Globalización y destrucción del Estado
En el último cuarto de este siglo se dio inicio a la instalación global de la teoría política y económica, que ha venido transformando al mundo, denominada neoliberalismo. Está nueva forma de pensar lo económico, dónde el concepto de mercado se integra a todas las áreas de la sociedad, reduciendo al mínimo la intervención del Estado.
Los pilares fundamentales del neoliberalismo son la privatización y la desregulación, en un proceso de aceleración y desarrollo de las fuerzas productivas a niveles impresionantes, pero también una ola expansiva y de dominación de un sistema financiero especulativo, estableciendo niveles crecientes de desigualdades entre los países desarrollados y subdesarrollados.
A nivel país, esto impacta con efectos sociales nefastos, como una institucionalidad fallida de todos los poderes del Estado, con una derivada de autoritarismo para gobernar.
En los territorios, se manifiesta en la instalación normalizada de la segregación urbana, lo que conlleva el deterioro, dispersión y fragmentación de la vida en las ciudades; la crisis ecológica, y el aumento exponencial y descontrolado de la violencia y la inseguridad ciudadana; todo lo cual día a día hace evidente el deterioro exponencial en los diferentes ámbitos de la existencia humana.

Las evidencias en Chile: El fraccionamiento del sector artesanal y las grandes riquezas de las industrias pesqueras
A principios de año la justicia condenó a un exsenador a cinco años de cárcel por cohecho y fraude al fisco por el caso Corpesca. La investigación realizada comprobó ilícitos que involucró a la clase política y dónde queda en evidencia los pauteos realizados por las grandes empresas sobre las materias legislativas a discutir.
La crítica más fuerte realizada a la Ley de Pesca, ley involucrada en este fallo de la justicia, es a la fragmentación de la cuota de pesca entregadas en una amplia proporción a las industriales siendo un
ejemplo la pesca de jurel que queda en un 90% , entre Arica y Palena, para los industriales y el 10% para los artesanales.
De igual forma se cuestiona la duración de derechos que es de 20 años, con la posibilidad sucesiva y sin dificultades de renovación por 20 años más. Estos derechos, recibidos casi gratuitamente, se concentran específicamente en las empresas correspondientes a los cinco conglomerados pesqueros (Grupo Alimar, Corpesca, Blumar, Camanchaca, Orizon) que estaban en el centro de la polémica, mientras se tramitaba la ley, y que pertenecen a las cinco familias catalogadas cómo “ dueñas del mar chileno” Angelini, Izquierdo, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Lecaros y Fernández, y cuyas ganancias en la actualidad, equivalen a miles de millones de dólares en valor mercado gracias a estas concesiones.

Esta situación es una acción concertada para la concentración de riquezas en manos de unos pocos, en desmedro de la mayoría y deja a un número importante de trabajadores con fuentes laborales
precarizadas y en riesgo de desaparecer, y paralelamente propicia el deterioro del medio ambiente, todos efectos propios del sistema económico neoliberal.

Otro caso: La inseguridad ciudadana crece a la par del negocio de las alarmas y sus derivados
De la mano de los avances tecnológicos y de la constante exposición día a día, en los medios de comunicación de hechos de violencia, que amplifican la sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía, el negocio de alarmas, seguros, cámaras, drones, etc., y cualquier sistema de seguridad para los hogares está en su mejor momento. La necesidad de la gente de sentirse más segura en sus casas explica el fuerte incremento de una demanda que todavía no encuentra su techo.
“El negocio está en pleno crecimiento. La venta de alarmas de Verisure se ha incrementado en un 200% en relación con julio de 2021, llegando con nuestro servicio de protección a más de 20.000 clientes.
Esperamos que este número mantenga la tendencia en los próximos meses”, asegura el director general de Verisure Argentina, compañía proveedora de alarmas monitoreadas para los hogares y los comercios con operaciones en países de Europa y América Latina.
Sin embargo, en Chile, el registro de alarmas del 2008 informo 377.457 alarmas, de las que el 90% eran falsas, según datos de las propias empresas. Luego la aplicación en el 2012 de la Ley de Seguridad Privada redujo estas a 20.600. Este exceso y algunos impedimentos legales dificultan la plena eficiencia de estos sistemas, cuya diversidad y accesibilidad dependen igualmente del nivel socioeconómico, merman la capacidad de respuesta ante alertas reales, dejándonos la incógnita permanente de que si efectivamente dan solución a un problema real o solo tienen un efecto placebo cuyo trasfondo es lucrar con una necesidad humana, lógica de la oferta y la demanda muy propia del neoliberalismo.

