Se trata de una nueva denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado de la gestión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Se mantiene la sospecha de fraccionamiento para evitar licitaciones y su publicidad.
En 2017 se adjudicaron 570.031 contratos menores [lo que implica contratación a dedo, sin pasar por la licitación] y solo 1.695 contratos licitados, y en 2018 se adjudicaron 456.292 contratos menores, frente a 2.025 adjudicados por licitación pública.
Los datos anteriores muestran que la Consejería de Sanidad adjudicó una media de 1.406 contratos menores al día durante los años 2017 y 2018.
Johnson & Johnson SA, y Medtronic Ibérica SA, las primeras empresas en la lista de beneficiarias en los años analizados.
Desde la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid y gracias a la ardua labor de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) junto con la Cooperativa de Abogados CAES, se va a presentar una denuncia contra la Consejería de Sanidad, por las irregularidades y presuntas ilegalidades detectadas en la utilización abusiva de la figura del contrato menor en los centros de gasto dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Durante los años 2017 y 2018 se adjudicaron un total de 571.726 y 458.317 contratos respectivamente, de estos, en 2017, 570.031, y en 2018, 456.292, fueron contratos menores. Hablamos de que un 99,7% de las contrataciones realizadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no salieron a concurso público. Entendemos que esta práctica abusiva impide la concurrencia pública. De esta manera, se consigue otorgar una posición de ventaja a determinados proveedores, falseando el acceso al mercado libre y practicando la llamada “contratación a dedo”.
Observamos indicios claros de fraccionamiento y presuntas ilegalidades en los contratos adjudicados mediante la figura del contrato menor que suponen, entre otras cosas, un despilfarro de recursos públicos que podrían ser utilizados en la mejora de la sanidad pública madrileña, desvío de dinero público, sobrecostes y mala gestión.
La ciudadanía tiene el derecho y el deber ético de exigir a los que tienen responsabilidades políticas el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la gestión de los recursos públicos que, a fin de cuentas, son financiados con los impuestos que pagamos todas y todos.
Por esta razón, el colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid presentarán una denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado el próximo día 21 de diciembre, a las 11:30 de la mañana.
