La revuelta popular 2019

Las gentes en distintos ámbitos, conversa de sus experiencias, expectativas, temores en estos días en que se conmemora el tercer aniversario del estallido social en las ciudades del país: “recuerdo como si fuera ayer cuando el descontento de la gente se hizo más real que antes pues no era solo 30 pesos por la subida del metro o de la locomoción colectiva, sino algo que se llevaba dentro desde hace bastante tiempo, una bomba de tiempo que al final se activó en el descontento de un pueblo humillado y ultrajado en sus derechos, mientras otros en un grupo minoritario seguían gozando de sus privilegios”

“Esto es por el sistema neo liberal que sigue rigiendo en el país, el cual sigue marcando la discriminación no solo social, sino mental cultural y económica”

“Muchas de las manifestaciones fueron pacíficas pero el Estado fallido, ha usado las fuerzas represivas en contra de estudiantes, en contra de personas con discapacidad mental, psico motora, auditivas, visuales, sin importar la condición y el origen de aquellas personas, las ultrajan sistemáticamente, siguiendo las órdenes de la declaración de Guerra de Piñera”

La guerra declarada al pueblo por La Moneda y su impunidad a la fecha

Según nos ilustra el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de más de 3 mil querellas aún abiertas, menos de 300 han sido formalizadas. Peor aún, de más de 3 mil quinientas víctimas, por la violencia de agentes del Estado, a la fecha, casi mil cuatrocientas personas ni siquiera han sido citadas por el ministerio público, para al menos escuchar su denuncia de primera mano. Las querellas buscan justicia por asesinatos, torturas y violencia innecesaria, con especificaciones de traumas oculares, lesiones en otras partes del cuerpo, maltrato psicológico grave y más de 500 víctimas de violencia sexual. De estas víctimas casi 600 son niñas, niños y adolescentes.

Más del 90 por ciento de los agentes del Estado denunciados, jamás han sido formalizados en tribunales. Del diez por ciento formalizado, a 3 años tan sólo se tienen 14 condenas (entre las que se encuentra, la del Agente que dejó ciega a Fabiola Campillay, actual Senadora Independiente).

En este contexto, La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en conjunto con la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado, y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, presentaron una querella contra Sergio Mico, el hoy ex Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el estallido social; proveniente de las filas demócrata cristianas. La acción pretende imputar el delito de encubridor de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado. Esto desató un escándalo en los ámbitos de derechos humanos, y en la sociedad chilena.

La élite política en su acción e inacción en pro de la impunidad

Diputados de la DC, da ultimátum al PC, para que se levanten las querellas contra Sergio Micco, si pretenden que esa colectividad respete el acuerdo administrativo de la cámara que daba la presidencia de esta, a la diputada comunista Carol Cariola, en el periodo ad portas.

Se devela además en estos días que la fiscalía, pide correos del ex subsecretario de interior del gobierno de Piñera. El actual gobierno de Boric aseguró hace 5 meses contar con dichos correos incriminatorios en violaciones de DDHH, pero hoy dicen que no existen.

En el intertanto la senadora Campillay, le pide a Boric que cumpla con el compromiso de campaña de indulto “por razones humanitarias” a los jóvenes detenidos durante el estallido social. y declara: “Nuestros jóvenes no son delincuentes, son trabajadores, estudiantes, dueñas de casa, mujeres y hombres esforzados que un día quisieron luchar por todos nuestros derechos sociales”

El fiscal nacional subrogante, hizo público que en efecto se manejan en la fiscalía alrededor de trescientas causas por violencia sexual de agentes del Estado durante el estallido social; lo que había sido negado por las derechas, pidiendo estas que Boric se retractara de su alusión en el discurso conmemorativo que dio el presidente desde La Moneda.

Se empieza a develar de este modo, como se negocia con la barbarie en los ámbitos de poder, mostrando la insensibilidad inhumana de la clase política nacional.

Para la ciudadanía y el sentido común, lo mínimo es que se cumpla la ley, y que la impunidad no se enseñoree una vez más en nuestro territorio. No basta con que décadas después se pida perdón desde tribunales, por no cumplir con los deberes encomendados por la soberanía del pueblo.

A tres años de la revuelta popular, que si fue una expresión en contra del capitalismo inhumano que ejercen los poderosos contra su pueblo, siguen en pie, con la porfía que caracteriza a la gente organizada, las agendas por dignidad y justicia social, por una vida más humana, porque la bella y valiente gente de este país se lo merece.

 

Redacción colaborativa de Gladys Mendoza; Guillermo Garcés y César Anguita. Comisión política.