Un Estado fallido: Las entidades con sello autoritario y la vulneración de derechos
El estallido social del 2019 evidenció todas las problemáticas sociales permanentes, que ni los gobiernos anteriores ni el actual a la fecha han logrado abordar y menos resolver. En este contexto, el
cuestionamiento a las entidades que manejan el poder es elocuente, y de sobre manera a aquellas involucradas en temas poco éticos cómo las grandes empresas, algunas personalidades políticas, las
entidades estatales o privadas y las fuerzas armadas, estás últimas custodias de la seguridad de un país y de su gente, a pesar de su sello jerárquico y autoritario, y una de las cuales hoy se encuentra ad portas de una querella judicial.
El reciente lunes 14, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, encabezado actualmente por Consuelo Contreras, y que durante la dirección de Sergio Micco acordará por unanimidad interponer una querella contra los altos mandos de Carabineros, aprobó por siete votos contra dos, el texto de la acción judicial.
Se indica que en el período entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019, jefaturas de la institución policial, a pesar de estar en conocimientos de los ataques, la violencia, las amenazas, el
hostigamiento y el uso desmedido de la fuerza, principalmente de Carabineros, no dictaron órdenes que hubiesen podido frenar este accionar y disminuir el daño físico y moral de un sin número de
compatriotas.
Según el texto se busca que “se cumpla con las obligaciones estatales relativas a la investigación y sanción de estas graves violaciones de derechos, procurando perseguir una de las dimensiones de la
responsabilidad penal, la de los mandos policiales, que en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019 omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios
ilegítimos y otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición de hacerlo”.
Los generales Mauricio Rodríguez, exjefe Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, exjefe Zona Santiago Este; Jorge Ávila, exjefe de la Zona Control Orden Público e Intervención; Jorge Valenzuela, exdirector nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Jean Camus, exdirector de Logística; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste, y Hugo Zenteno, exjefe de la V Zona Valparaíso más el otrora general director Mario Rozas, quien recibió un informe con las situaciones que se presentaron hasta el 30 de octubre de 2019, son a quienes la Contraloría les imputo un conjunto de infracciones a la normativa que fija los marcos y protocolos de actuación de esta entidad.
La presentación de esta querella tiene como objetivo dar cumplimiento a la obligación estatal de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y cumplir con las recomendaciones, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propósito de la crisis social, en relación a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar pronta, adecuada y efectivamente todas las situaciones y responsables de vulneración de derechos en el contexto de las movilizaciones ciudadanas y que son el resultado del accionar violento y autoritario de instituciones jerárquicas y bélicas.

La defensa del futuro que queremos
A partir de lo expuesto y tras un simple análisis, podemos señalar que, si bien es cierto, la prosperidad económica es importante para el desarrollo de un país y de sus habitantes, la instalación en una
sociedad del dinero como valor central, con toda la concentración de poder que conlleva, se aleja sustancialmente de lo que la ciudadanía reclama y requiere en estos tiempos.
Basar la grandeza del ser humano en la capacidad que tiene para generar ingresos monetarios, ha aumentado progresivamente el individualismo enfermizo, la delincuencia en todos los estratos sociales en diferentes escalas, y la competencia por ganar y poseer de cualquier manera, donde priman la inhumanidad, la codicia, la avaricia y la corrupción que provoca mayor desigualdad, inequidad e injusticia en nuestra sociedad, lo que aviva en la población consciente una lucha diaria por revertir los males del monstruo llamado neoliberalismo.
El ser humano debe ser siempre el valor central de cualquier sociedad. Nuestro llamado es a cambiar el paradigma de este momento histórico, buscando un punto de inflexión que cambie la globalización uniformante y de pensamiento único, por una mundialización que valore la convergencia de lo diverso, avanzado con ello hacia una futura nación humana universal.

 

Redacción colaborativa M. Angélica Alvear Montecinos; Gladys Mendoza Jaque y Guillermo Garcés Parada. Comisión política.