Chile fue elegido como miembro del Consejo de DDHH de la ONU; esta elección desata sentimientos encontrados en gran parte de la ciudadanía.

La incorporación de Chile, obteniendo la primera mayoría, exige al gobierno dar cumplimiento a lo señalado en la presentación de su candidatura ante este organismo y que vuelve a
reiterar al señalar que: «le han otorgado el honor de trabajar, activamente y desde un lugar destacado, en la promoción y protección de los derechos humanos, el fomento de la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sustentable, todos ellos componentes fundamentales de nuestras políticas públicas y también de nuestra política exterior“.

Como señala el dicho popular, revisar cómo andamos por casa resulta atingente a la luz de tal nombramiento.

Aún la sociedad chilena espera respuestas concretas a los casos, que con frías cifras dio en enero el CIDH , en que el Estado Chileno actuó a través de su policía y fuerzas armadas en las calles durante la revuelta, a saber “los órganos encargados del orden, se caracterizaron por patrones de violencia y el uso excesivo de la fuerza, que resultó en la pérdida de 5 vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del «estallido social», así como cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares. Hechos incompatibles con los estándares interamericanos de Derechos Humanos y con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en esta materia.”

Un pilar fundamental para validar los comportamientos humanos, más allá de lo meramente discursivo, es la coherencia entre el pensar, sentir y actuar. Este principio se extrapola a cada una de las facetas del ser humano, incluyendo sin duda el quehacer político.

Hoy quienes nos gobiernan permiten, teniendo la posibilidad de quitarle piso, un Tratado que hace no más de 1 año rechazaban con discurso vehemente y hasta con camisetas, donde las fotos que evidencian tal incoherencia vienen a recordarnos lo fácil que es romper la confianza ciudadana en las promesas electoreras.

No nos extrañemos de que cada día se manifieste un desencanto cada vez más generalizado a la práctica política, al ver como aquellos que levantan banderas en la calle, cuando llegan al poder las transgreden, con un accionar que al parecer en nuestra clase política está completamente arraigada.

Mientras nos regocijamos por el nombramiento como miembro del Consejo, hoy paradójicamente estamos ad portas de someter nuestra soberanía al TPP11, que limitaría enormemente la posibilidad real de consagrar derechos humanos esenciales para las y los habitantes de este territorio, derechos que han sido negados durante décadas y que hace no más de 3 años millones de personas se alzaron para reivindicar tales demandas. Estas costaron a los manifestantes activistas, violaciones atroces a sus DDHH, las que no eran vistas desde las épocas más oscuras de la dictadura en nuestro país. Resulta extraño que con esto ocurriendo, se elige a Chile como miembro de la comisión de derechos humanos del organismo internacional de las Naciones Unidas.

También es relevante traer a colación las situaciones pendientes de resolución desde el Estado de Chile en los territorios mapuches.

Las situaciones de injusticia allí no son discursos. Esto queda de manifiesto en estos días con la resolución de la justicia con su fallo favoreciendo a una comunidad mapuche de la localidad de Mariquina -en la región de Los Ríos- en su demanda a la Forestal Arauco, para determinar la propiedad de un territorio que ya hace 30 años está en manos de esa Forestal. Se resuelve que el fundo Tres Cruces, de acuerdo al primer Juzgado Civil de Valdivia, es de propiedad de la familia Delgado Mayolafquén. Y como este ejemplo concreto, son innumerables los atropellos similares sin resolver que se deben denominar claramente como ocupación ilegal de territorios. Ni hablar de la definición de estado de excepción permanente del gobierno, que tiene a las FFAA en las carreteras del territorio y la policía militarizada alterando la vida diaria de los comuneros mapuches, su emocionalidad y envenenado día a día los corazones de niñas, niños y
adolescentes.

Por otra parte, dado el nombramiento como miembro del Consejo, es de interés saber ¿cuál será la postura de Chile a nivel internacional? Desde la perspectiva de la paz y los DDHH, vemos con estupor la entrega permanente de armas sofisticadas, y escalando, a Ucrania por parte de EEUU y los llamados países del primer mundo, descartando en la práctica la posibilidad de una solución diplomática y política del conflicto armado, lo que coloca en riesgo a todo el planeta por tratarse Rusia del segundo país con mayor arsenal nuclear del mundo; en este   escenario, ¿estas actuaciones irracionales no atentan contra los DDHH? ¿O una vez más nos sumamos al club que hace la vista gorda?

Siempre se pueden hacer bien las cosas. Y la ciudadanía no sólo tiene derecho a esperar la mejor actuación de este gobierno, sino que lo tiene para exigir que se corrija el rumbo en donde se desvían los acuerdos o mandatos electorales, con la valentía que la crisis de hoy demanda; acciones concretas y no discursos bonitos.

No es la demanda popular al gobierno, ni las voces de ninguna organización social o política antineoliberal a quien se debe hacer callar, argumentando que tal crítica es allanar el camino a la ultraderecha a La Moneda; ya se superó la lógica de un supuesto mal menor. Se necesita urgente coherencia política, a saber:

1. Acelerar los juicios y sentencias a los agentes del Estado que cometieron crímenes contra manifestantes en 2019.
2. Detener la promulgación en la instancia ejecutiva del TPP11.
3. Concretar las negociaciones para que las forestales dejen los territorios mapuches ocupados.
4. Levantar las leyes de excepción sacando a los militares de las carreteras en los territorios mapuches.
5. Y a nivel internacional, promover el alto al fuego y las negociaciones políticas para desescalar la Guerra en Ucrania.

 

Redacción colaborativa entre Elizabeth Bravo; Sandra Arriola Oporto; Angélica Alvear; Rubén Marcos; Guillermo Garcés y César Anguita. Comisión política.