No es que la norma sea la de demasiada unidad entre un movimiento que durante 10 años no conoció rival movilizador en Europa en cuanto a participación ciudadana constante y masiva. Pronto se cumplirán 5 años del 1 de octubre la fecha del referéndum prohibido y reprimido que contó con miles de documentos gráficos de los apaleamientos a la población por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional española que dieron la vuelta al mundo. Solamente han pasado cinco años, pero eran otros tiempos. El conflicto catalán está por resolver, no se ha avanzado nada, salvo quizás en las formas. Y qué duda cabe que hay quien valora mucho precisamente el cambio en las formas. Pueden tener importancia.
Si los tres partidos formalmente independentistas catalanes siempre han tenido grandes diferencias -Junts y la CUP están en los antípodas políticamente, más allá de defender cada uno a su manera la independencia de Cataluña, y ERC a veces ha estado más cercana a Junts y otras a la CUP-, a la que añadimos la otra formación que defiende formalmente la soberanía de la nación catalana, En Comú Podem, las diferencias aumentan más que disminuyen. El bloque constitucional, PSC, PP, C,s y Vox, es la contrapartida defensora de la más estricta legalidad del régimen del 78, la Constitución y la monarquía borbónica. Antirepublicano visceral. El primer grupo, para nada homogéneo, dispone actualmente de 82 diputados y diputadas, el segundo tampoco homogéneo en absoluto excepto en la defensa de la legalidad mencionada, lo forman 53. La población partidaria de la independencia de Cataluña, según repetidas encuestas, oscila entre algo más y algo menos del 50%, con una tendencia a la baja en los últimos años. La población partidaria del derecho de autodeterminación se sitúa muy por encima de este porcentaje, en cualquier encuesta seria por encima del 70%.
La norma, decíamos, no ha sido la unidad independentista entre los distintos partidos que formalmente la defienden, pero en las semanas previas a esta Diada la desunión ha batido récords. Desunión y desacuerdos públicos sobre la convocatoria de la manifestación central de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), aunque los enfrentamientos verbales no se han limitado a dicha convocatoria.
Durante las semanas previas, ocurrieron algunos acontecimientos que han preparado el ambiente de esta Diada porque constataron una vez más distintos conflictos con los aparatos del Estado central. Uno es el llamado Catalangate. Como es conocido, se trata de un caso de espionaje, mediante el programa espía Pegasus de la empresa NSO Group, al movimiento independentista catalán, incluidos los cuatro presidentes de la Generalitat de Cataluña desde 2010, dos presidentes del Parlamento de Cataluña y otros cargos electos, incluso europarlamentarios. A estos cargos políticos debe añadirse un buen número de activistas, informáticos, abogados, etc. El informe que Citizen Lab (un laboratorio de la Universidad de Toronto que estudia los controles de Internet que suponen una amenaza a los derechos humanos) publicó el 18 de marzo de 2022, identificaba hasta 65 víctimas, cifra bastante más alta que en cualquiera de los casos que habían estudiado previamente, superando a los de Al Jazeera (36 víctimas) y el de El Salvador (35 víctimas). El Catalangate sigue abierto y ha sido un evidente motivo de conflicto entre la parte española y la catalana. Hasta el momento, no hay una explicación que pueda haber dejado satisfecho a ningún demócrata español por poco motivado que se sienta por la lucha por el derecho a la autodeterminación. O más vale pensarlo así.
Otro conflicto. A finales de agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que el reino de España “violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña” por el hecho de haber suspendido las funciones públicas a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. Como se recordará estos fueron cuatro de los encausados en el procés. El fallo de este comité de la ONU da la razón a los cuatro denunciantes quienes alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El dictamen argumentaba que esta suspensión de los cargos públicos atentaba contra los derechos reconocidos en el artículo 25 del mencionado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del cual es signatario el reino de España, siendo uno de los 172 estados que lo han firmado. Se publicó la ratificación en el BOE del 30 de abril de 1977. Evidentemente, aunque no de forma directa porque no es vinculante, la opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU puede afectar a la resolución que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tendrá que decidir por denuncias de muchos inculpados después del referéndum del 1 de octubre de 2017.
El tercer conflicto fue el 10 de agosto cuando el Ministerio del Interior español reconocía y justificaba de manera casi tabernaria la infiltración de agentes policíacos en distintas organizaciones sociales catalanas. Como los detalles se explican en este artículo de esta misma entrega de Sin Permiso, no se dirá más con una excepción: recordar que el actual ministro del interior ya acumuló como magistrado tres de las seis condenas del TEDH impuestas al reino de España en materia de torturas. ¿Algún problema? Parece que suena para alcaldable de Madrid por el PSOE en las próximas municipales.
