Haití atraviesa una intensa crisis política y social, profundizada tras el asesinato, por una banda de mercenarios estadounidenses y colombianos, del presidente Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021 y agravado en la últimas dos semanas tras el pedido de intervención extranjera lanzado por el primer ministro Ariel Henry, lo que despertó una nueva ola masiva de protestas en contra del gobierno y la ocupación militar.
por Victoria Korn
Hoy Haití lucha contra un nuevo brote de cólera, la inflación, la desnutrición y la violencia de las pandillas. Más de 100.000 niños menores de cinco años sufren de desnutrición severa, el hambre cubre todo el país. Ello no impidió que miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades para protestar contra el envío de vehículos tácticos y aviones militares que EE UU y Canadá entregaron para combatir las pandillas en el país caribeño.
Una insurrección popular se viene desarrollando en Haití a lo largo de 2022. Estas protestas son la continuación de un ciclo de resistencia que comenzó en 2016 como respuesta a una crisis social desatada por los golpes de Estado de 1991 y 2004, el terremoto de 2010 y el huracán Matthew en 2016.
Pero lo cierto es que durante más de un siglo, cualquier intento del pueblo haitiano de salir del sistema neocolonial impuesto por la ocupación militar estadounidense (1915-1934) se ha encontrado con intervenciones militares y económicas para preservarlo.
Del magnicidio a las bandas criminales
El presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada la noche del 6 al 7 de julio de 2021. Un mes y 5 días antes de su asesinato, el 2 de junio de 2021, había recibido la carta credencial del embajador ruso. Desde entonces una sola pregunta acapara las especulaciones: ¿Quién ordenó este magnicidio? Las autoridades haitianas informaron conocer que el comando que asesinó al mandatario estaba compuesto por 28 personas:26 colombianos y dos estadounidenses.
A falta de respuestas a la crisis, la situación se agrava, el pueblo está en total rebeldía y busca su propia alternativa social y política en las calles, en un país donde el conflicto entre bandas armadas mantienen en jaque el acceso a bienes de primera necesidad, mientras los primeros casos de cólera y la llegada de aviones militares de Estados Unidos y Canadá despertaron la alarma y repulsa generalizada entre la población.
Las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional que estaban previstos en Haití para septiembre de 2021 fueron aplazadas. El primer ministro prometió una revisión de la actual constitución del país y despidió a los integrantes del Consejo Electoral Provisional que había designado Moise.
Ningún juez quería llevar adelante la investigación del magnicidio por la falta de garantías mínimas de seguridad. Todos los magistrados nombrados para liderar el proceso de investigación dejaron el cargo a los pocos meses.
El 15 de septiembre de 2021, el fiscal Bel-Ford Claude pidió que se investigue al primer ministro Henry como imputado en el caso de magnicidio, en base a conversaciones telefónicas que el primer ministro habría mantenido con uno de los sospechosos. Moraleja: Henry destituyó al fiscal y dijo que se trató de una maniobra de distracción.
Para peor de males, el 14 de agosto de 2021 un sismo de 7,2 en la escala Richter sacudió y dejó al menos 2.200 muertos, 12 mil heridos y más de 50 mil viviendas destruidas, en momentos que el sistema sanitario estaba al borde del colapso por la pandemia de la covid-19.Según Unicef, 82 hospitales fueron dañados o destruidos por el terremoto.
Una quincena de personas muertas, más de una veintena de familias afectadas y casi una decena de casas quemadas se registraron en la artística villa de Noailles, en la comuna de Croix-des-Bouquets (al noreste de la capital, Port-au-Prince), tras los enfrentamientos que se desataron en las últimas dos semanas entre bandas armadas rivales.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó por unanimidad, el viernes 21 de octubre de 2022, una resolución que establece «un régimen de sanciones específico, dirigido a los líderes de bandas armadas». que operan en Haití y todos los que los apoyan”, en finanzas y armas. Estas medidas restrictivas consisten en una prohibición de viajar, la congelación de sus bienes y un embargo de armas para los actores no estatales.
El líder pandillero Jimmy Cherizier, conocido como «Barbacoa», es el blanco particular de estas sanciones. Este expolicía nacional, encabeza una federación de bandas armadas, denominada G9 an fanmi e alye , que siembra el terror en Haití, bloquea, desde el hace 40 días la terminal petrolera de Varreux, en la localidad de Cité Soleil (norte de Port -au-Prince), donde se almacena el 70% de los productos derivados del petróleo.
