Se dice con insistencia que son los desaciertos de su propio Gobierno los que han afectado fundamentalmente la popularidad de Gabriel Boric. Según las encuestas, el Presidente estaría marcando solo un 25 por ciento de aceptación ciudadana, por lo que su índice de desaprobación se ha elevado considerablemente. Ningún jefe de estado de la posdictadura había perdido tanto respaldo popular en apenas ocho meses de gestión.
Los mismos sondeos indican que los chilenos están muy inconformes con los esfuerzos del Gobierno por encarar la inseguridad nacional, producto de los incesantes y cada vez más cruentos delitos cometidos por bandas de delincuentes a lo largo de todo el país. Al mismo tiempo, también aumentan las acciones violentas de las organizaciones mapuches en la zona macro sur del país, pese a los sucesivos estados de emergencia establecidos por el Ejecutivo en la Araucanía, gracias a los cuales ha podido implementar considerablemente el número de efectivos policiales y militares en estas tensas regiones.
La propia visita del Jefe de Estado a la Araucanía desplegó más de trescientos efectivos, nada más que para garantizar su propia integridad, con lo que se reconoce que la seguridad allí está en profunda crisis y que todas las acciones del Gobierno para pacificar la zona han resultado ineficaces. Bastó el solo anuncio de la hermética gira de Boric a la zona para que se provocaran nuevos atentados, la destrucción de más maquinarias e instalaciones forestales, varios incendios intencionales y el bloqueo de carreteras. Drones, vehículos policiales y armamento más sofisticado no parecen mitigar la violencia que existe allí y que tiende a expandirse a otras regiones.
También se reconoce que en la desaprobación del Presidente influye mucho la inflación y el encarecimiento de la vida, especialmente de los productos de primera necesidad. Las cifras oficiales indican que el poder adquisitivo de la población viene disminuyendo ostensiblemente y se teme el incremento de la cesantía y el trabajo informal. En relación a esto mismo proliferan las manifestaciones de repudio en contra de los abusivos cobros de las plazas de peaje, las acciones de protesta de los poderosos gremios de camioneros y otra serie de expresiones del malestar general. Entre ellas, la radical actitud de los estudiantes, especialmente de quienes pertenecen a los llamados colegios emblemáticos.
Es evidente que ha demorado demasiado la instalación del gobierno centro izquierdista debido a sus severas y manifiestas contradicciones y expectativas de sus propios integrantes. Ello ha retardado la tramitación de las importantes reformas prometidas durante la última campaña electoral. De allí que La Moneda ahora se proponga consolidar una única organización entre los más de 10 partidos que adhieren al Gobierno. Esto es, pertenecientes al socialismo democrático y el Frente Amplio.
Pero la creación de una superestructura nada garantiza la armonía de sus integrantes, toda vez que entre el Partido Comunista y las expresiones socialdemócratas parecen prevalecer diferencias más históricas que puntuales, las que son hábilmente acicateadas por la oposición y los medios de comunicación adictos.
El Ejecutivo acaba de solicitar una rápida y urgente tramitación parlamentaria de un nuevo sistema previsional y ya hará lo propio con su Reforma Tributaria. Ambas iniciativas son altamente decisivas para la suerte de la actual administración y la esperanza de los chilenos de ver mejorados a la brevedad sus salarios y pensiones.
Es poco probable que el Poder Legislativo, donde los parlamentarios oficialistas son minoría, le dé rápida tramitación a los proyectos gubernamentales, toda vez que ambas reformas tocan al corazón del sistema económico vigente defendido tan a ultranza por la derecha. Sumado el hecho de que los numerosos poderes fácticos se desgañitan por impedir el término del sistema de las administraciones de fondos de pensiones (AFP), como se demuestran renuentes también a elevar los impuestos de los que tienen más, y sin cuya recaudación fiscal difícilmente el país podrá avanzar en mayor equidad distributiva.
En efecto, la derecha busca disimular su tajante oposición a un cambio de paradigma económico. Sus partidos y dirigentes saben, más allá de la desaprobación ciudadana que afecta al Mandatario, que una enorme mayoría de chilenos está a la espera de los beneficios que les puede significar la promulgación de estas dos reformas. Todos saben, al mismo tiempo, que la derrota que afectó al oficialismo el plebiscito que desaprobó la propuesta de nueva Constitución, no sería impedimento para la consecución de las demandas económico sociales. De esta manera, es previsible suponer, entonces, que si logra el Gobierno la consolidación de estas reformas, recupere en varios puntos su credibilidad.
Lo que se avecina, sin duda, es una guerrilla al interior del Poder Legislativo, en que la oposición quemará todos sus cartuchos por demorar y abortar las dos grandes iniciativas gubernamentales, a pesar que una parte de la derecha dice estar dispuesta a negociar con La Moneda su aprobación. Sin embargo, la confianza que expresa el Gobierno en conquistar el apoyo de los independientes, los demócrata cristianos y el Partido del Pueblo, representados también en el Congreso, al parecer no aseguraría su aprobación definitiva, sin que también logre seducir a la derecha menos recalcitrante.
Sería realmente ingenuo pensar que, después de tres décadas de dilaciones e intentos fracasados, el régimen neoliberal pueda extinguirse y dar curso un “modelo social de mercado”, como lo proclaman muchos legisladores, pero sin definir a ciencia cierta qué entienden con ello. Ya sabemos la enorme presión ejercida por los dueños de las actuales AFPs, a los que se suman los influyentes propietarios de las isapres que tanto se favorecen del sistema de salud privado, además de los bancos y los consorcios extranjeros que tienen invertidos sus ingentes capitales en estas entidades.
En estas últimas semanas hemos comprobado de parte de las grandes patronales su aversión a las reformas planteadas. Sus más arrogantes voceros, en el ánimo de defender sus bolsillos, pretextan el evidente clima de inseguridad y violencia, para insinuar la posibilidad de recurrir nuevamente a las Fuerzas Armadas a fin de desestabilizar el régimen institucional.
Sería un error del Gobierno insistir en un diálogo con la derecha para consensuar sus reformas, toda vez que en estas dos materias esto parece muy improbable de parte de sectores retardatarios y probada insensibilidad social. Como en todas las grandes transformaciones político sociales, los actuales moradores de La Moneda deben hacer esfuerzos por acompañarse del pueblo, incentivar sus movilizaciones y, con ellas, conjurar los intentos subversivos de la derecha. En ningún caso ceder ante las exhortaciones de quienes buscan seguir militarizando la Araucanía y extender la presencia de los uniformados donde se manifieste malestar y voluntad de cambios.
Tenemos la convicción que resolver la crisis del Wallmapu inevitablemente pasa por acceder a las demandas históricas de los mapuches de obtener su plena identidad y reconocimiento. Junto con recuperarles aquellos cientos de miles de hectáreas arrebatadas por el Estado chileno y los inversionistas privados y extranjeros. Asumiendo, también, como ha ocurrido en otros intentos de pacificación, que las armas no bastan, salvo si se tratara francamente de acometer el genocidio de nuestras etnias.
