El desequilibrio en la balanza de la ley.

En estos días estamos observando las consecuencias del accionar de nuestros legisladores.

Su total desconexión y desafección con la situación que vive la gente pobre del país, les impide ver las secuelas de sus actos. Estos, para nada se condicen con la de gente que representa, supuestamente, los intereses de las mayorías del país. Esas ciudadanas y ciudadanos que, con sus votos, les han puesto en estos cargos de privilegio y a los que ellos le dan la espalda con total desparpajo priorizando los intereses de las trasnacionales.

Hoy vemos como con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Reino Unido, en su marco y efectos, las empresas de salud privada intentan desconocer los fallos de la Corte Suprema, que han sido favorables a las personas que cotizan en ISAPRES, frente a los intentos de éstas por cobrar a su antojó valores totalmente desproporcionados, carentes de fundamentos comerciales, legales, es decir, alzas injustificables.

Así, Banmédica, junto a su matriz inglesa HG, han activado el mecanismo de controversias entre Chile y el Reino Unido con la amenaza velada, al ejecutivo, respecto de que el Estado tiene que compensarlos o llevarán el tema al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), pasado 90 días de plazo, desde su misiva protocolar al presidente.
Mientras esto ocurre con las ISAPRES, los legisladores están tramitando la ley Anti Tomas, número 21477, qué en síntesis, criminaliza a la gente pobre que busca una forma directa de proveer un techo en dónde vivir con sus familias.

Se tramita está ley sin atender al cuadro completo de esta situación. Más de un tercio de la población chilena no cuenta con una solución de vivienda y, frente a esto, el Estado fallido chileno declara, a través de su Ministerio de Vivienda, que puede ir construyendo anualmente un 10% del total del déficit que existe (atiendase que el número de las y los sin casa se sigue incrementando y que la capacidad de construcción estatal está, según ellos, en su límite).

Entonces nos preguntamos ¿Qué pretenden los legisladores que hagan las familias que no cuentan con vivienda?. Más de 600.000 familias en Chile no la tienen y, en vez de buscar legislar para resolver el insuficiente número de viviendas construidas anualmente, sin importarles la situación concreta y vital de estas familias, ellos van en la dirección de la criminalización, endureciendo las medidas contra la gente que se toma terrenos para construir sus mediaguas buscando, de alguna manera, dar una respuesta provisoria a su situación.

En detalle, los legisladores están cambiando la caracterización judicial de la toma. Están cambiando las penas de multas por cárcel efectiva, están facilitando los desalojos en cualquier momento y dando manga ancha a carabineros para detener directamente a la gente. Le darán agravantes a las penas contra las familias que cuentan entre su grupo familiar con niñas, niños y adolescentes en la toma.

Además, colocan estas acciones dentro de lo que técnicamente se denomina “marco rígido”, impidiendo de este modo que los jueces puedan modificar o ajustar las penas de prisión efectiva. También, busca modificar el artículo 124, previendo así la aplicación de medidas cautelares qué restringen la libertad de los involucrados previo al juicio.

Señaladas estás situaciones, la ciudadanía puede comparar ambas legislaciones y sus efectos prácticos generales. En una se cautela el robo “de cuello y corbata” de las empresas multinacionales de salud a sus usuarios, que ya en sí mismo es un contrasentido, y simultáneamente, en la otra dejan sin alternativas a más de medio millón de familias, sin que tengamos claro qué es lo que proponen como salida a esas familias.

¿Estarán pensando en que abandonen el país en una migración forzada?, atendiendo a que la posibilidad es nula de conseguir un techo para su familia, y la alternativa de buscar una toma de terrenos los llevará por más de un año a la cárcel, castigados por pobres y sin casa.

¿Pero cuál es la lógica, qué perspectiva usan cuando legislan estas personas? No se ve en ellas ningún sentido de Derecho Social ni de Derechos Humanos.

No es gratuito el gigantesco desprestigio que tienen estos “electos” que siguen presionando sobre la ciudadanía. Creen que están de vuelta con su poder, pero la  velocidad y la contradicción actuales sacará a la gente nuevamente a la calle, y deberán asumir que son sólo ellos los que propician este descontento social.

La gente clama porque modifiquen su voluntad política, concretamente en la dirección de colocar por delante y como eje central el bienestar común. Un nuevo mundo, por necesidad, tiene que  nacer, dejando atrás la locura e insensibilidad de los antihumanistas que hoy toman las decisiones.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Política