Miles de seguidores del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sumieron el domingo al país en una grave crisis. Una multitud de radicales asaltó las sedes del Congreso, del Tribunal Supremo y de la Presidencia en Brasilia con un propósito meridianamente golpista: reclamar una intervención del Ejército para defenestrar a Lula da Silva, quien asumió el cargo hace una semana. La policía logró retomar el control de los tres poderes después de horas de caos, de las que no solo queda el rastro de los destrozos y los actos vandálicos, sino una herida profunda en el corazón de la democracia.
En Chile, de acuerdo con algunos analistas, la revuelta social de 2019, la creciente instalación de proyectos democratizadores y de contenido social, el avance hacia una nueva Constitución, los logros políticos y electorales de la izquierda y centroizquierda, el auge del feminismo, el avance de proyectos de matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto libre, las campañas a favor de los migrantes, llevaron a sectores de extrema derecha a ver la necesidad de organizarse, difundir sus idearios con más fuerza y a buscar penetración en segmentos de la sociedad. Eso se reforzó ante la situación de violencia política en las manifestaciones, las protestas populares y el avance de las luchas del pueblo mapuche en el sur, ataques violentos en La Araucanía, todo visto como una amenaza terrorista, subversiva, comunista y anarquista.
Tuvieron alta repercusión, por ejemplo, las agresiones violentas de sujetos ultraderechistas, nazis y fascistas que participaron en marchas del “Rechazo”, llevando palos, bastones, cápsulas de gases, escudos, cascos e implementos de seguridad, y que golpearon a periodistas y transeúntes, lanzaron gas a muchas personas, y golpearon e insultaron a otras. Varios medios de prensa reportaron que en ambos casos, los agresores contaron con el respaldo de Carabineros.
Hay una postura, sobre todo a partir de un fundamentalismo religioso, un ultraconservadurismo ideológico, un racismo marcado, una homofobia evidente, de oposición a cambios institucionales, políticos, culturales y del modelo económico.
En un texto del Observatorio del Ascenso de la Extrema Derecha en Chile (OAEC), de la Universidad de Chile, se señaló que después de 2019, “surgieron ( ) grupos herederos del fascismo histórico, ‘anarco-capitalistas’ y extrañas mixturas de perspectivas religiosas ultra conservadoras y un anti-estatismo neoliberal que comenzaron a copar las redes sociales y hacer pequeñas, pero significativas muestras de fuerza callejera. Si bien todos estos grupos tienen cosmovisiones y esbozos programáticos radicalmente distintos unos de otros, el chovinismo, la xenofobia, el racismo, la LGBTI fobia, la misoginia, el desprecio a la cultura democrática y el rechazo al posible cambio constitucional, ocupan transversalmente la agenda de todos ellos, independiente del lenguaje y los métodos que utilicen para justificar esta clase de relatos”.
Algunos movimientos de extrema derecha son:
-Fuerza Nacional: tiene ocho puntos básicos que explican lo que son. Reconocimiento del “legado histórico del Gobierno militar”, reivindicación del “patriotismo militar” y “la propiedad privada”, rechazo a “todo tipo de corrupción política”, aspirar a que “los chilenos volvamos a sentirnos seguros potenciando a nuestras fuerzas de orden”, enaltecimiento de “la familia como base de nuestra sociedad”, señalamiento de que “creemos en Dios primero y en la patria segundo”, oposición “a la intervención de los organismos internacionales en nuestros asuntos internos” y rechazo a “la inmigración masiva”. El combate al “terrorismo marxista” es un objetivo principal.
-Team Patriota: liderado por Francisco “Pancho Malo” Muñoz. A través de su sitio web, llamado Rechazo Popular, se definen como “un movimiento patriota y ciudadano que lleva años en la política de calle, de marchas y movilizaciones”.
“Creemos en el poder y el sentir de las personas por sobre los tecnicismos añejos de la política. En este movimiento la mujer tiene un rol destacado, respetada en opinión y en la toma de decisiones”, agregan.
