La ministra Teresa Ribera anuncia la salida de España del Tratado de la Carta de Energía, un acuerdo que protege las inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles, calificado por el IPCC de “grave obstáculo para la mitigación del cambio climático” y que ha hecho que el Estado español se enfrente a multas por encima de los 10.000 millones de euros.
Por Pablo Rivas
En un mundo azotado por las crisis climática y ambiental no es habitual despertar con mensajes que hablan de “buena” o “grandísima noticia” en las redes ecologistas, pero hoy, 13 de octubre, la enhorabuena es la tónica. España ha decidido dar un paso que ya en varias ocasiones había adelantado y saldrá del Tratado de la Carta de Energía (TCE).
El primer toque de atención lo daban la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González; y la responsable de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en febrero de 2021. Las tres titulares enviaban una carta la Comisión Europea en la que planteaban la salida no solo de España, sino de toda la UE del TCE si el proyecto de reforma que estaba sucediendo en el mismo no estaba alineado con los objetivos del Acuerdo de París, algo que a todas luces estaba pasando.
La noticia la daba a última hora de este 12 de octubre Teresa Ribera, en una entrevista al tabloide estadounidense Politico: el Estado español ha iniciado el proceso de retirada del Tratado, y lo hace porque la reforma del TCE no había traído “ninguna mejora”, según Ribera, en lo referente a reducir la protección a los proyectos de combustibles fósiles que el Tratado supone. En concreto, una investigación publicada el pasado año por Investigate Europe cifraba en 344.600 millones de euros el valor de las infraestructuras fósiles que el Tratado protegía en la UE, el Reino Unido y Suiza.
Un tratado para la industria fósil
Diseñado en 1994 para proteger las inversiones en infraestructuras fósiles occidentales en los países del Este en plena era postsoviética, el TCE está considerado hoy obsoleto, razón por la cual se han sucedido varias rondas de negociaciones en los últimos años para su reforma. Este proceso culminó el pasado 22 de junio, cuando el medio centenar de países firmantes plantearon un acuerdo preliminar para su reformulación. Sin embargo, una coalición de organizaciones sociales, unidas en la la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, lleva tiempo alertando de que su reforma “no es realista”, como apuntaba en diciembre Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute, y de que la única opción lógica era abandonarlo. Para estas, la reforma fue calificada de “inaceptable”.
Entre sus aspectos más controvertidos, el TCE permite que multinacionales e inversores puedan demandar a los Estados si consideran que se ha legislado en contra de sus intereses económicos. Fruto de esa posibilidad de arbitraje entre inversores y Estados —un mecanismo de arbitraje internacional conocido como mecanismo ISDS— el Estado español ya acumula medio centenar de demandas, lo que implica que se enfrenta a multas por valor de más de 10.000 millones de euros. España, el país más demandado, ya ha perdido una veintena de ellas, un hecho que supone que las arcas públicas españolas deberán compensar a varias multinacionales con más de mil millones de euros.
El texto planteado en la reforma, lejos de salir de estos cánones, garantiza una década más de protección a las inversiones en infraestructuras dedicadas a combustibles fósiles e incluso hasta 2040 en el caso de algunas relativas a nuevos gasoductos o centrales eléctricas de gas, según el acuerdo preliminar.
Grave obstáculo para la mitigación climática
La decisión anunciada por Teresa Ribera cuenta, según fuentes oficiales, con el respaldo de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. La misma se ha producido solo seis semanas antes de que comience la Conferencia anual de la Secretaría de la Carta de la Energía, en Mongolia, que tiene por objetivo ratificar la modernización del Tratado.
El TCE fue calificado recientemente por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en su último informe sobre mitigación de la crisis como “un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático”.
Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los TCI, tras conocerse la noticia, ha declarado: “Estamos en un momento extremadamente crítico y necesitamos medidas valientes, la salida del TCE es una de ellas y lo celebramos. Ahora es crucial que más países sigan el camino iniciado por España; es sencillamente vergonzoso que los países de la UE acudan a la COP27 en Egipto prometiendo reducir las emisiones, mientras continúa en un tratado que solo en Europa protege infraestructura fósil por valor de más de 340.000 millones de euros”.
En el mismo sentido, Clàudia Custodio, compañera de Pallarés en ambas organizaciones, ha remarcado que “si bien la salida del TCE no conduce automáticamente a una transición energética justa, es sin duda un paso necesario que despejará el camino hacia el abandono de la economía fósil y el desarrollo de regulaciones ambiciosas y participadas, como el impulso del autoconsumo o las comunidades energéticas entre otras muchas cosas”.
Por su parte, el coordinador federal de Alianza Verde y diputado por Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, también ha celebrado la salida del TCE, calificándola como “decisión acertada”, reivindicado el papel de UP en el abandono del mismo.
España es, tras la salida de Italia en 2015, el segundo país de la UE que anuncia su retirada del TCE.
