendo echar candado a los vientres así hubieran sido embarazados a la fuerza. En el Ejecutivo, se naturalizó la violencia al nombrar agresores en cargos políticos. Y finalmente, la primera mujer ostentando el cargo de Presidenta, voló récords de muertes por represión policial y militar, mientras argumentaba que sufría acoso político por ser mujer. Qué más patriarcado se puede pedir.
Es bien sabido que el acceso por cuotas a la representación formal en el poder político puede ser un avance simbólico, pero no garantiza ninguna revolución. El hecho de acceder a un cargo político por ser mujer, afrodescendiente, quechuahablante, persona con discapacidad o lgtb, o hasta víctima de algún tipo de violencia, familiar o política, no socaba por sí solo la base del poder real. Hoy vemos en el Congreso a afrodescendientes devotos del KKK, a gays fascistas o a mujeres enemigas de la “liberación femenina”, todos identificados con sus verdugos. Y es que una golondrina no hace verano y las cuotas no hacen milagros si no se ocupa una representación proveniente de la fuerza de un movimiento social. De otra manera, las auténticas defensoras de las mujeres terminan librando una batalla en solitario.
Por otro lado, nos preguntamos: ¿En qué medida la tremenda movilización por la demanda de la no violencia pudo ocurrir en paralelo al curso de la crisis política? El historiador Antonio Zapata hace recordar que los avances para los derechos de las mujeres han llegado de la mano de dictadores asesinos y corruptos. El divorcio, fue aprobado por el Mariscal Benavides en 1936, el sufragio femenino fue dado por Odría en 1955, y la creación de un Ministerio, así como de comisiones en el Estado, fueron facilitadas por Alberto Fujimori en su segundo período.
Así, mientras parecía satisfacerse todas las demandas a las mujeres, se registraban grandes crímenes contra la democracia. Ese fenómeno dio pie al slogan feminista de los años 90: “Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres” y nos lleva a pensar en el tipo de demanda que tendría que impulsarse desde las mujeres y los feminismos. Si se trata solo de un mayor alcance de los servicios públicos, es probable un amplio consenso y el gobierno de turno podría ganarse muchas simpatías simplemente mejorándolos.
Pero si la demanda social comienza a tocar el nervio del poder mediante, por ejemplo, la coeducación de niños y niñas como reingeniería de los géneros, o la lucha contra la violencia simbólica sexista y racista difundida desde los medios masivos, o la batalla contra la corrupción e indolencia en las autoridades judiciales que traban los esfuerzos por lograr justicia de género, el asunto se vuelve más político y la oposición más dura de vencer. Y es aquí donde se necesita un movimiento de mujeres y feministas con una visión política de más largo alcance.
(*)Escritora y abogada feminista.
Foto: Noticias SER.