En la misma plataforma indican que su origen se remonta a junio de 2021, cuando solo restaba un mes para que la Convención Constitucional comenzara a sesionar. En ese sentido, cabe mencionar que realizaron una serie de manifestaciones en contra del trabajo del órgano durante sus doce meses de funcionamiento.
Tras el triunfo del Rechazo, aseguraron que “no aceptaremos el Plan B ni el Plan Z”, por lo que le bajan el pulgar a un nuevo acuerdo constitucional.
-Capitalismo Revolucionario: hereda la tesis del nacional socialismo, y ha protagonizado hechos de violencia y agresiones en marchas del “Rechazo” y frente de la embajada cubana. Sebastián Izquierdo, su líder, difundió fotos con armamento en redes sociales y ha reivindicado actos violentos. El grupo se define como “una plataforma de lucha ideológica contra toda manifestación de colectivismo, ya sea moral o institucional” y promueve “invertir la relación entre el Estado y la propiedad privada poniendo la propiedad privada como la base de la sociedad”. Ha promovido y organizado manifestaciones contra el globalismo, el aborto, la ideología de género y la inmigración masiva. El grupo reivindica la figura del dictador Augusto Pinochet y niega la existencia de violaciones a derechos humanos.
-Partido Republicano: es un desprendimiento de la UDI, al que se sumaron personas identificadas con la ultraderecha, el anticomunismo, segmentos evangélicos, posturas anti migrantes y contra el aborto, y partidarios de la dictadura cívico-militar. Entre sus principios básicos plantean defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, promover la familia como núcleo fundamental, defender el concepto de patria, defender la libertad de las personas y de los cuerpos intermedios, creer en la economía social de mercado, promover la descentralización y sostienen que “creemos en Dios”. Son férreos defensores de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
En general, los grupos de extrema derecha, en la coyuntura, estuvieron en contra del proceso constituyente y las características de una nueva Constitución, critican y enfrentan las posturas principalmente del Partido Comunista, apoyan a los represores presos en Punta Peuco, reivindican a la dictadura y a Pinochet, y se organizan para marchas y manifestaciones violentas, donde llegan con escudos, chalecos antibalas, protectores de seguridad, cascos, palos, artefactos lanza gases y usan símbolos nazis y fascistas. La ultraderecha tiende a distanciarse de los partidos de la derecha, a los cuales culpan de desprenderse del ideario del sector y no representar las aspiraciones patrióticas y populares.
En aspectos más estratégicos, varios autores indican que en los sectores ultraderechistas se continúa promoviendo la purificación política, étnica y religiosa, el uso de la violencia y la organización paramilitar, el autoritarismo con supuestos rasgos de populismo y democracia, el nacionalismo, el “amor a la Patria”, y la limpieza de “nuevos componentes” en la sociedad como los migrantes, los homosexuales, el feminismo y las y los pro aborto libre.
La extrema derecha es una suerte de virus que destruye la democracia, los derechos, las libertades, la igualdad, la justicia social y el medio ambiente, conduce a los países a la polarización y a la crispación, apela y se apoya en miedos irracionales y a problemas de salud mental y contribuye a que el mundo sea, en líneas generales, un lugar peor ¿Debe ser considerada entonces una opción política más?
Cas Mudde, es uno de los autores que más ha contribuido a definir la extrema derecha moderna, en sus múltiples obras, divide a la ultraderecha (far-right) en dos grupos: extrema derecha (extreme right) y radical populist right (derecha radical).
El politólogo entiende que la división fundamental entre ambos grupos deriva de su postura con respecto al sistema de democracia liberal. Así, la «extreme right» sería lo que tradicionalmente se ha entendido por extrema derecha: todas aquellas corrientes de carácter más bien revolucionario o antisistema que rechazan el sistema de democracia liberal y buscan su destrucción. Aquí entraría el neofascismo, el neonazismo, el anarcocapitalismo, el paleolibertarismo, el aceleracionismo, el nacionalcatolicismo, el nacionalsindicalismo.
