La Policía Federal abrió una investigación sin precedentes sobre las pruebas de genocidio contra el pueblo yanomami
La Policía Federal abrió una investigación el miércoles (26) para investigar serios indicios de un crimen de genocidio contra el pueblo indígena yanomami en Roraima. Es la primera vez que un órgano federal de Brasil investiga la histórica crisis humanitaria contra el pueblo yanomami como delito de genocidio. El Código Penal establece una pena de hasta 30 años para los acusados de este delito.
El objetivo es investigar:
- la participación u omisión de ex integrantes del gobierno federal;
- los implicados en toda la cadena de la minería ilegal, incluidos propietarios de equipos, mineros, barqueros, operadores de maquinaria e incluso el piloto del avión que transporta a los implicados y los productos.
En conferencia de prensa del miércoles, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, dijo que autoridades como directores del centro de salud indígena, ministros y ex presidentes podrían ser incluidos en la investigación federal.
«Muertes por desnutrición o enfermedades tratables, poco o ningún acceso a los servicios de salud, medidas insuficientes para la protección de los Yanomami, además del desvío en la compra de medicamentos y vacunas destinadas a la protección de este pueblo contra el covid-19», dice Dino, en la carta remitida a la PF para la apertura de la investigación.
Declaración de emergencia
El Ministerio de Sanidad declaró una emergencia de salud pública en el territorio yanomami. La zona sufre la falta de atención sanitaria y enfrenta casos de malnutrición grave y malaria. El documento se publicó el viernes, y el lunes un grupo de profesionales sanitarios empezó a atender a los indígenas más afectados. Según la encuesta del ministerio, unos 1.000 indígenas están recibiendo asistencia directa en hospitales, clínicas o puestos de salud.
«Tuve acceso a algunas fotos esta semana. Me estremecieron mucho porque no podemos entender cómo un país que tiene las condiciones de Brasil puede dejar a los indígenas abandonados como están aquí», dijo Lula durante una visita al territorio.
Lula también criticó al expresidente Jair Bolsonaro (PL) y dijo que «si en vez de hacer tantos mítines, tuviera vergüenza y viniera aquí una vez, tal vez el pueblo no estaría tan abandonado», dijo el mandatario.
El Gobierno de Bolsonaro, en el punto de mira de las investigaciones
Diputados del Partido de los Trabajadores apelaaron al MPF (Ministerio Público Federal) para solicitar una investigación penal que investigue las acciones de los funcionarios del gobierno de Bolsonaro en el territorio.
La senadora Damares Alves, ex ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Franklimberg Ribeiro de Freitas y Marcelo Augusto Xavier da Silva, ex presidentes de la Funai (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas), también son objeto del pedido de investigación. La misma podría incluir a Jair Bolsonaro, quien actualmente también responde a acusaciones penales por los actos golpistas del 8 de enero en Brasilia.
La administración federal que terminó en 2022 ignoró 21 oficios solicitando ayuda para los yanomami. Tanto la Funai como el Ejército, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal recibieron decenas de denuncias de ataques de mineros ilegales y pedidos de refuerzo de la seguridad.
Incluso hay constancia de la prohibición, por parte de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), del acceso de un equipo de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) a la Tierra Indígena Yanomami en 2021.
Según Dário Kopenawa (vicepresidente de la Asociación Yanomami Hutukara), los profesionales iban a prestar asistencia médica a los indígenas que padecían malaria y desnutrición, pero se les denegó la entrada fundamentando la supuesta contención del Covid 19, a pesar de haber realizado los exámenes necesarios y cumplido los protocolos de salud.
