Tal como lo habían anunciado, este 9 de febrero, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, principal multisindical del sector privado y público del país, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación, Sutep, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, y las comunidades y agrupaciones sociales de Lima y gran parte del país, iniciaron el paro indefinido, entre otras razones, porque la dictadura cívico militar y empresarial de Boluarte persiste en criminalizar el derecho a la protesta y perseguir los liderazgos sociales disidentes al régimen, haciendo uso ilegal de los servicios de inteligencia del Estado.
El movimiento popular y democrático reivindicó la salida inmediata de Dina Boluarte, el establecimiento de un gobierno transitorio, comicios generales este 2023, el llamado a una asamblea constituyente, el fin de la represión criminal, y juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de alrededor de 80 personas asesinadas durante las manifestaciones antidictatoriales.
Desde temprano, los millares de manifestantes bloquearon las carreteras de Cajamarca, San Martín, Madre de Dios, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, entre otras localidades, frente a un despliegue de numerosos contingentes de agentes de la policía y de las Fuerzas Armadas. De hecho, desde hace días todo el país está declarado en estado de emergencia, lo que en rigor significa la imposición de drásticas limitaciones de los derechos civiles de la población mediante la coacción militar y judicial.
Igualmente, delegaciones de todas las regiones del país andino llegaron a Lima, en la idea de efectuar una demostración de fuerzas en el corazón de Perú y denunciar ante la prensa y los organismos internacionales de derechos humanos, la brutal represión institucional del régimen.
Por su parte, el Congreso, en tres plenos consecutivos, no logró consensuar el adelanto de los comicios generales para este 2023. La mayoría de los diputados pertenecen a la extrema derecha fujimorista y además, los congresistas de posiciones más progresistas tampoco han logrado conducirse de una manera flexible, inteligente y unitaria a la hora de proponer una salida a la crisis política, social, y económica del Perú. O sea, mientras las grandes mayorías del país se encuentran en una movilización permanente que lleva largas semanas y con objetivos claros, el Congreso parece desconectado de esa realidad abrumadora en medio de cabildeos infructuosos.
Los manifestantes corresponden a trabajadores empobrecidos e informales, juventud popular, estudiantes y pueblos indígenas. Los movilizados enfatizaron que la oligarquía limeña, a través de sus medios de comunicación de masas, los estigmatiza de forma racista y como si estuvieran ligados al narcotráfico, al crimen organizado o al «terrorismo»; cuando se trata de población despierta, desarmada y sencilla que lucha por sus derechos sociales y contra un régimen que les ha impuesto de manera inclemente un trato de enemigo interno.
Asimismo, y como un agravante de la crisis, el periodista e integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, Pablo Ruiz, señaló que existe una injerencia política y militar histórica de Estados Unidos en Perú: «Durante el 2021, en la Resolución Legislativa N° 31102, el Congreso autorizó el ingreso de tropas estadounidenses a territorio peruano, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. En el anexo de la resolución se indica que el objetivo es recibir “entrenamiento”, en Lima, Callao, Ayacucho, Iquitos, entre otros lugares, para el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú», y agregó que, «El mismo año, una delegación de oficiales peruanos realizó una visita a las instalaciones de la Brigada Táctica del Ejército de Estados Unidos en la Base Militar Conjunta de San Antonio en el Estado de Texas, y al Centro de Entrenamiento del Ejército de Estados Unidos en el Estado de California, según información de Infodefensa».
Ruiz aseguró que, «El 2022, el Congreso aprobó, en la Resolución Legislativa 2732, dos Ejercicios Combinados Conjuntos (JCET) de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, para agosto y octubre de 2022, con una duración de 45 días cada ejercicio», y agregó que, «En los últimos años, Perú también ha estado entre los primeros lugares de los países que siguen recibiendo entrenamiento en la continuadora de la Escuela de las Américas (SOA por sus siglas en inglés) rebautizada el 2001 como Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC por sus siglas en inglés). Entre 1946 y 2004, se entrenaron 4559 militares peruanos en la SOA/WHINSEC. En el año 2019, 84 militares peruanos; en el 2020, 136; y el 2021, 10 militares más recibieron entrenamiento en WHINSEC. Los datos del 2022 todavía no han sido revelados».
Tras el golpe contra Pedro Castillo, las autoridades de la administración Biden de Estados Unidos, apoyaron incondicionalmente al régimen Boluarte a través de la embajadora norteamericana en Perú y ex integrante de la CIA y del Departamento de Defensa, Lisa Kenna; el embajador de la Estados Unidos en la OEA, Francisco Mora, y el secretario de estado del país del norte, Antony Blinken. Lo anterior quiere decir que la lucha del pueblo peruano por la democracia y la justicia social, adquiere inmediatamente un carácter anticolonialista y antiimperialista.
Hace justo un mes, fueron masacradas 19 personas con municiones de guerra de los uniformados en Juliaca, Puno. Durante la jornada de este 9 de febrero, la protesta en el centro de Lima fue sitiada por unos 7 mil funcionarios de la policía militar, según la prensa local.
