En la tramitación legislativa de la nueva Ley de Presupuesto, nos llama la atención los colosales recursos que se destinan para dotar a las policías de mayores recursos “disuasivos”, sumar sus efectivos y hasta otorgarles mil nuevas patrulleras a Carabineros. Esto último podría parecer más razonable si consideramos lo poco que perduran estos vehículos al calor de las protestas sociales y la acción de los propios delincuentes que hoy se reproducen como hongos en todo el país. Por lo menos en este caso estos vehículos alcanzan a tener algún uso si se los compara con los tanques, los aviones de combate y los barcos de guerra que se obsoletan todos los años o son desbaratados en los propios ejercicios militares.

Vaya que sería bueno que al menos los gobernantes y parlamentarios que presumen de izquierda, de centroizquierdistas, socialistas democráticos y de ese otro sinfín de nomenclaturas se pusieran a pensar cuántos recursos como los de los multitudinarios gastos de la Defensa podrían destinarse a la educación, a la posibilidad de que los malhechores no resulten de la miseria e ignorancia en que viven millones de compatriotas. Que en vez de importar tantas armas se construyeran escuelas y viviendas, se pagaran sueldos dignos y se le diera a los jóvenes posibilidad de prosperar sin el inminente riesgo de caer abatidos, perpetuarse en las cárceles y ser discriminados para siempre por la sociedad.

¿Es que los chilenos estamos condenados genéticamente a convertirnos en empresarios o comerciantes inescrupulosos, rateros comunes, saltimbanquis, parricidas y amigos de lo ajeno? ¿Alguien podría dudar a esta altura de que casi todos los problemas de seguridad que tenemos se derivan fundamentalmente de la inequidad social y la impunidad que favorece a los poderosos, entre ellos a los políticos y jueces corruptos?

Pero lo más importante de todo: ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que todo es cuestión de tener más policías, más carros lanza gases y mayores facultades para encarar el delito y la posibilidad de neutralizar a quienes delinquen? ¿Si los propios gendarmes del orden viven también pobres y hacinados?

O ¿Podría alguien apostar a que con más cárceles y gendarmes se podría frenar el narcotráfico que gana terreno en muchas poblaciones? No es posible que sigamos desangrando nuestros presupuestos en tanto afán represivo y no preventivo, como fuera la estrategia exitosa de aquellos países que después de dos terribles guerras mundiales, se demostraron capaces de cimentar convivencias ejemplares en que se impone la seguridad para todos. Sin duda que la solución más efectiva es la de la justicia social, la que garantiza los salarios y pensiones dignas, el respeto del Estado y sus agentes a la dignidad humana, incluida la de los que delinquen.

Será siempre imposible aspirar a que se combata el crimen cuando los principales asaltantes y ladrones se guarecen en ciertas empresas, en los bancos, los “pitutos” de la administración pública, y muchos de los más bullados atracos duermen en los archivos de los tribunales. Cuando, además, sus nombres siguen sonando en la política y en los directorios de las grandes empresas. Ya sea aquí como en nuestros países vecinos.

Cuánto deberemos esperar a que un termocéfalo ultraderechista proponga decididamente que los policías sean facultados para matar a los que pillen in fraganti. Si ya en la “voz de la calle” tenemos a los afectados, a los taxistas, los pequeños comerciantes y tantos otros que francamente lo proponen y nos señalan la gran cantidad de recursos que podríamos ahorrarnos si se interviene con violencia las poblaciones indigentes, para ir a la caza de delincuentes, aunque sean menores de edad. Si incluso en la macro zona sur se promueve descaradamente un nuevo episodio de aquella Pacificación de la Araucanía de tan bochornosa memoria.

Ciertamente, que la mera represión policial y la militarización de nuestras zonas más críticas e inseguras puede ser hasta una solución más popular, aprobada rápidamente por las víctimas de la delincuencia y de los narcotraficantes, aunque ya está comprobado que no representa el camino seguido por los países más exitosos en la materia. Los que, coincidentemente, son los más democráticos y donde más se respeta la dignidad humana.