Los grupos económicos, los empresarios chilenos y la política extractivista se han visto favorecidos está última semana. Nuevamente nos sorprende la interpretación y aplicación de una norma
jurídica en favor de una de las empresas más cuestionada de los últimos tiempos.

El 17 de febrero, en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, se acogió el reclamo de la empresa SQM (sí, esa misma) que inhabilita al INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) para
estar presente en la inspección que se realizará en el Salar de Atacama. La magistrada resolvió que este organismo no puede asistir a tal evento “en tanto no ser parte en el juicio y no haber
acreditado mandato alguno para intervenir en él”. Solo SQM se opuso a la presencia del INDH en esta inspección. Un recurso de reposición presentado por la sede de Antofagasta del organismo
afectado, tampoco llegó a buen término al ser rechazado, sin considerar que el INDH usa como metodología de trabajo la observación en terreno; permitiéndoles diagnosticar potenciales
vulneraciones de derechos humanos en territorios específicos, y que tal es prerrogativa en la ley que le da creación a este organismo “El INDH comparece por sí mismo, no como ‘parte’ de estos
procedimientos, en cumplimiento de su mandato legal” señalando además que nunca se ha solicitado, por parte de los Tribunales nacionales, como requisito para observar ni comparecer tener
un mandato legal de una comunidad indígena, en este caso atacameña, por cuánto el objetivo de esta observación es conocer en terreno la situación de las comunidades indígenas, y no llevar a cabo acciones judiciales, ejerciendo sus funciones en razón de la ley y sin interrumpir ninguna diligencia.

Pareciera ser que está empresa, controlada por el controvertido empresario Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Pinochet; uno de los principales artífices de la instalación del nefasto negocio
forestal en el centro sur de Chile; parte del empresariado que directamente está relacionado con el negocio de privatización de las pensiones en Chile, y vinculado al escándalo del financiamiento
ilegal de la política; tuviera consideraciones especiales ante la justicia gozando de una grosera impunidad.

Sus continúas implicancias en actos reñidos con la ley la han colocado en juicios de gran connotación publica y de largo aliento.

Ya en el año 2013 la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de protección presentado por comunidades indígenas en contra de la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto: “Ampliación planta de secado y compactado de cloruro de potasio”, presentado por la empresa SQM S.A. Este fallo deja constancia que al haberse aprobado el proyecto sin un estudio de impacto ambiental se deja fuera la posibilidad de que los Pueblos Originarios afectados puedan ser oídos, vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley. Dado que las operaciones mineras están emplazadas en el área de desarrollo indígena Atacama La Grande, territorio atacameño-lickanantay, las comunidades atacameñas presentaron, el 22 de septiembre 2022, un reclamo ante el Primer Tribunal Ambiental dado que la Superintendencia Medio Ambiental (SMA) aprobó el programa de cumplimiento ambiental de la empresa y suspendió el proceso sancionatorio en su contra.

En el año 2015 estalló el denominado Caso SQM cómo derivado de la causa Penta, llevada por Jorge Abbott y que abrió un debate por la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII). El
caso SQM es una causa emblemática de corrupción por financiamiento ilegal de la política, que cumple más de 8 años siendo investigado y que podría extenderse como mínimo un año y medio más.

La acusación establecida es que Soquimich pago, a través de boletas ideológicamente falsas, a diversos políticos de la época, por incluir en el proyecto de Ley de Royalty Minero algunos párrafos
escritos por la compañía. Ciper en su columna del 2 de abril del 2015 detalla “74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN”. Aún con esos datos, una de las decisiones de la Fiscalía fue no perseverar contra 34 imputados, existiendo evidencia de que 31 participaron en operaciones para financiar actividades políticas con dineros de la empresa; ¿por
qué SII no presentó querellas contra ellos? (sin juicio Rodrigo Peñailillo (PPD), dos hijos del senador Jorge Pizarro (DC), el diputado Roberto León (DC), la hermana del ex senador Fulvio Rossi (ex PS) y un hijo del dirigente penquista Claudio Eguíluz (RN)). Actualmente el Ministerio Público persiste solo contra ocho acusados, ejemplo, ex ministro de Economía Pablo Longueira (UDI) y el ex
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) y cuyos procesos están teniendo más capítulos que telenovela.