Crisis migratoria
Un año atrás unos30 mil haitianos anas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, tras haber migrado primero a países como Brasil y Chile. Su objetivo era cruzar el Río Bravo para escapar de la violencia armada, la falta de empleo y la crisis generalizada. Miles de migrantes, incluidos niños y adolescentes, fueron obligados a acampar debajo de un puente, y la policía fronteriza -a caballo y usando látigos- reprimió a los haitianos.
Lo que siguió fue una serie de expulsiones indiscriminadas. En menos de tres semanas Estados Unidos expulsó a más de 7.500 haitianos.
Mientras, en Haití, dos funcionarios estadounidenses fueron secuestrados en un mes. por la banda 400 Mazowo que el 17 de octubre secuestró a un grupo de misioneros (16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense). Al día siguiente el sector transportista y organizaciones patronales convocaron a una huelga general contra la inseguridad, los secuestros y los asesinatos. El paro de actividades se extendió durante varios días.
En marzo de 2022 la ONU informó que unos 4,6 millones de personas (el 40% de la población) sufría hambre en Haití debido a la creciente inseguridad alimentaria, consecuencia de la crisis política, económica y ambiental.
El 2 de octubre de 2022 las autoridades haitianas confirmaron al menos siete muertes causadas por el cólera, en un nuevo brote de esta enfermedad que dejó más de 10 mil muertos en 2010. La mayoría de los casos tenían lugar en los barrios bajo control de las bandas criminales, que impedían que las víctimas llegaran a los hospitales.
El 7 de octubre el gobierno de Haití pidió formalmente ayuda internacional para enfrentar la crisis de seguridad en el país. La ONU advirtió sobre el riesgo de que se multipliquen los casos de cólera en el país y pidió la instalación de un corredor humanitario para evitar el bloqueo de combustible que mantienen las bandas criminales y garantizar el acceso a los servicios básicos como el agua potable.
La crisis haitiana fue nuevamente objeto de un gran debate en la ONU, preocupada por la situación, pero los estados miembros no se ponen de acuerdo en las propuestas para poner fin a la crisis. Cabe recordar que la ONU ya ha enviado una docena de misiones a Haití –entre ellas la tristemente recordada Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) entre 2004 a 2017- y todas fracasaron y sólo empeoraron la situación del país.
El 17 de octubre llegaron los primeros aviones militares provenientes de Estados Unidos y Canadá y cientos de personas salieron a las calles para rechazar el despliegue militar extranjero.
Los informes de los corresponsales de prensa señalan que en Haití, las mujeres son violadas a plena luz del día, los niños mueren de hambre ante los ojos impotentes de sus padres, las personas son secuestradas, las calles están atrincheradas bajop control de bandas criminales, las embajadas cierran sus puertas y piden a sus ciudadanos que salgan de Haití.
Los hospitales, las escuelas, las instituciones públicas y privadas permanecen cerradas, Las empresas de servicios de comunicación) funcionan con un horario reducido, los hombres son asesinados sin motivo, las rutas marítimas y terrestres están controladas por grupos armados, los surtidores de gasolina siguen sin abastecerse, la electricidad es cada vez más escasa, el miedo está presente: se vive cada segundo como el último, añaden los periodistas.
Mientras la investigación por el magnicidio de Moise sigue paralizada, la violencia en las calles se multiplica y la falta de acceso a servicios básicos, combustible y alimentos precarizan aún más el panorama.
Desde que se independizó de Francia en 1804, Haití se ha enfrentado a sucesivas oleadas de invasiones, incluyendo una guerra estadounidense de dos décadas, la dictadura de 1957 a 1986, dos golpes contra el expresidente progresista Jean-Bertrand Aristide en 1991 y 2004, y un ejército de la ONU en la intervención de 2004 a 2017.
Estas invasiones han impedido que Haití asegure su soberanía y han impedido que su pueblo construya vidas dignas. Otra invasión, ya sea por tropas estadounidenses y canadienses o por fuerzas de paz de la ONU, solo profundizará la crisis. “Abajo Ariel Henry, abajo la ocupación”, fue el lema de las protestas de los últimos días.
**Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
