Lo mínimo que se le exige a los países democráticos es que sus autoridades sean elegidas por el pueblo en comicios libres, informados y secretos. En Chile digamos que se cumple este objetivo, aunque las elecciones no sean tan libres e informadas, porque para ello se necesita que exista diversidad informativa y que el dinero no ejerza una influencia tan decisiva en la población.

Nuestros mandatarios deciden todo a nombre de los ciudadanos, pero estos, en realidad, no son muy considerados a la hora de adoptar decisiones. En algunos países son frecuentes las consultas plebiscitarias a la hora de adoptar hasta las mismas normativas del tránsito y toda suerte de emprendimientos que afecten la vida de los barrios y pueblos. Aquí, sin embargo, solo algunos alcaldes se atreven a preguntarle a los vecinos sobre los proyectos comunales, aunque sus opiniones no sean vinculantes.

En relación a esto son incontables las actividades empresariales y comerciales que afectan severamente la salud del medio ambiente como la de sus moradores. De tal manera que son muy  frecuentes las denuncias y movilizaciones ciudadanas que protestan contra la condescendencia de sus autoridades hacia emprendimientos ecocidas, cuando no suponen, incluso, haber repartido coimas para concretarse.

Se supone que las campañas electorales deben poner énfasis en las propuestas de los candidatos, pero ya hemos comprobado que mucho de lo que se promete finalmente no se realiza; que no existe consecuencia entre las promesas electorales y las posteriores realizaciones. Nuestra historia habla de no pocos mandatarios que han incumplido severamente lo que postularon e,  incluso, han terminado gobernando con sus opositores, junto con ejercer una dura represión a quienes les representan tales despropósitos.

Ser de izquierda o de derecha no ha sido muy importante a la hora de gobernar en Chile cuanto en otras imposturas democráticas, tanto así que muchas veces no se puede apreciar mayores diferencias entre unos y otros. Todo lo cual termina beneficiando a quienes son efectivamente los que mandan en el país y que se encuentran, sumergidos o no, entre las cúpulas empresariales y los poderes fácticos.

La historia, en todo caso, termina reconociendo a aquellos mandatarios que se proponen gobernar con y para el pueblo. Valora aquellas transformaciones efectivas y condena a los desertores o traidores, que muchas veces terminan en estatuas. Salvo los golpes de estado logran interrumpir la continuidad de los gobiernos y parlamentos. No existe en nuestro país la posibilidad de remover a los que vulneran la voluntad ciudadana. Así como constan las impunidades que favorecen a los políticos corruptos, ya sean legisladores, alcaldes ministros de estado y tantos otros. Además de los familiares y amigos del Primer Mandatario y aquellos intereses foráneos que logran postrarlos a su servicio.

Otra condición democrática es la separación de los poderes del Estado. Sin embargo, en Chile los altos magistrados  y el Fiscal General son nombrados por el Presidente de la República y los senadores, en procesos que lo que miden sobretodo la afinidad política de los posibles jueces, así como que no tengan antecedentes como persecutores de las autoridades que faltan a la probidad. Los ejemplos están a la vista en este momento con el bochorno que han debido padecer varios ministros y ministras propuestos por la Corte Suprema, en dos sucesivas quinas, de personas idóneas para cumplir profesionalmente con este cometido.

Tampoco el Poder Judicial y otras importantes reparticiones públicas cuentan con recursos que no estén sometidos año a año a la Ley de Presupuesto de la Nación. Solo los militares escapan parcialmente a las asignaciones determinadas por los dos más altos poderes del  Estado, mientras que lo que se les asigna a las policías es siempre discrecional. Ni la feroz pandemia logró disminuir las asignaciones para la compra de armas que tienen remota posibilidad de ser usada en defensa de nuestra soberanía territorial

El Parlamento suele ser un severo obstáculo a la voluntad ciudadana, como que sus miembros son elegidos por un sistema desproporcional a la distribución demográfica de la población chilena. Esto explica que circunscripciones o distritos de pocos habitantes elijan más legisladores que aquellas que tienen alta densidad popular. Fomentando el cuoteo político y que surjan como callampas todo tipo de agrupaciones electorales, sin consistencia ideológica, programática y mantención en el tiempo. Más de veinte denominaciones partidistas tienen asiento en el Poder Legislativo y no menos de la mitad forma parte del oficialismo.

De esta manera es que no resulta tan raro que el nuevo itinerario constitucional vaya a ser regido por los legisladores, el llamado “Comité de Expertos” y el “Comité Técnico de Admisibilidad” , creaciones que nos pondrán a resguardo de cualquier idea que prospere en el Consejo Constitucional que contraríe el cerrojo ideológico o los “bordes” ya acordados por las bancadas parlamentarias con la anuencia de La Moneda. Se da por descontado que los que integren las dos primeras instancias serán personas concordadas por los partidos políticos que concurren al proceso.

La democracia “chilensis” es muy parecida a la que rigió entre los atenienses y romanos. Se funda en los acuerdos de las cúpulas que a esta altura no dudan en autocalificarse como una casta o clase política. La diferencia estriba en que ahora los ciudadanos son todos los mayores de edad, pobres y ricos, y las mujeres han logrado el mérito de la paridad con los hombres. Una discriminación positiva que hasta ahora no parece ser tan inconveniente al conjunto de la política.

El sufragio de los indigentes y de los más desinformados es acotado por la propaganda electoral que suele ser multimillonaria para controlar sus conciencias y acarrearlos a las urnas. Como que también sirven para ejercer también diversas formas de cohecho. De allí que los grandes medios de prensa estén tan protegidos y favorecidos por las autoridades, a pesar de que ya no resulta tan fácil cooptar las redes sociales.