Por otro lado, el año 2016, organizaciones medio ambientales locales acusan lobby para inhibir las fiscalizaciones de extracción de agua del Salar de Atacama por parte de SQM y la empresa Rockwood. La denuncia realizada por Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama acusa “compra de voluntades políticas” de todos los sectores y de funcionarios que omiten los
abusos dejando en total impunidad acciones y obras que amenazan el ecosistema de la zona, desconociendo el deterioro provocado por las empresas mineras que trabajan en la zona. Esta inhibición se daría a través del pago a personal fiscalizador del proyecto que contempla extraer millones de litros de agua de las napas subterráneas del depósito salino más grande de Chile (SQM está bombeando hasta mil 500 litros de agua por segundo, y Rockwood está bombeando hasta 142 litros por segundo, según Carlos Iriarte). Paradójicamente, luego que la Comisión Investigadora sobre el daño ambiental en glaciares y salares hiciera una visita al Salar de Atacama, ambas empresas anuncian un acuerdo para impulsar en conjunto un “esfuerzo” para cuidar el ecosistema donde ambas compañías tienen operaciones.

En el año 2018 nos encontramos con dos causas controversiales que la involucran: la compra del 24% de SQM por la empresa china Tianqui y cuyo acuerdo es investigado por la Fiscalía Nacional
Económica para evaluar los posibles efectos negativos que podría generar la transacción en la competencia del mercado global del litio y “oro blanco”, pues pone en jaque la libre competencia y configura un eventual monopolio sobre el mineral, y el contrato establecido entre la agencia estatal Corporación de Fomento (CORFO) y SQM, donde esta última contrata como asesor del directorio a Julio Ponce Lerou, lo que fue calificado como una decisión “compleja” e “imprudente” provocando críticas de empresarios y políticos. Aunque CORFO, que supervisa las concesiones de litio en el país, señala que el regreso de Julio Ponce no infringe el contrato suscrito para ampliar una concesión y que, aunque esté ya no será asesor, la Cámara de Diputados constituye una comisión que
esclarecerá en cómo se llevó el acuerdo entre SQM y CORFO e investigará el rol de Ponce Lerou en la empresa, además del impacto medio ambiental y las repercusiones en el mercado del mineral no
metálico.

Y por último la polémica suscitada en octubre de 2020, cuando la Corte Suprema cierra el «Caso Cascadas», denominación otorgada a las operaciones fraudulentas al interior de SQM. Esta
investigación había establecido, en el 2014, la multa más alta de la historia a Julio Ponce Lerou con 63 millones de dólares y que fue rebajada a sólo 3 millones. Estás operaciones consistían en qué las “sociedades cascadas” vendían acciones de Oro Blanco, Calichera-A y SQM-B a menor precio del mercado a otras sociedades relacionadas, sociedades de Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán,
Leónidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc Matthei, para posteriormente comprarlas a precios mayores a las que las habían vendido. La investigación realizada por la Comisión para el Mercado
Financiero señalo la existencia de un pago de sobrecosto de 300 millones de dólares. Cabe mencionar que en esta operación también aumenta la recaudación por parte del Estado, dado que, en el segundo gobierno de Bachelet, se permitió a SQM aumentar su cuota de extracción al 2030 a cambio de elevar la renta cobrada por el Estado cuando el precio superara los 10 mil dólares por
tonelada.

Y mientras el sistema judicial aplica sus normas y cumple sus plazos formales y, porque no decirlo burocráticos, la minera no metálica SQM informó, a través de un reporte enviado a la Comisión
para el Mercado Financiero que sus ganancias aumentaron en un 197% alcanzando la cifra de 1655,4 millones de dólares en el primer semestre del 2022. Asimismo, el segundo semestre de este
2022 alcanzaron 859,3 millones de dólares que implica un aumento de 856,9% con respecto al mismo periodo de 2021, ingresos provenientes principalmente de las ventas del litio y derivados,
seguido de la producción de cloruro y sulfato de potasio. Tales ganancias se reparten entre los accionistas líderes Ponce Lerou, a través de la compañía Pampa Calichera, y la compañía china Tianqi.

Considerando que Chile, se dice, es uno de los países latinoamericanos menos corruptos (afirmación que nos aletarga y nos conforma), se observa un camino pavimentado hacia la corrupción y preguntamos ante tanta investigación y evidencias, ante tantas transacciones económicas dudosas, tanto proceso judicial sin término; si la justicia chilena bordea también los ámbitos de ella o si prevalece el apego a la norma jurídica y a interpretaciones subjetivas por sobre la defensa de los derechos humanos y la protección del bien común. El manto de la impunidad hace que las frases “los pobres van a la cárcel”, “justicia para ricos o para pobres” o “con plata baila el mono” cobren más sentido en la ciudadanía, la que anhela una sociedad en que se cumpla la ley y donde la igualdad ante la justicia no dependa de lo económico.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Cesar Anguita Sanhueza y Guillermo Garcés Parada. Comisión de Opinión Política