por Ricardo Rojas
Comienza 2023 con una fuerte arremetida de la oposición contra el gobierno de Boric. Además, la Encuesta del CEP señala que un 61% de los que la respondieron desaprueba la gestión del Presidente. ¿Se puede confiar en las encuestas? Mientras, la derecha -la dura y la vestida de menos dura- prepara y desarrolla un arsenal de obstáculos contra las medidas del gobierno, en que las acusaciones constitucionales son la guinda de la torta: contra el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson (por parte de los Republicanos, fundada en acusaciones de una ex Seremi militante del PPD); la amenaza de acusación constitucional contra la ministra de Justicia Marcela Ríos, por los problemas en el nombramiento del Fiscal Nacional y por los recientes indultos, lo que provoca que deba dejar el cargo y se nombre un nuevo ministro de Justicia (generando un nuevo desajuste político al interior del gobierno, al sacar también al jefe de gabinete de Boric); se suma a lo anterior la amenaza de acusar al Presidente, una carta del naipe que seguramente la oposición guardaba para una apuesta más fuerte.
Lo anterior es una demostración del permanente chantaje al gobierno, que se materializa en que las estas acusaciones se desactivarían si el gobierno nombrara como candidato a Fiscal a un abogado que es del gusto de la oposición, a pesar de una serie de antecedentes que por sí solos son contrarios a los principios declarados del gobierno. Pero eso no es todo: el chantaje también se expresa en el retiro de la oposición de la mesa de Seguridad convocada por la ministra del Interior Carolina Tohá y, de la misma forma, se continúa con el libreto de oponerse, torpedear y chantajear, tanto en lo relacionado con la Reforma Tributaria como con la propuesta de Reforma Previsional. Así entonces, a punta de presiones y bloqueos, se logró el acuerdo para un nuevo proceso constitucional, en que todas sus características señalan que la derecha ganó todos los puntos posibles en lo acordado, basándose en el 62% que obtuvo el Rechazo en el Plebiscito de salida, realizado en septiembre pasado. De alguna manera, tal como ocurrió con expresidente Sebastián Piñera, se está llegando a un parlamentarismo de facto, en que todo pasa por el Congreso, y generalmente los votos de la derecha deciden el curso de los acontecimientos.
Sería bueno entender que el resultado del plebiscito no sólo es responsabilidad de la propaganda de la derecha. Gran parte de esa derrota radica en que se pretendió crear una Constitución ideal sin considerar que para ganar en política se debe contar con una correlación de fuerzas favorable; fallaron los análisis de los involucrados en la propuesta, que sin duda es moderna y justa, al margen de lo que pudiera resultar discutible. Y sobre todo no existió política, en cuanto a que muchos de los convencionales actuaron más por intereses regionales y/o corporativos, y deseos particulares, creando acuerdos al interior de la asamblea sin ecos de envergadura en la sociedad, sin conducción y acompañamiento de los partidos políticos y sin los respaldos comunicacionales adecuados y necesarios. Muchos convencionales, encerrados en la burbuja de la Convención, creyeron que podrían crear la república socialista por decreto, sin pensar en que había que ganar voluntades colectivas para lograr la aprobación
Faltó responsabilidad política, como ocurre en este momento en que las llamadas Alianzas que conforman el gobierno no respaldan al Presidente de manera decidida, y vemos que diputados y senadores que, se supone, son oficialistas votan cada uno por su lado, sin comprender que cada acción divergente fortalece a la derecha, y olvidan la movilización nacional que generó el Estallido de 2019. De lo contrario, ¿cómo se explica el avance de Republicanos o el surgimiento del Partido de la Gente? Si los partidos oficialistas actuaran en conjunto todo sería diferente. Pero eso, sin ser un ideal, es una aspiración difícil de concretar, sobre todo con partidos reducidos a una mínima expresión cualitativa, desprestigiados, y que hacen política de salón en el Congreso, sin arraigo en la sociedad.
El Presidente vive momentos duros, y cabe preguntar a algunos diputados y senadores qué piensan o sienten al ver que la oposición hace y logra prácticamente todo lo que se propone, mientras ellos, aferrados a sus cargos, realizan purgas particulares o buscan destacar con declaraciones para la galería, sin considerar que pasan los días y el gobierno se debilita. Recordemos que este año es el cincuenta aniversario del Golpe de Estado, y que hace medio siglo la derecha se dio el gusto de derrocar al gobierno de Salvador Allende usando a los militares; pero antes de eso, se opuso a todo, chantajeó, obstaculizó, muchos de los grandes empresarios sacaron sus fortunas del país y acusó a ministros a su antojo, mientras desarrollaba la más grande campaña comunicacional de la historia de Chile para lograr su objetivo: acallar los cambios que realizaba el gobierno de Allende y que no se hicieran las reformas que favorecieran al pueblo. Han pasado cincuenta años y las condiciones parecen ser otras, pero la derecha actúa igual que antes, porque es su sino, su esencia, su única razón de ser: impedir que nuestro pueblo, nuestra gente pueda vivir con dignidad y con sus necesidades básicas satisfechas. Y cuidar que el gran capital no pierda su poder. Es decir, que sigan las isapres, las AFP, la desigualdad en la educación y la salud, la falta de vivienda; en fin, seguir igual que ahora, porque un pueblo agobiado es fácil de manejar.
Son momentos duros para el gobierno, y si no existe la unidad y la responsabilidad política necesaria para generar una correlación de fuerzas favorable, estos momentos duros podrían transformarse en algo permanente.
