Antecedentes:
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos realizó una visita in situ en las afueras de la Penitenciaría del Litoral el miércoles 5 de octubre de 2022 desde la 1 de la tarde, debido a denuncias sobre altercados violentos dentro del centro penitenciario. El objetivo fue identificar la situación de los familiares de personas en prisión, quienes se encontraban en los exteriores exigiendo información respecto a sus parientes.
De primera mano, evidenciamos una falta de respuesta a las familias, únicamente se encontraba el personal de la fuerza policial quienes, de acuerdo a testimonios de familiares y observación directa, se “burlaban” de sus exigencias. Este hecho causó indignación, y ellas comenzaron a gritar consignas mientras otras entraban en llanto y desesperación por falta de respuestas.
Repentinamente, la fuerza policial desalojó ejerciendo un uso desproporcionado de la fuerza a las familias que se encontraban en el lugar. Este hecho, representa una clara represión a quienes exigían respuestas. Lanzaban gases lacrimógenos al rostro de las familias y acorralaron e intimidaron a periodistas que se encontraban cubriendo estos acontecimientos. En ese momento, Fernando Bastias, del equipo del CDH exigió a los policías que se detuvieran y que llamaran a una ambulancia porque habían personas heridas producto del gas. La respuesta de los agentes de la Policía fueron expresiones que minimizaban el reclamo.
Luego de contener a las mujeres heridas, decenas de familiares comenzaron a llegar para seguir exigiendo información, que hasta ese momento no recibían. En varios escenarios, las familias recibían videos dentro de la Penitenciaría y se desmayaban de la angustia y desesperación. A pesar que el equipo del CDH exigía la presencia de ambulancias, no hubo respuestas favorables. Las familias continuaron rompiendo en llanto a las afueras de la penitenciaría de forma progresiva.
Posterior a eso, se le notificó al CDH de la existencia de presos heridos que necesitaban atención urgente y que pedían al comandante de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) acciones, la que fue negada según testimonios de personas en prisión. Este hecho fue informado a la Secretaría de Derechos Humanos quien posteriormente informó al Gobernador del Guayas, quien tampoco dio respuestas. Después de hora y media se logró, por presión de las familiares de los presos, que se brindara esta atención.
A las ocho de la noche, las familias realizaron una “Vigilia por la Paz” donde encendieron velas y exigieron información de sus familiares a través de consignas, carteles y llantos. Posterior a eso, cerraron la calle Vía Daule frente a la Penitenciaría y exigieron la presencia de un funcionario del SNAI para que dé respuestas sobre lo que ocurría dentro de la prisión. Sin embargo, estas fueron respondidas con represión usando caballos para dispersar a las familias, a pesar de que eso está prohibido por la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza.
Luego de eso, personal de la Policía anunció que en 30 minutos saldría un funcionario del SNAI para dar declaraciones a las familias, con la condición de que no se cerrara la calle, lo que fue aceptado por las familias. Desde ese momento, ellas se mantuvieron esperando la información prometida.
Minutos después, un funcionario de la Policía Nacional sin motivo comenzó a gasear a una mujer que estaba a la espera de información de su familiar, por lo que ésta se defendió y su hijo acudió también en su defensa. Inmediatamente, decenas de policías atrincheraron a ambas personas echándoles más gas lacrimógeno, empujándolas y amenazándolas. Luego, mientras ella intentó huir, un policía comenzó a perseguirla y cuando la alcanzó, la pateó en la cara y le echó más gas. Lo mismo ocurrió con otros familiares. Los comentarios de la Policía Nacional mientras agredían y perseguían a mujeres familiares con gas y toletes, algunas en estado de embarazo, fueron “Muérete hija de puta, tú y tu hijo, concha de tu madre”; “Esto somos la policía”; “Los vamos a meter a la cárcel”; “Quieres estar allá dentro para que veas lo que te pasa”.
Mientras la prensa intentaba cubrir estos acontecimientos, la Policía se les acercó buscando intimidarlos diciéndoles que apaguen la cámara que ahora ‘‘harían su trabajo’’.
Paralelamente a aquello, el equipo del CDH resultó agredido, en especial Billy Navarrete y Vivian Cartagena, quien recibió gas directamente al rostro por parte del agente Policial. Ambos recibieron amenazas contra su integridad física y libertad. Esto, a pesar de haberse identificado públicamente como miembros de un organismo de Derechos Humanos.
Conclusiones:
1. Para el CDH en ninguna masacre carcelaria ha existido una “recuperación del control”. La dinámica del Estado es dejar que dentro de las cárceles mueran las personas y luego de los disturbios ingresan. Esto lo corroboramos luego de haber estado 9 horas fuera de la Penitenciaría y conocer de primera mano que las fuerzas públicas no estaban ingresando a los pabellones para realizar la respectiva contención. Además, las mismas personas privadas de libertad, hasta horas de la noche, exigían a sus familiares que pidan el ingreso de policías y militares.
2. El ataque represivo y desproporcional que recibieron periodistas, equipo del CDH y las familias, constituyen graves violaciones a los derechos humanos por cuanto la intención de la Policía Nacional fue generar un daño a quienes nos encontrábamos presentes. Gas lacrimógeno directo al rostro, patadas en la cara a mujeres familiares de personas en prisión, amenazas contra la integridad, vida y libertad de las personas defensoras de Derechos Humanos integrantes del CDH, es algo que no debe quedar impune.
3. Afirmamos también que las familias de las personas privadas de libertad son VÍCTIMAS DE TORTURA. Desde el día uno, cuando su pariente ingresa a prisión, ellas deben pasar por un camino de tormento debido a múltiples extorsiones. Además, cuando ingresan a visitar a sus familiares en prisión sufren cateos íntimos degradantes. Lo único que han recibido ellas son medidas represivas y amenazas. Los tratos que está ejerciendo el Estado contra ellas, constituirán un claro escenario de TORTURA que será denunciado respectivamente ante organismos nacionales e internacionales.
4. Alertamos que las condiciones de las masacres carcelarias que son escenarios recurrentes, predeterminados y que ocurren bajo la permisividad del Estado por acción y omisión, constituyen un escenario de GENOCIDIO.
Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, hacemos responsable al presidente Guillermo Lasso por la integridad personal y la vida de las y los integrantes del equipo del CDH quienes han sido expuestos a amenazas contra la vida, integridad y libertad por parte de fuerzas policiales. Así mismo, señalamos que el Estado es responsable de las masacres carcelarias, del sufrimiento y agresión permanente ejercida hacia las familias de las personas en prisión las cuales merecen una debida reparación integral.
Finalmente, mantenemos nuestro compromiso permanente en luchar por un mundo más justo, equitativo, menos violento y donde la desigualdad y la pobreza no sean causas para morir violentamente en manos de quienes deberían garantizar la vida.
¡Que vivan las y los que luchan! ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!
Ver corto documental «Vigilia y represión en exteriores de la Penitenciaría»
CDH, 2022, 1minuto33segundos
Sinopsis: El miércoles 5 de octubre del 2022 en exteriores de la Penitenciaria del Litoral se realizó vigilia de familias de personas privadas de libertad en circunstancias que se registran hechos violentos dentro del centro carcelario. Posteriormente registra fuerte represión policial contra familias, especialmente mujeres, periodistas y miembros del equipo del CDH.
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