Fuente: América XXI.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este martes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la república, Pedro Castillo.
Lo acusa de organización criminal y tráfico de influencias, entre otros delitos, lo que podría derivar en un juicio político al mandatario.
Paralelamente, agentes fiscales allanaron las viviendas de seis legisladores y de una hermana de Castillo y dictaron una orden de detención preliminar contra seis colaboradores suyos.
La denuncia también alcanza a Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes integraron el gabinete de Castillo como ministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, respectivamente. Silva está prófugo.
La Policía reveló supuestas gestiones del mandatario para que un exsecretario suyo, acusado de varios delitos y en prisión preventiva, obtuviera asilo en Venezuela.
«Nuestro país vive plagado de corrupción y es nuestro deber erradicarla”, dijo Benavides en un mensaje televisado en el que anunció la presentación ante el Legislativo.
Benavides unificó dos casos y sostuvo que Castillo cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto para la construcción del Puente Tarata III y en la compra de biodiésel por parte de la empresa estatal Petroperú.
También le imputó colusión agravada y tráfico de influencias en el caso de la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la petrolera estatal.
De acuerdo con la legislación vigente, la fiscal de la Nación solo puede investigar al presidente en ejercicio pero no acusarlo formalmente, ya que esa facultad es del Congreso.
El Legislativo tiene la facultad de sancionar una acusación constitucional, que puede derivar en el juicio político al mandatario y eventualmente en su suspensión, su destitución o incluso su inhabilitación para la función pública.
En el contexto de esas investigaciones, el Ministerio Público realizó hoy varias operaciones, entre ellas se allanaron las viviendas y los despachos de seis congresistas del partido opositor Acción Popular conocidos como “Los Niños”.
El grupo es investigado de manera preliminar en otra causa por la presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Fiscalía también ejecutó la orden de detención preliminar contra los llamados “asesores en la sombra”, un grupo de seis personas cercanas al presidente que se habría beneficiado con obras públicas y nombramientos.
También fue allanada la vivienda de la hermana del mandatario, donde las autoridades buscaban a Gianmarco Castillo, sobrino del gobernante.
La investigación contra el mandatario surgió tras un informe de una televisora local en el que se lo señaló de estar detrás de una trama de corrupción para favorecer a compañías y consorcios de construcción en procesos de obras públicas.
Además, medios locales difundieron un informe del Equipo Especial de la Policía que apoya a la Fiscalía, en el que se afirma que Castillo llamó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para pedirle que asilara a su exsecretario Bruno Pacheco.
De acuerdo con ese informe, el objetivo del asilo era evitar que Pacheco colaborara con el Ministerio Público peruano en investigaciones que afectan al presidente, según razonan medios peruanos opositores a Castillo.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, afirmó que la denuncia constitucional de la Fiscalía viola “frontalmente” la legislación y resoluciones judiciales.
Anunció que presentaría “una demanda constitucional de amparo” ante la Corte Suprema, “porque se está afectando los derechos fundamentales del presidente con esta actuación arbitraria y despótica del Ministerio Público”.
