Por Leonel Ayala

El desenlace de los acontecimientos en Perú ha encendido las alarmas en Honduras, ante la similitud de la campaña que en los primeros días de este año 2023, a tres semanas del primer año de gobierno de Xiomara Castro, se orquesta con representantes de los sectores ultraderechistas, ligados al gobierno anterior cuya cabeza, Juan Orlando Hernández (JOH) fue extraditado a USA por narcotraficante.

Horas después que se conocieron los resultados de las elecciones de noviembre 2021, la empresa privada inició una escalada con el aumento de precios a los productos de la canasta básica. El 21 de enero de 2022, fecha establecida para elegir la junta directiva del Congreso Nacional; un grupo disidente del partido LIBRE que dio el triunfo a Xiomara Castro, los diputados del Partido Nacional de JOH y la mayoría de los diputados Liberales, reunidos en un club privado eligieron una junta directiva encabezada por Jorge Cálix disidente de LIBRE. Simultáneamente en el edificio del Congreso Nacional, con 110 diputados presentes entre propietarios y suplentes, de un total de 128, eligieron otra junta directiva encabezada por Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Esta situación atípica y en base a lo establecido en la constitución, obligó a la actual presidenta a la juramentación el 27 de enero de 2021, por una jueza de sentencia. Los seguidores de Xiomara Castro en apoyo a la junta directiva de Redondo, se aglomeraron en los alrededores del edificio del congreso con la consigna de evitar a quienes calificaron de traidores, de intentar consolidar este otro paso de la derecha, que se resiste a reconocer el ejercicio democrático, donde el pueblo con su voto decide.

Con las primeras acciones de la presidenta eliminando pagos y prebendas a la prensa, se desató una campaña con noticias falsas para desestabilizar al gobierno y calificando de ilegal la actual junta directiva del Congreso Nacional. Por su lado, representantes de la empresa privada empezaron a manifestar su preocupación por el supuesto alejamiento de la inversión por inseguridad jurídica. Aparecen defensores de la democracia, figuras determinantes para el golpe de estado del 2009 en contra de Manuel Zelaya, manifestado su compromiso y determinación de luchar en defensa de un estado de derecho.

En junio, aparece Salvador Nasralla, actual designado presidencial, reclamando que no se le toma en cuenta en las grandes decisiones y anuncia la ruptura de la alianza entre LIBRE y su partido el PSH. Iniciando el 2023, el Cardenal Andrés Rodríguez, máximo representante de la iglesia católica, manifiesta su también preocupación por la ilegalidad de la directiva del congreso nacional. Por su parte representantes de la confraternidad evangélica, profetizan la muerte de Manuel Zelaya.

Y otra vez como tantas en nuestra América, aparece la izquierda exigiendo lo imposible, dando argumentos a la derecha, contribuyendo de esta forma en la desestabilización de un gobierno que intenta refundar un estado eternamente empobrecido por una oligarquía insaciable de poder y riquezas.

¿Se repetirá una vez más la estrategia de golpes de estado a través de Sustituciones Constitucionales?. El pueblo y sus organizaciones, tienen la respuesta.