A lo largo de muchos años viví la eterna frustración de que la única misión de la ONU en el mundo que no tiene competencia en materia de derechos humanos, es la misión presente en el Sahara Occidental desde 1991. Fueron muchos los intentos de dotar esa misión de un mecanismo de derechos humanos. Desde la propuesta del ex secretario de estado norteamericano John Kerry hasta los reiterados intentos del antiguo enviado de la ONU Christopher Ros. Este bloqueo y violación de los derechos humanos quedan claros cuando en el Parlamento Europeo el Grupo Socialista vota a la candidata de Vox al premio Sájarov, Jeanine Añez para bloquear la candidatura de la activista saharaui Sultana Jaya. Todo esto ocurre en 2021 cuando el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea presenta la candidatura de la activista saharaui.
Ni que decir del caso de Aminetu Haidar en el año 2010, una activista saharaui de derechos humanos que fue expulsada de su ciudad, de sus casa y separada de sus hijos por Marruecos. Su huelga en el aeropuerto de Lanzarote la llevó a las portadas de los principales medios de comunicación a nivel mundial. Sin embargo su candidatura al premio Sájarov no fue premiada. El premio lo llevó el cubano Guillermo Fariñas.
Y qué decir de la quema del campamento de Gdeim Izik por parte de Marruecos en el año 2010, año en el que Francia amenazó con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y bloqueó cualquier condena de Marruecos.
Siempre creí que Europa tenía una tradición arraigada de la defensa de los derechos humanos, de la separación de poderes y la independencia de la justicia. Cuando vi cómo Marruecos movía sus lobbies de presión en el Parlamento Europeo, ganaba una votación sobre el acuerdo de pesca en el que se incluía el territorio del Sahara Occidental en contra de la sentencia del Tribunal de Justica Europeo, allí me convencí de la falta de valores éticos y morales de esa institución que ha tomado medidas contra Catar para vetar su presencia en el Parlamento Europeo. Sin embargo votó recientemente en contra de investigar la corrupción que ha llevado a cabo Marruecos a través de su ex embajador en Polonia Abderrahim Atmoun que en la actualidad ejerce como diputado de un partido político próximo a la casa real Alauí. El diplomático marroquí había sobornado europarlamentarios para evitar la condena de su país en el tema de los derechos humanos.
La trama de corrupción en la que figura el eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri condecorado por Marruecos con el Wissam al-Mohammadi y que salpica al Grupo Socialista europeo. Grupo que ha bloqueado varias resoluciones y ha votado en contra de cualquier tema relacionado con el Sahara Occidental. Cuando la propia relatora de la ONU Mary Lawlor reconoció de forma pública la violencia que ejerce Marruecos contra los defensores saharauis de los derechos humanos.
Hay que recordar que Panzeri presidía la subcomisión del Magreb y de los derechos humanos en el Parlamento Europeo y ha sido recibido por Marruecos varias veces en agradecimiento al trabajo que hizo para ese país desde las instituciones europeas.
Lo que más me llama la atención de toda esta trama de corrupción que está investigando la fiscalía belga y ha recogido el diario Le Soir, es la impunidad con la que actúa Marruecos violando constantemente el derecho internacional y negándose a respetar los derechos más elementales en el Sahara Occidental.
El caso de la activista Sultana Jaya que vivió 557 días bajo arresto domiciliario. Golpeada y violada. Perdió un ojo en una manifestación a manos de la policía marroquí. Deja claro la actuación de Europa cuando se trata del Sahara Occidental. Parece que los derechos humanos tiene más sentido defenderlos en Ucrania, Cuba, Catar o Irán.
La lucha del pueblo saharaui por su dignidad supera la farsa y la hipocresía con la que algunos grupos políticos del Parlamento Europeo usan los premios Sájarov en función de los intereses de los lobbies que representan terceros países.
El difunto diplomático estadounidense Frank Rudy rechazó el soborno que le ofreció el rey Hasán II cuando trabajaba como vicepresidente de la misión de la ONU en el Sahara Occidental, su testimonio es la prueba evidente del chantaje de Marruecos en su política de compra de personas e instituciones para seguir torturando y condenado al pueblo saharaui a un exilio de 48 años.