El pasado 20 de noviembre arribó a Lima una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Como ya la opinión pública conoce, este “grupo de alto nivel” tenía sobretodo un objetivo político: defender y apoyar al cuestionado expresidente Pedro Castillo en momentos que es investigado por presuntos actos de corrupción y con nada más ni nada menos que seis investigaciones preliminares en la Fiscalía de la Nación.

La historia de esta trama en la que se pretende confundir a la población, empieza en una sesión extraordinaria en Washington, en la que el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, decidió el supuesto “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”.

Nada más risible que esto, pues Castillo y sus adláteres para defenderse de las graves acusaciones en vez de declarar ante las autoridades y responder a los cuestionamientos, se victimizan con el argumento de que se trata de un golpe de Estado.

Pedro Castillo, denunció a mediados de octubre un supuesto intento de golpe de Estado supuestamente inspirado por el Ministerio Público, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

“Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, lo cual rechazo rotundamente”, dijo en una conferencia a la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno.

Definitivamente, esta es una coartada en la que recurre al viejo cuento de hacerse la víctima. Y por esa razón es que recurrió a sus aliados procomunistas de la OEA para que vengan al Perú a defenderlo.

Castillo pidió “auxilio” a la OEA de esta manera, mediante una misiva de donde citamos el siguiente párrafo: “Solicitar a usted, señor secretario general (Luis Almagro), que disponga las medidas de urgencia que permitan abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana, evitando al mismo tiempo la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado”, reza la misiva enviada a la OEA y publicada por varios medios de comunicación.

Como se sabe, Castillo está protegido por la figura de la “inmunidad presidencial”, que prohíbe que sea procesado judicialmente hasta que el Congreso levante este privilegio de inmunidad presidencial. Sin embargo, tal como lo han señalado expertos en jurisprudencia, nada impide que sea investigado.

Como se sabe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido calificado como un “camaleón político” por el prestigioso diario español El País, que recordó en una de sus ediciones que el uruguayo Almagro dio su respaldo al dictador venezolano Hugo Chávez: “Ahí está la consolidación de un proceso que ha sido plenamente exitoso en su política interna y exitoso en su proyección internacional (…) ese es el camino”.

En otra oportunidad, tuvo palabras de elogio para un dictador que llevó al pueblo de Venezuela a la peor crisis política, económica y humanitaria: “Ojalá que cada uno de nosotros, en el ámbito que corresponda, recoja su ejemplo y lo lleve adelante, como de alguna manera intento yo cada día con cada gestión que hago”, dijo cuando se cumplió un año del fallecimiento del dictador.

Con estos antecedentes, ya sabemos que la OEA pretende sumarse al cuento de que Castillo es un perseguido político y que las acusaciones en su contra son parte de un complot “orquestado por la derecha golpista”.

Una vez en Lima, la misión de la OEA se reunió con diversos actores políticos para “evaluar la situación”, en un clima de descontento de gran parte de la población por la pésima gestión de Pedro Castillo.

De manera unánime, los medios de prensa en el Perú y el extranjero vienen dando cuenta de la serie de presuntos actos de corrupción, investigaciones y denuncias contra Castillo y su entorno de asesores y familiares.

Sin embargo, la Fiscalía de la Nación sí ha sabido defender ante la misión de la OEA –con argumentos de peso– su denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Durante una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la petición del mandatario de activar la Carta Democrática Interamericana.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha asegurado ante la delegación de la OEA que es «falso» que dicha denuncia constitucional contra Castillo esté motivada por asuntos políticos o que sea parte de una «estrategia de ruptura del orden democrático», tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones el expresidente del país.

Además ha precisado que existen 190 «elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo», producto de una investigación preliminar autorizada por el Tribunal Supremo de Perú, informó el diario La Razón.

Según Benavides, la denuncia constitucional es «lo único que podía efectuar su despacho» a nivel procesal y constitucional, añadiendo que «era su obligación» presentarla después de haber recabado «indicios suficientes de la comisión de delitos», ha informado la propia Fiscalía General en una misiva.

Muchos se preguntan, ¿de qué se le acusa a Castillo? En efecto, la Fiscalía de la Nación acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al expresidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal.

Según la fiscal, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El portal “BBC Mundo” lo resume así: Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El 7 de diciembre, Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y trató de disolver el Congreso de la República para crear un “gobierno de excepción”, por lo que ha sido destituido, al no contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este intento fallido de golpe de Estado culminó en su destitución por vacancia, en su posterior detención y en el nombramiento de la vicepresidenta Dina Boluarte como nueva jefa de Estado.

Por lo tanto, y que queda claro, Castillo se ha victimizado. Y esto no es nuevo, porque desde su elección (también cuestionada por la existencia de un presunto fraude electoral) la OEA lo defendió a capa y espada. Tal como lo ha señalado el periodista Luciano Revoredo en su artículo “Fuera OEA” en el portal laabeja.pe: “Hubo un hecho en esos días que conviene recordar. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó al Perú sorpresivamente, se reunió en Palacio de Gobierno con Castillo y le expresó su público respaldo. Lo calificó como un hombre de buenas intenciones, comprometido con la lucha contra la corrupción y el desarrollo del país. Conviene también recordar dos hechos más. En primer lugar, el papel lamentable que jugaron los observadores de la OEA en el último proceso electoral. Convalidaron todas las irregularidades que sucedieron. Fueron ciegos, sordos y mudos ante los actos a todas luces antidemocráticos del Jurado nacional de Elecciones y de la ONPE y finalmente mostraron su indolencia apareciendo ante los ojos de todos y mientras aún se discutía el posible fraude, en una francachela indigna de funcionarios de su nivel en visita oficial”.

También, recordemos el desaire que la OEA hizo a una delegación de peruanos que viajaron para presentar pruebas del fraude electoral y a quienes ni siquiera se les permitió ingresar a las oficinas de la OEA, dejándolos parados en la puerta.

Evidentemente, es necesario recalcar que Castillo, tarde o temprano, se sentará en el banquillo de los acusados y –si tiene la conciencia tranquila– deberá demostrar que es inocente. De lo contrario, tendrá que recibir todo el peso de la ley.