No para la violencia en contra quienes defienden la tierra, los territorios y los bienes comunes. Después de los últimos asesinatos de campesinos y defensores ambientales en el Bajo Aguán, este sábado fue asesinado un joven militante de los territorios ancestrales garífunas, en el Caribe hondureño.
Ricardo Arnaúl Montero integraba el equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama, en las inmediaciones del territorio recuperado “Secundino Torres”, y era miembro activo del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
De ese mismo comité hacían parte los cuatro jóvenes activistas garífunas, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, víctimas de desaparición forzada el pasado 18 de julio 2020. Hasta la fecha las investigaciones oficiales no han arrojado ningún resultado y el Estado nunca ha permitido a la instancia independiente SUNLA[1] acompañar la búsqueda de los cuatro defensores.
De acuerdo con un comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Ricardo Arnaúl Montero fue ultimado por desconocidos y su asesinato sería parte de una estrategia para sembrar terror y apropiarse de los territorios ancestrales.
“En reiteradas ocasiones, la comunidad de Triunfo de la Cruz y la Ofraneh denunciaron las amenazas de muerte en contra de los miembros del Comité de Defensa de la Tierra (…), sin producirse reacción de parte de la Policía, ni de las demás autoridades”, señala.
Tampoco se le dio seguimiento al señalamiento de la organización garífuna sobre las cinco zonas de mayor riesgo para defensores del territorio de Triunfo de la Cruz. El sector del Rio Gama estaba en dicha lista.
“No aceptamos que se convierta en una moda o normalizar el estar lamentando y condenando sistemáticamente la muerte y desaparición de nuestra gente”, lamenta la Ofraneh.
Sentencia CIDH
El derecho del pueblo garífuna sobre estas tierras ha sido objeto de un largo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2015 falló a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
En el fallo, los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de poder para desarrollar proyectos turísticos, expandir el cultivo de palma africana y para la construcción de viviendas privadas o con fines turísticos.
En el comunicado, la Ofraneh señala “el permanente hostigamiento y las amenazas” en Playa Escondida, donde opera “un complejo turístico usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral de la comunidad”.
Playa Escondida Beach Club se ubica sobre uno de los lotes objeto de la sentencia de la Corte IDH.
El Estado hondureño debe asumir “su deber jurídico y la debida diligencia para iniciar una investigación exhaustiva de este vil y cobarde asesinato y de los demás ocurridos en nuestras comunidades, que han traído dolor y luto”, añade Ofraneh.
Hasta el momento, el Estado se ha negado a cumplir el fallo de los jueces internacionales.
[1] Comité garífuna de investigación y búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz.
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