Otro conflicto, especialmente sensible, hace referencia a la lengua. Si algo es completamente desconocido o tergiversado fuera de Cataluña, puedo dar testimonio personal, es la realidad de la lengua catalana y de la castellana en esta nación. La demagogia sobre la “persecución”, “discriminación” o “marginación” de la lengua castellana hace furor y es creída por buena parte de la población no catalana. Una prensa ultra ha tenido éxito en esto como en otras cosas desde hace años. Se ha concretado en la ofensiva judicial sobre el “25%”. Si alguna realidad queda, una vez aparcados prejuicios, apriorismos y nacionalismos españolistas (y catalanistas, si se quiere) es la que cualquiera puede comprobar: la lengua catalana ha sufrido un inmenso retroceso en beneficio de la lengua castellana a lo largo de los últimos años. Actualmente en Cataluña, habla habitualmente la lengua catalana el 36,1%. Mucho menos que hace 15 años. Y el castellano ha ganado uso habitual. Una lengua castellana que, siendo “marginada”, “discriminada” o “perseguida”, muy curiosamente gana terreno de uso social. Digamos que no cuadra alguna cosa, por fanático que se sea al respecto y ya se haya tomado partido antes de cualquier dato. Como en estas mismas páginas se ha escrito con detalle al respecto, nos remitimos a este artículo para ampliar la cuestión.
Y para acabar con la lista de conflictos, aunque este es muy viejo: el déficit fiscal de Cataluña. Según el gobierno catalán, en 2019, el déficit de la balanza fiscal de Cataluña con el sector público del Estado se situó en 20.196 millones de euros, lo que equivale al 8,5% del PIB catalán. El cálculo se realizó según las dos metodologías estándar: la del flujo monetario (que refleja este 8,5%) y la de la incidencia carga-beneficio (que reparte parte de los gastos centralizados y rebaja el déficit al 6,1%). La polémica sobre la cantidad correcta de las balanzas fiscales hace muchos años que dura, pero no es un buen sistema suprimir la publicación oficial de estas balanzas fiscales desde hace 17 años. Fue en 2005 cuando se publicó la única. Los gobiernos españoles desde entonces no las publican, y desde hace unos años ni tan solo aportan los datos necesarios a la Generalitat para que pueda calcularse el gasto estatal territorializado. Nadie duda que entra dentro del estado posible de los hechos que los gobiernos de la Generalitat sean unos farsantes y todos los datos aportados sean falsos, o estén claramente sesgados o incluso inventados, pero no parece una manera de demostrar estos supuestos suprimiendo la información que podría permitir evaluar, analizar y proyectar los datos del gobierno español, y bajo el pretexto de que hacer transparentes estos datos provoca conflictos. Más bien se asemeja a la supresión de la pregunta sobre la valoración de la monarquía por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas desde hace siete años. El método de suprimir información que no interesa o de evitar obtenerla, difícilmente puede ser aceptado como un argumento, menos como un debate racional. Se recordará que, en octubre de 2020, debido precisamente a la ausencia de una valoración de la monarquía borbónica por parte del CIS, 16 medios independientes elaboraron una encuesta sobre este asunto con este resultado: un 40,9% de las personas encuestadas dijo que apoyaría la república en un eventual referéndum frente a un 34,9% que se decantaría por la monarquía. No es solamente que Cataluña no tenga reconocido el derecho a la autodeterminación para decidir qué relaciones quiere tener con el reino de España y el mundo, tampoco la población española puede decidir democráticamente si prefiere una república o una monarquía. Ni información sobre balanzas fiscales ni sobre lo que se opina de la monarquía. Lo que puede molestar, mejor suprimirlo. No debería ser éste un método aceptado de discusión racional. En cualquier caso, el déficit fiscal es el elefante en la habitación del cual pocos hablan, pero que sigue afectando determinantemente a la capacidad de Cataluña de gestionar sus necesidades y en especial cubrir las más básicas como la educación, la sanidad o la dependencia. Sabido es que Cataluña se sitúa en gasto social por habitante en la última posición de todas las CCAA, aun teniendo un coste de la vida superior a la media.
