Por: Corresponsales para la Defensa del Territorio (CDT)

Colectivo Viento Sur, Environmental Paper Network y BioFuelWatch

Seis días de incendios forestales masivos en la zona centro-sur de Chile han provocado la pérdida de más de mil viviendas y 280 mil hectáreas hasta hoy. Los 200 focos activos registrados ya produjeron la muerte de 26 personas en las regiones del Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. El territorio afectado está dominado por plantaciones forestales de monocultivo exótico, controladas por el negocio de la industria forestal y celulosa.

‘Los incendios forestales son desastres socio-ambientales cuyo impacto psicológico y comunitario trascienden las pérdidas materiales y económicas, afectando en múltiples niveles a familias y localidades completas, incrementando su vulnerabilidad’’, declaró la Red Chilena por la Superación del Modelo Forestal el 2 de enero de este año, solo un mes antes de registrarse la presente situación. 

La conversión de tierras a plantaciones de rápido crecimiento aumenta el riesgo de incendios, advirtió el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 en su “informe de las naciones”. Este y otros reportes remarcan desde hace años que las plantaciones forestales extensivas favorecen la propagación del fuego, al contener un tipo de combustible denso e inflamable (pinos y eucaliptos) que se distribuye continuamente por el paisaje, y que normalmente no son gestionadas correctamente. Investigadores han señalado además que los megaincendios se incrementarían debido al cambio climático.

La situación se ha agravado debido a que los bomberos no tienen acceso al agua para extinguir los incendios, pues el recurso hídrico ha sido privatizado durante el periodo de la dictadura y hoy está monopolizado por las empresas forestales que rodean a las poblaciones afectadas. “No hay agua para combatir los incendios”, declaró Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana (región de Biobío) a la Radio ADN. “Forestal Arauco es dueño de todas las aguas en Santa Juana y ese grupo económico tiene que hacerse presente. Los queremos acá, con nosotros y nosotras, combatiendo el incendio”, denunció.

Una articulación formada por el Colectivo VientoSur de Chile y las organizaciones internacionales Environmental Paper Network y Biofuelwatch, ha denunciado extensamente los daños y amenazas provocados por la cadena productiva del modelo forestal, que incluye plantaciones forestales, la industria de la celulosa y la energía a partir de biomasa forestal. Este modelo se beneficia con la venta de bonos de carbono, mecanismo que en teoría ayudaría a enfrentar el cambio climático, y que sin embargo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades frente al mismo.

Para superar el modelo forestal y en particular su riesgo de incendios, las organizaciones hacen una serie de exigencias al Estado, en el sentido de frenar la expansión de los monocultivos de árboles exóticos. Esto mediante regulaciones efectivas a esa actividad incluyendo: la obligación de todos los proyectos de ingresar al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la prohibición de replantar con monocultivo los suelos siniestrados; la restauración de suelos sobre la base de la planificación territorial con la participación de las comunidades; la reasignación del agua para su uso y gestión públicas, especialmente para el combate de los incendios.

La articulación social llama al gobierno chileno a terminar con la lógica de subordinación frente a los intereses de las empresas forestales, exigiéndoles asumir su responsabilidad por los daños causados, pagando los costos de la recuperación de las comunidades y la restauración de los territorios, y evitando la perpetuación del sistema de dependencia y depredación que ha sido instaurado desde hace décadas.

En el plano internacional, varias organizaciones sociales llaman a los compradores y financistas de las empresas forestales a dejar de apoyar a un negocio que ha sido el responsable de esta catástrofe, que escapa de la categoría de accidente dada su frecuencia y sistematicidad. Asimismo, demandan que el gobierno y las instituciones internacionales –como el Banco Mundial– dejen de subsidiar el establecimiento de monocultivos como una forma de “secuestro de carbono” y a contar con una revisión pública, cabal y transparente de los impactos de los incendios.