Si la fidelidad ideológica ya no es una característica de los gobernantes y de la generalidad de los partidos, todavía mucho menos la amistad cívica y la solidaridad entre los diversos actores políticos. Cuesta pensar en las razones que pueden tener ministros de estado, asesores y otras personalidades convocadas a formar parte de los gobiernos de los cuales en cualquier momento pueden ser removidos e imputados de cometer errores que más bien son de sus superiores. “El hilo se corta por lo más delgado” se repite en estos días cuando La Moneda le ha pedido la renuncia a la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, y al jefe del gabinete presidencial, Matías Meza-Loperhandia. Los que se suman a varios otros despidos de personas de confianza en estos pocos meses de gobierno.
Esta vez, ambos renunciados se habrían comportado “desprolijos” en la ejecución de una decisión adoptada por el presidente Boric en uso de su facultad constitucional de indultar a presos ya
condenados por la Justicia. Algo que ha causado escándalo en la oposición de derecha y también en sectores del propio oficialismo.
Se hizo tan flagrante el error presidencial de dejar en libertad al menos a dos de los trece indultados que el Ejecutivo tuvo que endosarle esta “desprolijidad” a dos de los principales ejecutores de reunir los antecedentes y tramitar los decretos respectivos. No son pocas las opiniones fundadas de juristas que encontraron improcedentes estas resoluciones presidenciales, toda vez que a la propia Corte Suprema expresó también su estupor por lo ocurrido.
En un primer momento, el Jefe de Estado asumió toda su responsabilidad en esta decisión, e incluso alegó la inocencia de un líder frentista en la segunda condena que recibiera después de haber sido anteriormente por el presidente Patricio Aylwin por una serie de delitos calificados entonces de terroristas. Sin embargo, a las horas la Vocera Oficial, Camila Vallejo, debió asumir la incomodidad de exculparlo, insinuando que los errores administrativos se habían cometido antes que el Presidente estampara su firma en estas resoluciones.
Con su remoción, la Ministra de Justicia también debió pagar por los dos fracasos gubernamentales en la designación del nuevo Fiscal Nacional, cuyos candidatos no obtuvieron los dos tercios del Senado para ser ratificados en este alto cargo. Al respecto, también trascendió que fue la propia Presidencia de la República la que se negó a realizar las negociaciones pertinentes con la oposición para concurrir en una sólida mayoría senatorial. Una tarea que más bien recae en el propio Jefe de Estado como en sus ministras de Interior y de la Presidencia. Según se acostumbra en las prácticas cupulares de nuestra feble democracia.
La cuestión es que ahora la ex ministra podría ser objeto además de una acusación constitucional de parte del Parlamento que, de prosperar, podría inhabilitarla por cinco años para cumplir cualquier cargo público. Dependerá de la Oposición llevar adelante este proceso que podría perfectamente causarle un nuevo agravio a la ex secretaria de Estado. Toda vez que se cree que el libelo en el Poder Legislativo podría contar con los votos de varios parlamentarios oficialistas, de forma de rematar una sanción que muchos saben es injusta, arbitraria y aleve.
Lo grave de todo esto es la forma que la política discurre para dejar impunes a los grandes responsables achacándole sus errores a sus subordinados. En Chile se dice desde hace mucho tiempo que los ministros de estado y otros funcionarios son meros fusibles destinados a quemarse en las crisis políticas como la que vivimos por estos incidentes y otros. Y tal es así que en los últimos años no hay políticos así maltratados que defiendan su dignidad y se atrevan a dejar en evidencia pública los falsos testimonios en su contra, como las deslealtades de que han sido objeto. En este sentido, se confía en que los afectados se imputen así mismos en la esperanza de recibir próximamente algún otro cargo que los redima en la política.
De esta forma, también se puede observar cómo los hasta ayer compañeros de ruta y oficio (en este caso dentro de La Moneda) rápidamente dan un paso al costado para no arriesgar la misma suerte de los despojados de sus cargos. Incluso prestarse cínicamente para defender públicamente una decisión tan arbitraria.
Como siempre, lo que también sorprende es la rapidez con que el Ejecutivo logra dar con los reemplazantes de los desalojados. Lo que demuestra la avidez que existe por alcanzar notoriedad y buenos emolumentos, así sea que sus funciones se prolonguen por tan poco tiempo y terminen horadando su prestigio en la abyección que siempre exigen las autoridades de poca solvencia y
precaria adhesión ciudadana.
