La crisis provocada por la covid-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblo indígenas en América Latina, 55 millones de personas, y las urgencias de su protección social, planteó este viernes 16 la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esa crisis “ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan, en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social”, sostuvo el nuevo informe elaboradop por la oficina regional de la OIT, con sede en esta capital.
El informe, “Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina”, replantea el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región, de cuya población 8,5 % son indígenas.
“Hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”, advierte el documento.
Se destaca que entre los pueblos indígenas se está produciendo una tendencia importante, el crecimiento de la población indígena que vive en centros urbanos.
En la actualidad aproximadamente 52 % de la población indígena vive en zonas urbanas, y 48 % habita zonas rurales.
La migración hacia zonas urbanas está impulsada, por un lado, por la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y, por otro, por factores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, y los desplazamientos debidos a conflictos y violencia, entre otros.
Con respecto a la situación en el empleo, datos de la OIT demuestran que 85 % de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 % para la población ocupada en general.
Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población, y 16 % de ellos en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, mientras que el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es de cuatro por ciento.
Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a 33 % de los que perciben no indígenas.
Los datos recopilados por OIT provienen de información recogida en las encuestas de hogares de los países.
Aun así, de los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo ocho cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.
La OIT considera que esto genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”.
“Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas”, advierte el informe.
Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para las personas indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, sostiene el documento.
En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud.
Al mismo tiempo, en los países analizados, “las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que sus homólogos no indígenas”, destaca el informe.
Frente a este escenario socioeconómico, la OIT considera que “el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social que consideren las particularidades de los pueblos indígenas, es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan”.
El documento recuerda que la Recomendación 202 de la OIT indica que los pisos de protección social deberían comprender al menos cuatro garantías básicas, comenzando por la protección social de la infancia, beneficios familiares y por niño.
Luego, la protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar, con prestaciones de maternidad y discapacidad; protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo; pensiones de invalidez, y prestaciones de enfermedad.
Se agregan la protección social de las mujeres y de los hombres mayores, las pensiones de vejez y para sobrevivientes, y en general la protección de la salud.
La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989.
América Latina y el Caribe es la región que más ha ratificado esta norma internacional, con 14 de las 24 ratificaciones recibidas hasta la fecha.