El nacionalismo español
Hace muy pocos días, en un artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca, se mencionaba un aspecto de la realidad política del reino que creo que merece retenerse. Decía el catedrático de la madrileña Universidad Carlos III: “[T]ras la crisis catalana, que supuso una especie de trauma nacional, ha resurgido un nacionalismo español autosatisfecho que niega de raíz que España tenga problemas políticos estructurales. Ya se sabe, somos una democracia intachable, estamos entre las mejores del mundo. El pesimismo y la mirada sombría de la década pasada han sido reemplazados por un orgullo de país en el que no hay apenas hueco para una visión crítica de nuestro sistema democrático”. Lo que se apunta en este artículo muy acertadamente no es que haya habido un resurgir, por otra parte evidente, del nacionalismo español más carpetovetónico entre la extrema derecha y la derecha extrema, como el articulista da por supuesto. Se apunta a este resurgir nacionalista español entre filas separadas de los anteriores. Entre la izquierda muy moderada y la menos moderada, y, aunque esto solo tenga un valor de museo barato, también deben incluirse algunos casos quizás solo testimoniales de estalinistas revolucionarios (sic). Se han visto o escuchado cosas a lo largo de los últimos meses y años que superan la imaginación más desbocada: autoproclamados republicanos que gritan “¡viva el rey!” (sí, el actual Borbón); izquierdistas que solamente han visto en las movilizaciones de Cataluña “ideología pequeñoburguesa” (cuando no directamente burguesa); escribidores que han identificado una y mil veces las manifestaciones más excluyentes del nacionalismo catalán con todo el nacionalismo catalán y sus distintas ramas (y fuera claro está de su horizonte intelectual la evidencia de que defender el derecho a la autodeterminación y a la independencia no es algo exclusivo de los nacionalismos de cualquier tipo; se pude defender por razones exclusivamente democráticas) y, por acabar en algún sitio, intelectuales o académicos que han detectado “virus nacionalista” en Cataluña que habría colonizado mentes catalanas otrora brillantes (porque evidentemente, llegados a estos niveles de inteligencia, el virus nacionalista es catalán o vasco y hasta gallego, pero jamás español).
Este nacionalismo español no carpetovetónico, al menos en una parte de la izquierda oficial porque bien es cierto que el de algunos reconocidos miembros del PSOE, jubilados o no, son indiferenciables del de Vox o el PP, es el que está en la llamada mesa de diálogo con Cataluña. Una mesa de diálogo que ni la persona de la parte catalana que más esperanzas hubiera puesto, se atrevería a afirmar (con hechos) que ha supuesto algo más que el simbolismo de reunirse. Lo que no significa afirmar que puede haber motivos para seguir diciendo que es una mesa que debe continuar reuniéndose aunque solamente sea para acumular evidencias de que hay un lado de dicha mesa para la que el derecho de autodeterminación solamente se le reconoce a la República Saharaui… hasta hace unos meses, ahora ni tan solo eso una vez recuperada las buenas relaciones con el sátrapa marroquí. La valoración hecha de la mesa de diálogo ha planeado en esta Diada entre los contrarios, de derecha y de izquierda, y los partidarios.
Coda
Aunque para muchas personas del reino, incluida una porción de los habitantes de Cataluña, tanto de la extrema derecha, como de la derecha y de la izquierda sea una pena, como se decía en un reciente artículo no precisamente pasional, “el independentismo no ha desaparecido ni los independentistas se han fundido”. Y más importante aún: “Quien crea que puede hacer política en Cataluña (y en España) sin tenerlos en cuenta se equivoca”. Y recordando la historia del reino y la trayectoria de determinados personajes, puede añadirse a lo de la equivocación con mucha evidencia empírica: o simplemente se convierte en un defensor de la unidad de España sin fisuras y por encima de cualquier otra consideración. Nombres hay muchos para poner.
¿Qué perspectivas para la continuación del derecho a la autodeterminación cuando la Unión Europea y el gobierno de España son militantes en su contra? Difíciles, pero algunos elementos son imprescindibles: abandonar el autobombo y moralina mágica, defender la amnistía para responder a los casi 4.000 encausados por las movilizaciones del procés; relacionar las exigencias nacionales y sociales, especialmente con la grave crisis social y económica; buscar alianzas más abiertas al soberanismo, a los movimientos sociales y a las izquierdas del conjunto del Estado español. Fáciles de escribir, difíciles de concretar. Pero jamás nadie, salvo algún irresponsable, ha dicho que los grandes objetivos sean fáciles. Se ha dicho de muchas formas, pero hay quien lo dijo muy bien: “La mayoría de las cosas que merecen la pena en el mundo han sido declaradas imposibles antes de hacerlas”. Fue el gran jurista Louis Brandeis quien lo dijo.
No eran los momentos más idóneos para lograr una inmensa participación en los actos y la manifestación central de la Diada, pero aún así centenares de miles de personas en la calle no es poca cosa. 150.000 dice la policía urbana de Barcelona, 700.000 la ANC. A los que hay que sumar muchos miles más de los actos de otros lugares de Cataluña. En cualquier caso, son muchas personas. Para esperanza de unos y desespero de otros.
