El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel tenía 22 años y recibió un disparo letal por la espalda. La bala de plomo salió de un arma reglamentaria del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Sucedió en medio de un descomunal operativo de desalojo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. A cinco años del crimen, aún no hubo justicia.
Por Florencia Yanniello, desde Bariloche/Agencia Tierra Viva
De la Conquista del Desierto a Patricia Bullrich y Aníbal Fernández
Dos meses antes del asesinato de Rafael Nahuel, la comunidad había recuperado ese territorio ancestral, que en la configuración de los años posteriores a la llamada Conquista del Desierto quedó bajo la órbita del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Con la orden del juez federal Gustavo Villanueva, más de 200 efectivos federales de distintas fuerzas, con tanquetas y un helicóptero, reprimieron y detuvieron a integrantes de la comunidad.
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) relatan que, dos días después del operativo inicial, personal del Grupo Albatros se adentró en la comunidad, persiguiendo a quienes habían buscado refugio allí. “Con un total de 114 disparos efectuados por los prefectos, contra el pequeño grupo desarmado, Rafael cayó herido cuando intentaba escapar al ataque”, señalan desde la organización de Derechos Humanos.
Hoy Rafael Nahuel tendría 27 años. Su nombre pasó a ser parte de la lista de las personas mapuche asesinadas y, su imagen, símbolo de los casos de gatillo fácil y abusos de las fuerzas de seguridad en la Patagonia.
En octubre de este año, la comunidad a la que pertenecía volvió a sufrir un violento desalojo en el cual fueron detenidas siete mujeres, de las cuales cuatro aún continúan detenidas junto a sus hijos e hijas.
“Habíamos empezado a recuperar y construir nuestra identidad”
“A nivel personal y familiar esta fecha me genera muchas emociones y sentimientos encontrados. Vuelvo a recordar el atropello que vivimos en aquel desalojo, se remueve todo y se vuelve a vivir”, cuenta Betiana Colhuan Nahuel, machi (autoridad en salud) de la comunidad Lafken Winkul Mapu y prima hermana de Rafael, con quien se llevaba cuatro años.
“Nosotros éramos muy cercanos, muy allegados. Como primos, además, teníamos una amistad, un cariño muy grande y también un conjunto de pensamientos y de sueños a la par”, relata la machi desde su prisión domiciliaria en Bariloche, en donde está desde el 4 de octubre junto a sus dos hijos. “Habíamos empezado a recuperar y construir nuestra identidad. Estábamos en el mismo camino de reafirmarnos como jóvenes mapuche. Los dos somos salidos de barrios marginados y estábamos en este retorno al territorio que nos dio bienestar y salud”, agrega.
Colhuan Nahuel cuenta que el regreso al territorio recuperado les permitió tener un proyecto de vida, poder desarrollar su espiritualidad, trabajar la tierra y encontrarse con sus orígenes. “Siempre fuimos conscientes de dónde veníamos, de lo que pasaron nuestros antepasados. El Estado nos margina, oprime y empobrece como pueblo. Y en 2017 volvimos a lo mismo: un asesinato por la espalda, en esta actualidad que se dice democrática, después de haber pasado una dictadura militar”, denuncia.
Rafael Nahuel y el Poder Judicial: una causa lenta que intenta desmovilizar
El proceso judicial que se inició con el crimen de Rafael demoró años en llegar a la etapa de juicio. Incluyó tres pericias balísticas, fundamentadas porque no se lograba determinar de qué arma provenía el proyectil que lo mató. El caso atravesó diversas instancias en este tiempo y desde la Correpi denuncian que hubo “constantes entorpecimientos”.
En enero de 2019 el juez federal Leónidas Moldes procesó a cinco integrantes del Grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. En un primer momento el acusado principal fue Pintos, aunque luego la situación mutó y el disparo mortal fue atribuido al prefecto Cavia, acusado como autor penalmente responsable del crimen, mientras que los demás están acusados como “partícipes necesarios”.
Actualmente, luego de terminadas las etapas de instrucción y rechazadas las nulidades planteadas por la defensa de los efectivos, la causa se encuentra en condiciones de ir a juicio. Según los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, querellantes junto a los padres de Rafael Nahuel, se trata de la etapa más importante del proceso. “Mantendremos la postura de que deben ser procesados por homicidio agravado, frente a la postura de la Fiscalía y la defensa que señalan que se trata de un ‘homicidio con exceso en la legítima defensa’. Es la típica postura en los juicios de gatillo fácil y violencia institucional”, señala Sebastián Feudal, abogado de la APDH.
En 2021 se sumó también como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante el pedido de su titular, Horacio Pietragalla Corti. “La incorporación de la Secretaría en la querella es un apoyo importante desde lo político, legal y lo logístico”, señala Feudal. En relación a la demora en las distintas instancias que tuvo la causa, el abogado de la APDH plantea: “La lectura política que hacemos es que la lentitud de la causa intenta que la familia se desmoralice y se desmovilicen quienes buscan una solución justa”.
Pasan los años, sigue la impunidad
Además del asesinato de Nahuel, en 2017 se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut, en la Lof en Resistencia de Cushamen. La comunidad volvió a estar presente en la agenda pública en octubre de este año y se reactivó una campaña de odio hacia el Pueblo Mapuche, encabezada por el llamado Consenso Bariloche (mesa conformada por abogados, funcionarios y “damnificados” por los conflictos de tierras en la región, con una fuerte impronta anti-mapuche). A este contexto, se sumó el asesinato de Elías Garay en la comunidad de Quemquemtreu, en Cuesta del Ternero, paraje cercano a El Bolsón, en septiembre de 2021.
“Hoy volvemos a sentir el despojo, como en el 2017. La diferencia más grande es que en ese momento lo teníamos a Rafa y hoy no lo tenemos y que cambió el Gobierno de turno, pero siguen favoreciendo a los empresarios y a todo aquel que quiera la explotación de los territorios”, denuncia Betiana Colhuan Nahuel.
En el marco del aniversario por los cinco años del asesinato, en Bariloche se realizará un encuentro “para conversar, recordar y debatir” que comienza hoy, 25 de noviembre, continúa el 26 con una ceremonia en el lago Nahuel Huapi y termina el domingo 27. Los primeros dos días podrán participar solamente personas mapuche y el domingo se abre el encuentro para gente no mapuche: organizaciones sociales, colectivos, medios y “quienes acompañen la defensa de los territorios”.
“A Rafa Nahuel lo mataron y no está su cuerpo, pero su espíritu aún vive en el territorio. Es por eso que nosotros no vamos a renunciar a la lucha para volver y reencontrarnos, porque no lo podemos abandonar”, manifiesta Colhuan Nahuel y afirma: “Nosotras hoy estamos en esta prisión domiciliaria y la asumimos con la cabeza en alto, porque sabemos que es parte de esta lucha por ser Mapuche. El espíritu de Rafa nos acompaña para seguir con dignidad”.
