Ante el anuncio inminente de la propuesta de reforma previsional del gobierno chileno, la información que tenemos da cuenta que ésta está lejos de lo que se esperaba y mucho más aún, de significar una verdadera solución en materia de seguridad social para el país, en la medida que se profundiza el abuso contra los trabajadores y se mantiene el desvío de cotizaciones al gran empresariado.

Por Luis Messina – Vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP.

Algunas consideraciones:

1.- Las AFP no desaparecen, cambian de nombre y se “descreman”, es decir, los actuales costos que tienen por administrar los fondos (recaudar, pagar, propaganda, oficinas, vendedores) conocidos como el soporte, los asumirá el Instituto de Previsión Social (IPS), o sea, se liberarán de esos gastos y se concentrarán en la gestión de inversión del ahorro acumulado.

2.- El Estado creará una nueva institución, una “gestoras de inversión pública” que competirá con las AFP llamadas “gestoras de inversión privada”. Dado que el ahorro acumulado seguirá bajo la capitalización individual, se continuará bajo la lógica de rentabilizar el ahorro invirtiendo en instrumentos financieros cuyas consecuencias, por el riesgo implícito que conlleva, ya los conocemos.

Las nuevas “gestoras privadas” (ex-AFP) tienen más experticia en la materia. Por tanto, obligarán a la “gestora pública» de inversión a competir buscando rentabilizar mejor los fondos administrados, con lo cual obligará a subcontratar expertos (fondos de inversión) y eso no será gratis, de nuevo aparecen las comisiones de intermediación.

3.- No es efectivo que el ahorro acumulado (stock actual de MUS$148,8 millones) pasará automáticamente a este nuevo ente público que disputará la administración del 10,5% con las entidades privadas, de hecho, a diferencia del 6%, en este caso por defecto, todos seguirán permaneciendo en el ente privado (AFP convertidas en gestoras), y para cambiarse deberán individualmente elegir a la gestora pública que cobrará, insisto, directa o indirectamente comisiones.

4.- Lo de las comisiones aún no está claro cómo y de qué manera se financiará el nuevo “gestor público”. Es probable que licite la gestión a entidades privadas. Al subcontratar esa gestión a inversionistas privados, habrá que pagar y lo hará con una comisión directa a los y las trabajadoras o, a través de comisiones de intermediación (comisiones fantasmas), o sea, cargando al fondo.

5.- El aumento del 10% a 10,5% les aumentará el flujo de capital a las (AFP) o gestoras de inversión. En vez de disminuir su participación en el negocio se les aumenta, y se aumenta el flujo hacia el mercado de capitales que es en realidad lo qué hay detrás de esta propuesta, mantener e incrementar el ahorro para potenciar el mercado financiero. No es efectivo, por tanto, que no habrá más AFP, habrá más y se les aumentará el flujo.

Que una cosa cambie de nombre; pero, siga haciendo lo mismo no es un cambio. No hay que subestimar a las y los trabajadores.

6.- Tampoco es efectivo que el 6% íntegramente vaya a un fondo común. De hecho, la propuesta del gobierno es que un 70% de ese porcentaje irá a un registro contable (cuenta nocional) y el 30% a un fondo común. De este último %, se financiaría como ellos dicen, las brechas de género y las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

7.- Poco se dice de la PGU que debiera subir a $250 mil. Ésta se financiará con recursos públicos lo que es regresivo toda vez que los más ricos no quieren subir los impuestos, por tanto, otra vez se obtendrán del impuesto más regresivo, el IVA. Ciertamente, la PGU que creó Piñera tenía un sentido, al aumentar la cobertura en un 50% pasando de 60% a 90% y aumentando los montos, se convertía en un segundo “respirador artificial” al sistema. El primero bajo la presidenta Bachelet cuando se creó el “pilar solidario” (obra de Marcel), ahora vienen a perfeccionar el segundo gran “respirador artificial” (también obra de Marcel) a través de la PGU, pues permitirá descomprimir la presión social por un tiempo, al aumentar el monto de las pensiones de los sectores más pobres, en especial las del Pilar NO CONTRIBUTIVO; pero, con recursos públicos.

8.- Tampoco se dice nada de otra decisión súper regresiva; pero además inmoral cómo es eliminar el Retiro Programado en beneficio de las Compañías de Seguro.

a. Obligar a comprar una renta vitalicia es favorecer a hombres; pero, especialmente a mujeres que viven en comunas ricas, respecto de las pobres. Existe un dato que las mujeres de Vitacura comparadas con las de comunas pobres viven 17 años más.

b. El negocio continúa, ahora más descarado, se les transferirá todo el stock acumulado a las compañías de seguro, para que ellas administren y al final, cuando los trabajadores se pensiones le endosarán todo el ahorro acumulado.

De aprobarse esta propuesta, entre las compañías beneficiadas se encuentran Metlife dueña de AFP Provida; Principal dueña de AFP Cuprum, Prudential junto a la CCHC dueña de AFP Hábitat y los grupos nacionales como BiceVida, Consorcio, Grupo Penta.

9.- En esta propuesta del gobierno las AFP y los más ricos del país no pondrán nada.

10.- Cabe preguntarse y es legítimo hacerlo, de qué sirve entonces cotizar (sea el 10% actual o 16,5% en el futuro) si al final, el ahorro individual y rentabilidad serán insuficientes para autofinanciar una pensión y al final será la PGU, o sea el Estado la que aportará más a las pensiones. A los trabajadores pobres y a los sectores medios, en realidad no les conviene este sistema por ninguna parte.
Existen sólo dos maneras de garantizar un sistema de pensiones suficientes:

a. Con reparto, donde todos solidarizamos entre todos.

b. Con impuestos, ello significa que es necesario aumentar la carga tributaria a los más ricos y al capital financiero.

En definitiva, más de lo mismo, incluso puede ser peor.