A propósito de los resultados de la PAES (de admisión universitaria) y el caótico proceso de admisión para los diferentes establecimientos a lo largo del país, debemos centrar esta realidad desde la perspectiva del derecho a la educación, avizorando un abandono crónico en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Durante los últimos 50 años, la dictadura y los gobiernos posteriores, han gobernado profundizando un deterioro progresivo de la educación pública, con insuficiente inyección de recursos, tanto para infraestructura como para herramientas y condiciones dignas de la comunidad educativa, lo que ha desencadenado un éxodo hacia la educación privada y subvencionada (esta última es un negocio de la clase política); tal vaciamiento, ha generado el cierre de más de 800 establecimientos solo en los últimos 20 años, mientras tanto 2.942 colegios particulares subvencionados se levantaban entre 1992 y 2012, profundizando el modelo mercantil que hoy rige en nuestro país.
Quienes se ven afectados son los sectores más empobrecidos, que, al no tener los recursos par a optar por un colegio de mejores condiciones, deben conformarse con un colegio precarizado como premio de consuelo, y aceptando la lógica mercantilista, en el que dependiendo de lo que tengas en el bolsillo, se definirá también el cómo será tu educación. Y en los hechos, asumir que así está el derecho, supuestamente inalienable, a la educación en Chile.
Los proyectos de la derecha, para promover centros de educación que establecen filtros de entrada, que permitan tener a las y los mejores estudiantes reunidos, excluyendo a quienes están en situaciones de necesidades por diversos motivos de base, expresa nítidamente la línea mental de esa élite. El Diputado Marcos Ilabaca fue enfático en su momento: “Cuando tú estableces educación de excelencia para niños de excelencia no estás teniendo ningún mérito, es distinto cuando tú tienes niños de todos los niveles de rendimiento y los llevas a todos juntos a la excelencia, ese es el mérito. Por eso es necesario que el foco esté en mejorar la calidad de la educación para todos por igual.”
De los cien colegios con mejores puntajes en la PAES a nivel nacional, 96 son particulares pagados, 3 municipales y uno particular subvencionado. Así en general los colegios particulares pagados consiguieron en promedio 171 puntos más que los colegios municipales en esta primera edición de la PAES, mientras que la brecha entre hombres y mujeres en la prueba específica de matemáticas creció de un 0,23 a un 0,32, una distancia que fue calificada como «pequeña» por parte del Ministerio de Educación.
Cifras preocupantes como las emanadas por la última prueba PISA (programa de evaluación internacional de alumnos) que vislumbran que solo el 50% de los niños entiende lo que lee, añadiendo que un 60% de los niños y niñas salen de primero básico sin saber leer.
No es casualidad que desde dentro del proceso de admisión (SAE), se piense que inevitablemente la meritocracia y la desigualdad requieren ser desplazadas, para lograr un proceso más justo de incorporación de estudiantes a las diferentes instituciones educacionales.
Sin embargo, el actual acaparamiento de matrículas en la educación subvencionada privada, a pesar de sus malos resultados, en desmedro de las escuelas públicas, que, con sus bajos índices de estudiantes interesados en ellas, refuerza en la práctica un progresivo abandono y estigmatización (incluyendo los colegios emblemáticos, que formaron a la élite política del país desde la independencia); lo que finalmente ha desencadenado el cierre de cientos de colegios públicos a lo largo de los últimos años.
La postal habitual de los últimos años, es ver madres, padres y apoderadas acampando fuera de los colegios subvencionados que priorizan, para matricular a sus niños y niñas en ellos. Debemos interpretar tales hechos como el ensueño inducido, por incorporarse en un colegio que posee resultados basados en números y pruebas estandarizadas, indicadores cuestionables como índices relevantes educativos a nivel global.
Por otro lado, la famosa tómbola no es más que un filtro posterior al proceso formal de matrículas, a quienes no sean alumnos “problema”, dejando en establecimientos muchas veces alejados de los domicilios a estudiantes en estas situaciones. Según cifras de la Superintendencia de Educación, en los últimos 12 meses los establecimientos han echado a 745 estudiantes, entre expulsiones inmediatas y cancelaciones de matrículas, que se producen al término del año escolar. Es decir, en promedio, los colegios sacan de sus aulas a seis alumnos por semana.
Entendemos a la educación como la fuente más importante y tradicional de socialización de las personas porque contribuye a la formación de su ideología, cultura, moral, orientaciones de vida y trabajo.

Se suele hablar de educación en por lo menos dos sentidos diferentes: uno referido a la transmisión de datos y conocimientos del educador al educando y en otro sentido la educación es concebida como una preparación, del educando al mundo en que vive. Este “mundo” se refiere tanto a las cosas físicamente consideradas, como a intangibles tales como los valores y las relaciones humanas.
En este sentido, la educación pretende habilitar diferentes modos de comprensión, puntos de vista, perspectivas para comprender tanto las realidades de los objetos materiales y culturales, como las de la propia interioridad. Sin embargo, la educación formal, sus contenidos, métodos de enseñanza, líneas de investigación que se fomentan, refleja el papel que juega para quienes ejercen hoy el poder, la educación como medio para conservar el sistema sociocultural establecido o para introducir transformaciones de acuerdo al paradigma que ejerce el poder actual.
El problema de la educación es, sin duda, uno de los más acuciantes del mundo de hoy, ya que generalmente en todas partes el poder establecido es accesorio al Gran capital, o a los intereses corporativos de quienes se han apropiado del control del Estado, y pretenden a través de la educación, conservar las estructuras formativas que sostienen las estructuras de opresión vigentes. Educar, hoy más que nunca, es adquirir valores y capacidades para desenvolverse en el mundo con coherencia y solidaridad, y es fundamentalmente habilitar a las nuevas generaciones en una mirada no ingenua de la realidad, para poder transformar y humanizar crecientemente el futuro amenazado por la crisis provocada por los poderosos de hoy.
La educación en Chile, está en la línea crítica que se observa a nivel mundial. En la actualidad para miles de millones de personas, es muy difícil pensar en la educación, cuando los hijos apenas sobreviven. Según UNESCO la educación ha sido directamente atacada durante la última década. En 2018, antes de la pandemia, UNESCO calculó que 258 millones (uno de cada seis niños y niñas en edad escolar) no asistían al colegio. En todo el mundo hay, al menos, 771 millones de jóvenes y adultos que no saben leer ni escribir, dos tercios de ellos son mujeres, así como 250 millones de niños que no adquieren las competencias básicas en lectoescritura. Antes de la pandemia de COVID-19, que provocó la peor perturbación de la educación en un siglo, 617 millones de niños y
adolescentes no habían alcanzado los niveles mínimos de lectura”. El 47% de las personas indígenas que trabajan fuera de sus comunidades, no tienen educación formal, frente al 17% que no lo son, la brecha crece si se compara la situación de las mujeres.
Los resultados son alarmantes cuando docentes y profesionales ligados a la educación pública, deben hacer malabares con los ínfimos recursos que se entregan para subsistir como escuela, teniendo muchas veces que realizar actividades a beneficio o ventas internas para el quehacer educativo.
Desde la ciudadanía, observamos esta crisis y abogamos por mejorar, consagrando a la educación como un derecho fundamental, en que el Estado realmente se haga cargo y partícipe en la promoción y mejoramiento educativo integral.

Redacción colaborativa de Rubén Marcos Velásquez; Sandra Arriola Oporto; Jorge Ortiz Guerra; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza.
Comisión Opinión Política