La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)* condena la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua y urge al Estado a cesar de inmediato estos actos.

De acuerdo con información recibida a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), durante la madrugada del 19 de agosto, la Policía Nacional ingresó por la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa para detener, de manera arbitraria, al obispo Rolando Álvarez y siete religiosos, quienes permanecían desde hace más de 15 días encerrados y bajo sitio policial en el lugar. El Obispo habría sido responsabilizado por las autoridades de «ejecutar actos de odio» y «desestabilizar al Estado»; asimismo, en declaraciones públicas, la Vicepresidenta lo acusó de cometer «crímenes de lesa espiritualidad», debido a su denuncia y oposición a la confiscación y cierre de siete radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa.

La CIDH urge a la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas, e informar inmediatamente su paradero y a garantizar su vida e integridad personal.

Como ha sido señalado por la CIDH, estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y, en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país.

Al respecto, la CIDH observa que, el pasado 17 de agosto, el sacerdote Uriel Vallejos habría sido forzado a exiliarse después de permanecer más de tres días bajo asedio policial en la casa Curial de Sébaco. El 14 de agosto, el sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú, en el Caribe Norte, fue detenido arbitrariamente por agentes antimotines y; al día siguiente, el Ministerio Público habría solicitado ampliar el plazo de su detención por 90 días para realizar investigaciones. El 14 de agosto, los sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma fueron impedidos por agentes de la Policía, bajo amenazas, de trasladarse hacia la ciudad de Matagalpa para participar en celebraciones religiosas. En Managua, la Policía Nacional habría prohibido la celebración de las procesiones religiosas programadas para el 13 y 14 de agosto, por motivos de «seguridad interna». En los días siguientes, agentes antimotines habrían impedido el ingreso de personas a las iglesias para la celebración de la misa en otras comunidades del país.

En el primer semestre de 2022, la Comisión también ha rechazado el cierre y confiscación de los bienes de distintas organizaciones vinculadas con la Iglesia, como la Universidad Católica del Trópico Seco, varios colegios de la diócesis de Estelí y la Fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, cuyas integrantes fueron expulsadas del país. En el mes de marzo, el Estado ordenó la salida del Nuncio Apostólico del país, quien fue mediador en la Mesa de Diálogo de 2019.

De igual manera, la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) han condenado la eliminación del Canal Católico de la grilla de programación de televisión por cable, en el mes de mayo; el cierre arbitrario de siete radioemisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa; así como el ingreso violento de la Policía en la capilla Niño Jesús de Praga en Sébaco, el 1 de agosto, para confiscar equipos de radio y TV.

La CIDH recuerda que el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva «la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado». Además, establece que «la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás».

Al respecto, la CIDH hace nuevamente un llamado al Estado de Nicaragua para que cese los constantes ataques contra la Iglesia Católica. Asimismo, urge al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente y a cesar de inmediato la represión en el país.

* La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.