La sentencia afirma que Bolsonaro podría haber salvado al menos 100.000 vidas si hubiera adoptado una política responsable durante la pandemia del covid-19
Con información de Jamil Chade, en la columna UOL
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó este jueves (1º/09) al presidente Jair Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pandemia del covid-19 e indicó que otra política habría salvado por lo menos 100.000 vidas.
La información fue revelada por el columnista de UOL Jamil Chade. Según él, la condena no debería tener consecuencias prácticas contra Bolsonaro, sin embargo, aunque sólo sea simbólica y moral, la decisión podría aumentar la presión internacional contra el presidente brasilero, informó.
Los jueces optaron por no condenar a Bolsonaro por genocidio, ya que esto implicaría la existencia de pruebas de que el presidente actuó contra una población específica. Sin embargo la condena se enviará a la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el presidente está acusado de crímenes contra la humanidad.
El organismo internacional, creado en los años 70, no tiene el peso del Tribunal Penal Internacional de La Haya (Países Bajos), ni la capacidad de actuar contra un Estado o un jefe de gobierno, sin embargo la condena es considerada por grupos de la sociedad civil, ex ministros y juristas como una importante sanción para presionar al Palacio del Planalto y exponer a Bolsonaro ante el mundo.
Como anticipó el periodista a principios de esta semana, la sentencia estableció que el brasilero fue responsable directo de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad. Bolsonaro, según el tribunal, cometió actos «maliciosos» e «intencionados» contra su población.
Los miembros del organismo recomendaron a la Corte Penal Internacional que siga evaluando la posibilidad de un genocidio cometido por el Estado durante décadas y recientemente intensificado.
El columnista de UOL destaca que si se estableciera en un tribunal como el de La Haya, dicha sentencia podría llegar incluso a cadena perpetua para el acusado. «El gobierno brasilero ignoró el procedimiento y ni siquiera envió un representante a la audiencia, organizada hace dos meses», informó Chad.
«A diferencia de la mayoría de las sentencias de nuestro Tribunal Permanente de los Pueblos, esta sentencia se refiere a la responsabilidad personal, es decir, a la responsabilidad penal de una sola persona: a la culpa del presidente brasilero Jair Messias Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad», señala la sentencia.
«El crimen del que fue responsable el presidente Bolsonaro consiste en una violación sistemática de los derechos humanos, por haber provocado la muerte de decenas de miles de brasileros debido a la política insensata que promovió con relación a la pandemia del covid-19», señaló.
«Contrariando la posición unánime de los científicos de todo el mundo y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Bolsonaro no sólo provocó que la población brasilera no adoptara las medidas de distanciamiento, aislamiento, protección y vacunación destinadas a limitar la infección, sino que varias veces creó diversos obstáculos a las mismas, frustrando los intentos de su propio gobierno de establecer políticas destinadas de alguna manera a proteger a la población del virus», destacó el fallo.
«Como resultado de esta conducta, se estima –comparando el número de muertes en Brasil y en otros países que adoptaron las políticas anti covid 19, recomendadas por todos los científicos– que murieron en Brasil cerca de 100.000 personas más de las que habrían muerto como resultado de una política más responsable», advirtió.
«Por supuesto, esta cifra es bastante aproximada: podría ser un número menor, pero también mayor. Lo que sí es cierto es que la absurda política sanitaria del presidente Bolsonaro causó decenas de miles de muertes», destaca.
«Pues bien, dicha conducta fue calificada, por la sentencia, como crimen contra la humanidad», dijo.
La sentencia fue leída por Eugenio Zaffaroni, uno de los miembros del tribunal, y en ella se señalan crímenes contra la humanidad como consecuencia de la política sanitaria del gobierno. Según él, la responsabilidad de Bolsonaro es «incuestionable» y se profundiza con la discriminación de grupos más vulnerables como indígenas, negros y profesionales de la salud. También dijo que el discurso discriminatorio de Bolsonaro es una «clara violación a los derechos humanos».
