Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales rechazan la megaminería de litio. Afirman que destruye ecosistemas vitales contra el cambio climático, viola derechos humanos, pone en riesgo el agua y desmienten que se trate de un mineral necesario para la «transición energética», como se lo suele publicitar.
«Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua». Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. «¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio», remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugurada en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio. En la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).
«Ya secaron el río Trapiche y no vamos a permitir que sigan haciendo eso», denuncia el cacique Guitián. Se refiere a la avanzada extractiva: en 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation. Y presentó la ampliación de la explotación, para lo cual requiere grandes volúmenes de agua que pretende obtener del río Los Patos. Propuso la realización de pozos de bombeo para obtener 650.000 litros de agua por hora y transportar el caudal a través de un acueducto.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Catamarca denuncian que está en riesgo el caudal del río, imprescindible para la vida del lugar. «El informe ambiental del acueducto tuvo 19 observaciones e igual el gobierno provincial autorizó la obra. Tampoco se respetaron los derechos indígenas, no hubo consulta ni consentimiento, como dice la ley. Operan ilegalmente», denuncia el cacique Guitián. De similar manera se posicionan desde la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa), organización de familias productoras que rechaza la explotación de litio porque «atenta contra la cultura y forma de vida campesina».
Fiambalá, a 300 kilómetros al noroeste de la capital provincial, es muy conocida por sus atractivos turísticos y su historia de agricultura. Todo comenzó a cambiar en 2016 con la llegada de la empresa Liex, subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para el proyecto de explotación de litio llamado «Tres Quebradas». En 2021, en acuerdo con el gobierno provincial y nacional, tomó reimpulso con la multinacional china Zijing Mining.
Yolanda Espinoza es parte de la Asamblea Fiambalá Despierta. «No aceptamos la imposición de un modelo extractivista ajeno a nuestras formas de vida. Atenta contra nuestras economías regionales. Y es imprescindible denunciar que el proyecto Tres Quebradas, de minería de litio, está instalado en sitio Ramsar, donde hay salares y lagunas altoandinas de gran importancia ecológica para la zona», afirma. Y resume: «Las empresas mineras cuentan con la complicidad de los gobernantes, tanto municipales como provinciales». Pide precisar nombres: la intendenta Roxana Paulón y el gobernador Raúl Jalil.
Desde la Asamblea denuncian falta de información respecto a los impactos de la explotación de litio, la ausencia de participación ciudadana, la violación de la Ley de Glaciares y exigen la aprobación de la Ley de Humedales. Recuerdan que los salares (donde se encuentra el litio) son también humedales. De allí que que entre los grandes opositores a la protección de humedales –además de sectores del agronegocio– están las mineras y los gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta.
La compañía china ya comenzó la construcción de la plata de tratamiento químico, a solo cuatro kilómetros del pueblo. «Está en la orilla misma de Fiambalá, en tierras cedidas por la intendenta Paulón», cuestiona la asambleísta.
«Pucará» es la sigla de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, que reúne a asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia. Verónica Gostissa integra Pucará y señala que en la década del 90 podía haber cierta ilusión respecto al «desarrollo» que prometía la megaminería porque era algo nuevo para la provincia. «Tres décadas después es ridículo que nos quieran hacer creer en las supuestas bondades que traería el proyecto MARA o la explotación de litio. Esta película ya la vimos. Los territorios ya saben lo que implica la marinería y por eso el rechazo es total», explica.
Desde Pucará trabajan respecto al mito de la «transición energética» de la mano del litio, como una supuesta solución a la crisis climática: «Es mentira que el litio es parte de una ‘transición energética verde’ (para utilizar menos petróleo). Porque la minería de litio implica la destrucción de salares y lagunas altoandinas, claves para combatir la crisis climática». Gostissa hace especial hincapié en la vulneración de derechos y tiende un vínculo con el pasado y el presente: «Desde los territorios que luchamos contra el extractivismo decimos que ‘memoria, verdad y justicia’ tiene que poder aplicarse no solo a los años de la dictadura cívico-militar, sino que tiene que aplicarse a los desastres ambientales, al ecocidio que sucede de la mano de gobiernos y multinacionales, es un modelo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y no se puede mirar para otro lado».
«El agua es de los pueblos»
«Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca», es el título de la investigación de la organización BePe, de Catamarca. En 50 páginas detalla que el proyecto minero vulnera leyes ambientales (como la Ley General del Ambiente), la legislación indígena (Convenio 169 de la OIT) e incluso vulnera acuerdos internacionales como el Convenio Ramsar y el Acuerdo de Escazú. Y alerta por la falta de estudios respecto al impacto de la explotación en el agua.
Desde la Asamblea Fiambalá Despierta hacen eje en el mismo punto. Explican que el proyecto Tres Quebradas pone en riesgo la Cuenca de Abaucán, que alimenta de agua a todos los pueblos de la zona. «La minería consume millones de litros de agua por día. Y esta es una zona árida. No queremos ser un pueblo sacrificable, no creemos en las falsas promesas. El agua es de los pueblos, por eso no queremos a las mineras», resume la asambleísta Yolanda Espinoza.