Para Mudde, la ultraderecha agrupa a todas las ideas y movimientos que buscan transformar el Estado en base a ideas ultranacionalistas, tradicionalistas, conservadoras, autoritarias y antidemocráticas, y que rechazan los derechos de minorías étnicas, personas LGTB o personas migrantes. Lo que diferencia a la extrema derecha más clásica de la moderna (si bien han existido ambas en prácticamente todas las épocas) tiene que ver más con la forma que con el contenido.
Cuando un determinado Estado se define como un Estado social y democrático de derecho, está expresando muchas ideas clave que se supone que definen a los países y las naciones modernas, y donde lo fundamental no es el sufragio universal (que sería un elemento más), sino un sistema donde la soberanía popular reside en el pueblo y donde existen mecanismos para asegurar una convivencia basada en los ideales de libertad y de justicia social, donde se protegen los derechos humanos.
En general, una de las mayores conclusiones sobre la calidad democrática de los países es que la presencia de elecciones y/o partidos políticos es que, aunque pueden ser elementos que faciliten la democracia, no son condición suficiente.
Hay elementos o factores que favorecen la calidad democrática de un país, a saber: la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) con un adecuado sistema de contrapesos, el blindaje de derechos y libertades (expresión, información, prensa, de reunión, de manifestación, de huelga, etc.), un sistema de representación electoral justo, herramientas adecuadas de participación política o medidas básicas de transparencia e información pública, hay otras cuestiones que tienen que ver con la parte «social», como son la igualdad de oportunidades, la pobreza, la discriminación o el derecho a acceso a unos mínimos materiales y culturales (educación, vivienda, salud, etc.), la pluralidad de ideas y de opiniones, la diversidad y la descentralización de los poderes (de decisión, de producción, de comercialización). En los últimos años, otras cuestiones se han intentado incorporar a este debate, como la gestión de los recursos naturales, la contaminación, la protección del medio ambiente, la transición energética o los derechos de los animales, así como modelos económicos alternativos que aseguren la supervivencia futura de los pueblos del mundo.
Hay una parte importante de la sociedad y de personalidades políticas que argumentan que todo lo anterior son ideas izquierdas o sesgadas ideológicamente, cuando en realidad muchas de ellas, incluyendo el acceso a unos servicios mínimos, proceden del liberalismo sobre el que se asientan las bases de las democracias modernas.
El juego de los sistemas de democracia liberal es, mediante representación, llegar a acuerdos y consensos en los parlamentos. Este marco a menudo está escrito en una Constitución Política, uno de los textos legales más importantes de un Estado de Derecho y que, normalmente, requiere de un gran consenso para ser modificado.
El principal problema de la extrema derecha es que rechaza este marco de mínimos, rompe los márgenes aceptables del debate y comienza a desarrollar sus propios marcos donde su agenda política pueda ser asumida. Unos marcos de debate donde se pone en cuestión precisamente los consensos establecidos sobre lo que es una democracia, poniendo en peligro los derechos y las libertades fundamentales.
La extrema derecha desafía los elementos que favorecen la calidad democrática de un país: los mecanismos de participación, los sistemas electorales, la descentralización administrativa, la protección de los derechos humanos, los mecanismos que aseguran determinadas libertades, los contrapesos de poder, etc.
Además, desafía uno de los pilares más básicos de una democracia: el debate, el consenso y el acuerdo. La extrema derecha utiliza su presencia en los parlamentos para desvirtuar los debates, atacar a sus rivales políticos, rechazar los acuerdos y dinamitar la gobernanza. Lo cual es paradójico, porque a menudo caen en muchas contradicciones, llegando a mostrarse en contra de propuestas propias. Todo vale con tal de deshumanizar y destruir al contrario.
Las primeras medidas que suelen adoptar y/o demandar las fuerzas de extrema derecha casi siempre tienen que ver con la legislación que protege de situaciones vulnerables a determinados colectivos: leyes LGTB, de género, de atención a minorías étnicas, de protección de lenguas regionales. Su solución a los problemas siempre es destruir algo, pues la fuente de todos los problemas viene de un grupo, un colectivo, un gobierno, una institución, una ley o unas personas a las que hay que eliminar -o apartar- para que entonces todo siga su curso natural.