Zaffaroni dijo que Bolsonaro defendió que el virus era una gripecita, cuestionó las vacunas y reafirmó su confianza en la inmunidad de rebaño. Además minimizó el número de muertos y defendió la cloroquina, que ya había sido descartada. «Las muertes se habrían evitado si se hubiera seguido la política recomendada por la OMS», dijo.
Hasta el momento, Itamaraty no comentó la condena.
Acto doloso por parte de Bolsonaro
Para calificar los actos como crímenes de lesa humanidad, la ley sigue estableciendo que es necesario demostrar la intencionalidad. En la sentencia, el tribunal señaló que Bolsonaro optó deliberadamente por salvar la economía. «Se eligió el mayor mal: la aflicción a las vidas humanas», dijo.
«La muerte masiva fue producida por una decisión dolosa o por omisión», afirmó. «El resultado fue deliberado, es decir, doloso».
«No se puede considerar que el dolo haya sido accidental. El resultado letal masivo fue malintencionado», añadió. Esto significa además que es un delito imprescriptible.
Hay que revisar el genocidio
Sin embargo, el tribunal no accedió a la petición de condena por genocidio. Según Zaffaroni, la tasa de letalidad de indígenas y negros fue superior a la media de la población, lo que podría sugerir una tendencia al genocidio, pero la evaluación es que el contexto de subordinación de estos grupos revela que los problemas eran anteriores en lo que se refiere a la discriminación, y que los ataques contra estas poblaciones son profundos en la sociedad.
Según él, el gobierno conocía la vulnerabilidad de estos grupos, pero en este caso concreto el resultado no es suficiente. Tiene que haber una prueba de intención. «Este tribunal es cauteloso a la hora de calificar el genocidio, para no banalizar el concepto», dijo.
Aunque no condena a Bolsonaro, el miembro del tribunal advierte que, al menos en términos éticos, hay «serios indicios de que el Estado brasilero probablemente está cometiendo un genocidio como un crimen continuo, a cuentagotas y a lo largo de un siglo, y eso debería ser evaluado», dijo.
Eloísa Machado, abogada, profesora de Derecho Constitucional en FGV Direito-São Paulo y miembro colaborador de la Comisión Arns, considera que se trata de una decisión histórica. «Esta será la instancia de registro de la verdad y también un tipo de reparación, aunque sea simbólica y moral. Una reparación para todos los que han sufrido», afirmó la abogada.
Paulo Sérgio Pinheiro, miembro de la Comisión Arns, indicó que la sentencia podrá constituir la única condena internacional de Bolsonaro. También indicó que la entidad enviará la sentencia a la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el presidente está denunciado por crímenes contra la humanidad.
Denuncia
La denuncia contra Bolsonaro fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil y la Coalición Negra por Derechos.
La denuncia se centró en demostrar que hubo una práctica de incitación al genocidio, especialmente contra los pueblos indígenas y el movimiento negro.
Sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos
Con sede en Roma, Italia, y definido como un tribunal internacional de opinión, el Tribunal Permanente de los Pueblos se dedica a determinar dónde, cuándo y cómo se han violado los derechos fundamentales de los pueblos y las personas. Como parte de sus funciones, instaura procesos que examinan los vínculos causales de violaciones y denuncia a los autores de los crímenes ante la opinión pública internacional.
Creado en noviembre de 1966 y realizado en dos sesiones en Suecia y Dinamarca, el tribunal pionero fue organizado por el filósofo británico Bertand Russell, con la mediación del escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre y la participación de intelectuales de la talla del político italiano Lelio Basso, la escritora Simone de Beauvoir, el activista norteamericano Ralph Shoenman y el escritor argentino Julio Cortázar. En aquel momento, el tribunal investigó los crímenes cometidos durante la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam.
En los años siguientes, se crearon tribunales similares bajo el mismo modelo, investigando temas como las violaciones de los derechos humanos en las dictaduras de Argentina y Brasil (Roma, 1973), el golpe militar en Chile (Roma, 1974-1976), la cuestión de los derechos humanos en la psiquiatría (Berlín, 2001), y las guerras en Irak (Bruselas, 2004), Palestina (Barcelona, 2009-2012), el este de Ucrania (Venecia, 2014).
