“Recortar en sanidad es un acto criminal” ha cantado un grupo de pensionistas durante el recorrido de la manifestación celebrada en Madrid en defensa de la sanidad pública. Son seis palabras que resumen el sentir de los cientos de miles de personas —un cuarto de millón, según la Delegación de Gobierno y más de un millón según las organizaciones convocantes quienes han comprobado la ocupación de 350.000 metros cuadrados— que han secundado la convocatoria desde las cuatro columnas —con salida a partir de las 12:00 desde Legazpi (sur), Hospital de la Princesa (Este), Plaza España (Oeste) y Nuevos Ministerios (Norte)— que han confluido en la plaza de Cibeles con la intención de superar el desborde que ya se produjo el 13 de noviembre en la primera gran manifestación contra la política sanitaria de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Somos pacientes, no somos clientes” es otra de las frases clave, con mensaje cristalino, que se han coreado en la marcha, convocada por más de 70 colectivos bajo el lema “Madrid se levanta y exige sanidad pública y soluciones al Plan de Atención Primaria”.
Tres meses después, Ayuso ha recibido un segundo aviso importante por parte de la ciudadanía madrileña, que ha querido apoyar a los profesionales sanitarios de Atención Primaria que llevan nueve semanas en una huelga indefinida para desaturar unas agendas que alcanzan los 70 pacientes al día. Un paro histórico, acompañado por un encierro médico en las dependencias de la Consejería, y teñido por un constante alejamiento entre las propuestas del comité de huelga y los postulados del gobierno de Ayuso, para quien incrementar la financiación de una manera acorde a las exigencias de los profesionales no está entre sus planes.
Antonia, vecina de Coslada, asegura que ha participado en la manifestación “por la sanidad y por todo, porque se vaya Ayuso de Madrid”. Ella destaca como motivos para protestar “las listas de espera, y que no atienden como deben atender”, pero también señala a un lobo al que cada vez se le ven más las orejas: “La privatización está ahí, es lo que pretenden”.
Otra manifestante, Vanesa, cuenta que tenía programada una operación de cadera desde antes de la pandemia y que esta finalmente se llevó a cabo en octubre de 2022. “Lo esencial es que todo el mundo tengamos derecho a una sanidad pública universal y de calidad, que para eso lo pagamos”, asegura.
Paco, auxiliar de enfermería, estuvo al pie del cañón durante la pandemia y también lo ha hecho hoy. Su diagnóstico, compartido por las miles de personas que se han manifestado, es que “faltan médicos, enfermeras, no hay suficiente atención primaria”.
Sonia Carmona es médica de familia en un centro de salud de Parla y reconoce que en su consulta no trabaja sino que despacha. “Nos encontramos muy mal por esta forma de trabajar, qué menos que reivindicar que tengamos los minutos necesarios para poder atender a los pacientes dignamente, como se merecen”. Ella explica que la Comunidad de Madrid se niega a invertir lo necesario para mejorar las condiciones en que trabajan los profesionales de la atención primaria.
En algunos puntos de la ciudad como la plaza de Legazpi, desde donde partía la columna sur, o la de Neptuno, se han producido escenas de tensión porque la policía no había cortado el tráfico a las 12:15 y han tenido que ser los propios manifestantes quienes lo han hecho.
Ya en la plaza de Cibeles, punto final de la manifestación, se ha leído un comunicado en el que se ha pedido la inversión de un 25% en la Atención Primara. Mar Noguerol, médica de familia, encargada de la lectura del manifiesto, se ha preguntado “por qué no quieren una atención primaria fuerte, cuál es su modelo”. En el texto, las organizaciones convocantes han denunciado que la política sanitaria de la Comunidad de Madrid está “dirigida a garantizar los beneficios de empresas y lobbies sanitarios, en lugar de estar enfocada al cuidado de todas las personas y a garantizar nuestro derecho a la salud” y han señalado que en los tres meses transcurridos entre las dos manifestaciones “el deterioro ha crecido exponencialmente”. Noguerol ha citado al Quijote para asegurar que “por la atención primaria y la sanidad pública se puede y se debe aventurar la vida”, antes de despedirse agradeciendo la asistencia a Madrid.
En la previa de la manifestación resultaron llamativas las maniobras de las autoridades madrileñas para minimizar su impacto. El Ayuntamiento, bajo el argumento de que es domingo, impidió que los fotoperiodistas se acreditaran y pudieran acceder con sus equipos a la terraza del Palacio de Cibeles, desde donde se pueden tomar panorámicas del centro de la ciudad. Y cuatro agentes de la policía municipal multaron el sábado en Carabanchel a varias personas que repartían folletos con información sobre la convocatoria de manifestación, obviando el artículo 1.3 de la Ordenanza Reguladora de Publicidad de Exterior de Madrid, que indica que están exentas de esta normativa las actividades de publicidad exterior realizadas por “entidades sin ánimo de lucro, partidos políticos y otras entidades vecinales y asociativas para informar, difundir y promocionar sus actos propios de carácter social, político, cultural, de participación ciudadana, de fomento de valores cívicos y conductas humanitarias, de concienciación y sensibilización social y similares”.
Tras casi 30 años de gobierno del Partido Popular, las cifras de la sanidad madrileña no son muy esperanzadoras. Por un lado, Madrid es la Comunidad que menos invierte en sanidad per cápita. Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que analiza los presupuestos sanitarios para 2023, Madrid es colista con 1.446,13 euros por habitante, pese a ser la comunidad con mayor PIB, lejos de los 2.133,13 euros de Asturias o de los 2.130 euros de Euskadi.
Por otro, continúa siendo la Comunidad que menos dinero destina a Atención Primaria. Así, en los presupuestos para 2023, prorrogados ante la ausencia de acuerdo político, esta región continúa destinando un 10,7% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial, lejos de La Rioja, que destina un 18,33% o Cantabria, con un 17,94%, y lejos también de la media estatal que es de un 15%. Y a años luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja destinar un 25% a este nivel asistencial.