Debido a que abandonan estos márgenes para construir otros que rompen consensos establecidos, y que muy buena parte de estos consensos se sostienen sobre evidencias científicas y realidades demostradas, la extrema derecha termina construyendo un relato basado en mentiras, el siguiente gran peligro que supone.
No existe ningún grupo de extrema derecha que no base al menos parte de su discurso, propuestas o relato en teorías de la conspiración y/o en postulados negacionistas. Un agente del FBI infiltrado durante 25 años en grupos paramilitares de extrema derecha en Estados Unidos describió cómo las creencias que sostenían organizaciones como el Ku Klux Klan eran absolutamente demenciales, como la “teoría de las dos semillas”, en la cual las personas afrodescendientes, asiáticas o judías son descendientes del demonio y por eso es de ser buen cristiano asesinarlos, o la “teoría de la Tierra Hueca”, que sostiene que el planeta es una corteza con un vacío en su interior. Más recientemente se ha visto con el negacionismo de la pandemia.
Las teorías de la conspiración y las ideas que defiende la extrema derecha tienen un común denominador que supone una diferencia crucial con el resto de ideologías, especialmente con la izquierda: la culpa de los problemas la tiene alguien. Ese alguien puede ser un colectivo (los gitanos, los inmigrantes, etc.), una organización o grupo con determinadas ideas (el comunismo, los progres, los rojos), un partido político (Partido Comunista), un movimiento (las feminazis, los separatistas), una religión (islam) o incluso una entidad abstracta (el lobby gay, las élites globalistas).
Para la extrema derecha, los complejos e intrincados problemas sociales, políticos y económicos no son consecuencia de la interacción de variables y agentes sociales, o de la estructura económica o sociocultural. Son voluntad de unas personas por intereses particulares, y que implican la destrucción de “la nación” en algún aspecto (sus valores, su integridad territorial, por ejemplo). Usualmente, este señalamiento no es el azar, sino que se realiza sobre grupos o personas sobre las que existe una discriminación, prejuicio o vulnerabilidad previa, y se asienta sobre una exaltación patriótica de la nación. Así, el “antinosotros” no son sectores sociales que piensan diferente, sino que van a destruirlo todo, y el “nosotros” tiene que defenderlo. Esto provoca, de forma poco discutible, un aumento de la crispación, de la división social y de los problemas de las personas señaladas. Históricamente, se ha definido el discurso de odio como toda comunicación verbal que, enarbolada de forma pública, promueve la discriminación de una persona o un grupo de personas que pertenecen a un colectivo históricamente discriminado, de forma que incita directa o indirectamente a que se lleven acciones negativas contra dichas personas. Mientras que en el resto de las ideologías políticas se encuentran abundantes ejemplos de buena praxis, parece que existe una relación necesaria entre criminalidad y extrema derecha. La llegada de gobiernos de extrema derecha al poder se ha relacionado con una reducción de la calidad democrática de un país, con un aumento de los delitos de odio, del terrorismo de extrema derecha, de represión, de abuso de poder y de aumento de la discriminación, entre otras funestas consecuencias. Ponen en peligro la propia supervivencia de la democracia debido a la agitación social y a la erosión de las instituciones más elementales. Aquí los grandes ejemplos son Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos.
Una pregunta fundamental que debemos realizarnos es, ¿estamos tan lejos en Chile de vivir violentos asaltos a los centros de poder, como en Brasil y Estados Unidos?
Recurramos, finalmente, tanto a Karl Popper como a John Rawls. El primero nos diría, “La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia”. Mientras que el segundo, “Mientras una secta intolerante no sea señalada como intolerante, goza de libertad, la que debe ser restringida solo cuándo los tolerantes, sinceramente y con razón, crean que su propia seguridad y la de las instituciones que garantizan la libertad están en peligro”.
