Aunque las constituciones democráticas establecen que el sufragio debe ser secreto, libre e informado, lo cierto es que son muy pocos los países del mundo que pueden asegurar que sus ciudadanos ejercen un voto plenamente consciente de las alternativas que se le presentan. Sabemos que el poder de la propaganda y del dinero influye considerablemente en las decisiones populares y que la ignorancia masiva conspira contra el carácter republicano de estos procesos.

Se asume que en nuestro país son muchos los electores que concurren a votar nada más porque el derecho al sufragio se les ha hecho obligatorio, tanto así que en el último plebiscito se agregaron más de 5 millones de votantes que ciertamente muy poco sabían de qué se trataba la Carta Magna definida por la Convención Constitucional. Los que, en su desgano por la política y molestia por las demandas populares no satisfechas, terminaron desaprobando la nueva institucionalidad propuesta.

Asegurar que este rechazo no significa un voto de repudio al gobierno de Gabriel Boric sería peor que rendirse al rechazo del pueblo a la posibilidad de una nueva Constitución. En este sentido, el proceso institucional se habría clausurado, entonces, con ese más de 60 por ciento de votantes adversos, cuando apenas un año antes en un 80 por ciento el país animó el nuevo itinerario institucional.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, nos insta en una columna publicada por El Mercurio, a combatir la desinformación ciudadana, sin la cual a su juicio no serían posibles la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y la defensa del pluralismo como valor fundamental de la sociedad. Estando plenamente de acuerdo con ella es que pensamos que nuestras autoridades no han hecho lo posible por consolidar la diversidad informativa que debe caracterizar a las democracias, la que justamente se alimenta de un genuino pluralismo ideológico en los medios de comunicación. Hoy por hoy, los principales instrumentos en la educación y el libre albedrío de las personas.

Si el Régimen Militar clausuró y persiguió tan implacablemente a los medios de comunicación que no le eran afines fue, justamente, para mitigar la disidencia, para que los ciudadanos no tuvieran los conocimientos y alcances de la convicción de que la democracia era preferible a la Dictadura. Para que se mantuvieran desinformados de cuanto ocurría y se convencieran que lo que teníamos era de todas maneras mejor que el caos que imperaba en el mundo, según lo advertían majaderamente las principales autoridades de la época. De allí que la pertinacia y el riesgo asumido por los medios disidentes sea reconocido como un logro fundamental en la tarea de romper el bloqueo informativo, denunciar las violaciones sistemáticas de los DDHH y fomentar la recuperación democrática.

Camila Vallejo, pese a su juventud, seguramente tiene conocimiento de que paradójicamente todos los medios opositores a la Dictadura fueron desapareciendo durante los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Debe saber, también, como desde La Moneda nada se hizo para reforzar la presencia de estos diarios y revistas durante la Transición a la Democracia, lo que además fuera propuesto por altos funcionarios de los Países Bajos que nos visitaron con ocasión del cambio de mando. Sin sospechar siquiera que los propios aportes ofrecidos por este país y otras naciones europeas iban a ser impedidos por el propio gobierno de Patricio Aylwin, el que, además, no se allanó a que estos medios pudieran acceder siquiera a la publicidad estatal.

Por el contrario, lo que se comprobó después es que los nuevos gobernantes convinieron con El Mercurio, la Tercera y otros medios pro pinochetistas respetar y prolongar los contratos publicitarios y así salvarlos de sus inminentes quiebras y desaparición. Un gesto que le aseguró a los nuevos moradores de La Moneda un buen trato de parte de estos, al menos por algunos años. “La mejor política de comunicaciones es la que no se tiene” fue la hipócrita explicación de uno de los voceros del primer gobierno de la Concertación, después de asegurarle a los medios que fueron cómplices de la Dictadura una larga vida que se prolonga hasta hoy y se permite, incluso, ofrecerle tribuna a la joven ministra comunista del gobierno actual. Con el tiempo, resultó evidente que las nuevas autoridades optaron por una política de connivencia con la prensa derechista que arriesgarse a la crítica y las demandas que se le harían de parte del periodismo libre e inclaudicable.

Sabe también la ministra Vallejo que, además de hacerse cómplices de la desaparición de tantos medios que contribuían a la diversidad democrática, todos los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría litigaron ante el CIADI para impedir que el estado chileno indemnizara a los propietarios españoles del diario El Clarín por la decisión de Pinochet de clausurarlo y apoderarse de todos sus bienes. Un juicio que después de tres décadas le dio finalmente la razón a Víctor Pey y a la Fundación Presidente Allende y acaba de dictaminar la obligación de Chile de compensar a los dueños del matutino con varios millones de euros o dólares por el perjuicio ocasionado el que, sin duda, también representaba una grave transgresión a la libertad de prensa.

Mucho podría hacer la Ministra Secretaria General de Gobierno para que la actual administración no siga dilatando tan justo acto de reparación. Que se comprometa a mediar ante nuestro Jefe de Estado para que cumpla con la sentencia de este tribunal internacional. Con lo que, además, se posibilitaría la reaparición del diario que hasta hoy puede demostrar que es el de mayor circulación de nuestra historia, aunque en la actualidad está reducido solo a una versión electrónica.

La reaparición de Clarín sin duda contribuiría a la diversidad informativa que sigue tan ausente en nuestro sistema de medios, donde impera tanto la uniformidad de los contenidos de la TV, radio y periódicos, así como la desinformación popular señalada por la ministra en su columna. Podría alentar, con ello, a que se cumpla con lo que el mismo diputado Boric prometió respecto de este diario silenciado y que hoy busca reaparecer con la indemnización ya definida.