• Un “sospechoso” incendio ha provocado que las personas abandonaran el asentamiento por razones de seguridad
  • “El Ayuntamiento logra su objetivo dispersar a las personas que habitaban El Walili por los asentamientos menos visibles de la zona y elude ofrecer un alojamiento digno”
  • La APDHA va a presentar un queja ante el Defensor del Pueblo Español y Defensor del Pueblo Andaluz

La Plataforma Derecho a Techo ha denunciado que la alcaldesa de Níjar (PSOE) ha incumplido uno a uno todos los compromisos adquiridos con las organizaciones de ofrecer un alojamiento digno a todas las personas que habitaban el asentamiento El Walili y de que el desalojo se iba a realizar con un enfoque humano y social.

“Ni dispositivo sanitario, ni Servicios Sociales, ni atención personalizada, el único objetivo que se ha conseguido es el de dispersar a las personas que habitaban el poblado hacia otros asentamientos menos visibles de la zona, para lograr que este asentamiento –en la carretera hacia el Parque Natural Cabo de Gata- no se perciba por los turistas. En ningún momento han pretendido proporcionar alojamiento digno a estas personas”, denuncia.

Además, “sospechosamente”, apunta la plataforma, a la hora del comienzo del desalojo se ha producido un incendio que ha provocado que las personas que quedaban en el asentamiento tuvieran que abandonarlo por razones de seguridad.

La incertidumbre y la falta de transparencia en todo el proceso, en el que la única comunicación que han recibido las personas que habitaban El Walili ha sido el auto judicial con la fecha del desalojo y los días que tenían para sacar sus pertenencias, ha provocado la dispersión de estas personas por otros asentamientos de la zona. De las más de 500 personas que poblaban El Walili, solo 50 ha llegado al alojamiento de emergencia habilitado por el Ayuntamiento.

Trato deshumanizado

Una vez desalojado el poblado, asegura la plataforma, se ha producido una situación lamentable, en lugar de trasladar en primer lugar a las 60 personas desalojadas, han comenzado el derribo, dejándolas al otro lado de la carretera, contemplando cómo las excavadoras y el fuego destrozaban las que hasta hoy eran sus casas. Una hora más tarde, a las 9.00, ha llegado el autobús, con una trabajadora social.

No ha habido información alguna sobre el lugar de alojamiento al que los iban a destinar, ni trabajo alguno de los servicios sociales o personal de mediación, ni estaban presentes las “dos ambulancias con personal médico y de enfermería a las que se había comprometido la alcaldesa”, de hecho ha sido la plataforma la que ha tenido que llamar a una ambulancia para atender a una persona enferma.

Las organizaciones critican que “el desalojo no ha tenido en ningún momento el enfoque humanitario al que se comprometió la alcaldesa, sino que se ha tratado como un problema de seguridad ciudadana, con un amplio despliegue de Guardia Civil y Policía Local, con un helicóptero incluido. Se ha obviado todo lo que iba a ser un enfoque social, de atención a la persona, del que se nos habló”.

También lamenta que no se haya tenido en cuenta su petición de que el desalojo se hiciera de manera progresiva, trabajando con la población, con información y acompañamiento. “Además, Lo que iban a ser alojamientos temporales como alternativa se han convertido en alojamientos de emergencia, como si lo que hubiera sucedido hubiera sido una catástrofe impredecible, cuando ha sido un acto programado, en el que las personas han quedado en el último lugar”.

“Nuestro objetivo es también acabar con el chabolismo y la infravivienda, pero no de esta manera, sin atender las necesidades más básicas de estas personas, sin informarlas y con un absoluto desprecio a sus derechos”, lamenta la plataforma. Por ello, reclaman una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería –que recibió una solicitud formal hacer tres semanas a la que aún no ha contestado, para que convoque una mesa para abordar el tema de la vivienda de los trabajadores agrícolas, con el resto de actores, y que dé soluciones permanentes, pues es una realidad que afecta a toda la provincia.

También la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que integra la plataforma, va a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, para ponerle en conocimiento de las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Níjar.

La Plataforma por el Derecho a Techo está compuesta por: la APDHA, la Asociación de Vecinos «La Traíña», la Asociación «La Resistencia», Adelante Andalucía, Anticapitalistas, CGT, Nación Andaluza, SOC-SAT y Unidas Podemos Níjar.