Dos juicios significativos se desarrollaron esta semana en Estados Unidos, ambos como resultado de la obsesión estadounidense por las armas de fuego. En uno de ellos, que se llevó a cabo en el estado de Florida, los miembros del jurado recomendaron que Nikolas Cruz fuera sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cruz asesinó a 17 estudiantes y miembros del personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland el Día de San Valentín de 2018. En el otro juicio, un jurado del estado de Connecticut impuso una sanción económica al promotor de teorías conspirativas Alex Jones, quien fue declarado culpable de difamación.
Jones afirmó durante mucho tiempo que la masacre ocurrida el 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook fue un montaje y que algunos de los padres afligidos eran en realidad “actores de crisis” que interpretaban roles proporcionados por el Gobierno estadounidense y que formaban parte de una operación de bandera falsa orquestada con el fin de justificar la confiscación de armas. El jurado decidió otorgarles a los demandantes, ocho familias y un agente del FBI, una asombrosa suma indemnizatoria de mil millones de dólares. Sin embargo, afuera de estos tribunales, el ciclo de la violencia con armas de fuego continúa: se calcula que hay una cantidad sin precedentes de casi 400 millones de armas en manos de civiles en Estados Unidos, es decir, más armas que personas.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 45.000 personas murieron a causa de disparos con armas de fuego en Estados Unidos en 2020. Alrededor de 24.000 de esos fallecimientos correspondieron a muertes por suicidio, mientras que poco más de 19.000 fueron homicidios. Asimismo, más de 1.000 personas fallecieron por disparos de la policía. Estas trágicas cifras no tienen parangón en el mundo. Las muertes a causa de armas de fuego se han convertido en algo tan habitual en Estados Unidos que apenas merecen una mención en los medios de comunicación. La sociedad estadounidense se ha acostumbrado a estas masacres.
Un día después del tiroteo masivo ocurrido en Highland Park, estado de Illinois —en el que un joven mató a siete personas e hirió a otras 48 durante un desfile en celebración del 4 de Julio—, Democracy Now! entrevistó a Nina Turner, copresidenta nacional de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en 2020. Turner nos comentaba en esa oportunidad: “Somos un país que está bajo asedio. […] Cuando no puedes llevar a tu familia a un desfile callejero; cuando no puedes ir al supermercado —pienso en lo que pasó en la [ciudad de] Búfalo—, o tus hijos no están seguros en las escuelas —como pasó en [la ciudad de] Uvalde y en tantos otros incidentes similares que hemos tenido en los últimos 20 años, es que tenemos un problema. Parte de este problema es la obsesión por las armas en Estados Unidos de América. Por desgracia, la Asociación Nacional del Rifle ha comprado con su dinero a muchos funcionarios electos de este país”.
La mayoría de la población estadounidense apoya medidas más estrictas para el control de armas. Sin embargo, la aprobación de una legislación federal de control de armas que aborde de manera eficaz el problema se ha convertido en algo prácticamente imposible. En junio, el presidente Biden promulgó la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras. La ley incluye una verificación de antecedentes más estricta para las personas menores de 21 años que quieran comprar armas de fuego, así como también proporciona fondos para mejorar la seguridad en las escuelas y los servicios de salud mental. Sin embargo, dicha ley no aborda el problema principal. Así lo explica Robin Lloyd, directora gerente de Giffords, una organización dedicada a prevenir la violencia con armas de fuego. Tras la masacre ocurrida en junio pasado en la escuela de Uvalde, estado de Texas, Lloyd expresó a Democracy Now!:
“Definitivamente se trata de un asunto específico de Estados Unidos. La falta de leyes más estrictas sobre el control de armas y la mezcolanza de leyes al respecto en los diferentes estados permiten que esto siga sucediendo, además de la gran cantidad de armas de fuego que existen en este país y la facilidad con la que se accede a ellas”.
La organización Giffords lleva el nombre de su cofundadora, la excongresista Gabby Giffords, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza el 8 de enero de 2011 mientras participaba en una reunión con sus votantes en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Tucson, estado de Arizona. En esa ocasión, un hombre abrió fuego y mató a seis personas, incluida una niña de nueve años.
La omnipresencia de las armas y de la violencia armada en Estados Unidos se ha expandido también a México. El Gobierno mexicano acaba de interponer una demanda en un tribunal federal del estado de Arizona contra cinco empresas de venta de armas de Arizona, a las que acusa de tráfico de armas.
El periodista mexicano Luis Chaparro dijo a Democracy Now!: “El 80% de las armas cuya procedencia ha sido rastreada en Estados Unidos provienen de tiendas del [estado de] Arizona, que es un corredor importante para la mayoría de los principales cárteles de la droga que operan en México, como el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación”.
Un informe reciente del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme concluye que el flujo de armas ilícitas que se desvían a los conflictos armados y a los grupos del crimen organizado conduce a una mayor violencia y a una erosión de la gobernabilidad.
En Estados Unidos se compran de manera legal cientos de millones de armas y una gran cantidad de ellas se empuñan con intenciones criminales o sediciosas. Esto quedó demostrado de manera alarmante el 6 de enero de 2021, cuando miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump, muchos de ellos armados, irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos con el propósito de revocar la derrota electoral de Trump frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Algunos de los partidarios querían incluso ejecutar a dirigentes a los que consideraban enemigos de Trump, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el entonces vicepresidente, Mike Pence.
Alex Jones, aliado de Trump, fue una de las voces que alentó fuertemente la resistencia al traspaso pacífico del poder en 2021. Jones ha sido citado formalmente por el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington D.C., pero se ha negado a cooperar.
¿Puede la democracia sobrevivir en una sociedad repleta de armas de fuego, donde charlatanes que promueven la violencia —como Donald Trump y Alex Jones— cuentan con el respaldo cada vez más firme de las élites del Partido Republicano? Todos los estadounidenses debemos asegurarnos de que así sea.
