Parte de la dinámica de la política municipal chilena consiste en que cada vez que un edil pierde su reelección posterior, nos enteramos de pronunciados déficits en las arcas municipales. Así tenemos casos emblemáticos de Virginia Reginato en Viña del Mar (17.500 millones), Cathy Barriga en Maipú (34.000 millones), Felipe Guevara en Lo Barnechea (1.000 millones), Karen Rojo en Antofagasta, hasta ahora la única condenada y fugada, actualmente detenida en Países Bajos a la espera de la extradición. Una vez más un alcalde de RN, Rodolfo Carter es investigado actualmente por la Contraloría por millonarias licitaciones con resort y centros vacacionales.

Todos ellos se suman al último caso conocido de Raúl Torrealba en Vitacura, quien incluso recibía sobres con dinero en efectivo en propia mano de parte de funcionarios de la municipalidad. El 50% de los municipios están en procesos de investigación de situaciones de posible corrupción.

Unánimemente, el pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se suma como querellante a la investigación de la Fiscalía Centro Norte en contra del ex alcalde de Vitacura, y parte de su ex círculo de confianza: Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y dos contadores que habrían emitido boletas falsas, por malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Según ha declarado públicamente el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, “Torrealba creó estás instituciones que legalmente estaban constituidas como una junta de vecinos (organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales), que legalmente no le rinden cuentas a nadie, compran lo que quieren y le permiten operar de forma secreta. Por eso recién lo estamos sabiendo, escapaban de los mecanismos de control del aparato público.” Una de las cosas de estas figuras legales es que todos los años las municipalidades les traspasan fondos ¿Cuánto? «1500 y 2000 millones de pesos, con Torrealba fueron alrededor de 15 mil millones». “Solicitamos esa información, ellos dijeron que como fueron creados antes, quedan fuera de la ley de transparencia. Llevamos más de un año en esto y justamente han invertido en abogados y recursos porque algo está tapando, son 5 mil millones todos los años y no sabemos en que lo están gastando. Queremos saber quienes trabajan y a quienes han contratado como empresa». (…) «Hablamos de comunas de alto poder adquisitivo. En el tema de crear estas organizaciones “tipo juntas de vecinos” esto sólo se da en Las Condes, Vitacura y Barnechea».

Mucho se ha hablado sobre los “buenos administradores” que se considera a los políticos de derecha, asociados al mundo de los negocios y las empresas. Pero estas noticias que mencionamos ya no son novedad, será cosa de esperar una nueva elección municipal para conocer nuevos fraudes y maquinarias para embaucar al fisco y robar plata de todos los chilenos. Así también, tenemos el sistema que tenían funcionarios de la comuna de Las Condes, quienes a través de la utilización de boletas “improcedentes” gastaron más de 60 millones de pesos en supuestas horas extra.

Los municipios son verdaderas “cajas pagadoras” del Estado. Grandes recursos que deberían ser destinados a derechos sociales como son salud, educación, seguridad, vivienda o trabajo son, de forma delictiva, destinados al bolsillo de sus administradores. Y eso que solo contamos los dineros sacados de manera irregular, porque si contáramos los casos “regulares” de plazas y veredas que se construyen y reconstruyen cada 3 años sin ninguna necesidad, pero con sospechosos vínculos de sus dueños. Como diría el comediante Bombo Fica, “sospechosa la w…”.

La verdad, no hay columna que aguante todos los ejemplos que tenemos. Por lo mismo nos preguntamos, ¿Cómo se puede garantizar una gestión con principios de probidad?

Y aunque compleja, la única respuesta es el empoderamiento de la ciudadanía, es la toma de control soberano del poder local por parte de vecinas y vecinos. En esta instancia, la más cercana a la ciudadanía de la política, el gobierno local, tiene que nacer la democracia real, y los municipios se deben transformar en la cabeza de los vecindarios organizados frente al Estado, y dejar de ser la cola del poder estatal.

 

Redacción colaborativa de Rubén Marcos Velásquez; Sandra Arriola Oporto; Jorge Ortiz Guerra; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión Opinión Política