El intento de proscripción –via lawfare- de la expresidenta y hoy vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que la manipulación judicial es estimulada por la necesidad de Estados Unidos y de la derecha y ultraderecha argentina de garantizar que ella no participe en las elecciones presidenciales del año próximo y también que no tuvieron en cuenta la movilización popular en su apoyo, en todo el país.
por Aram Aharonian
La maniobra judicial tiene un cuádruple objetivo: la condena de la Vicepresidenta y su proscripción, el quiebre de su representatividad, basada en su vínculo con los sectores más desposeídos, se intenta volver a coligar al peronismo con el sambenito de la corrupción y se desea liquidar el pluralismo democrático para instaurar un bipartidismo falso sin debates estratégicos sobre proyectos de nación.
Paralelamente hay hechos sociales que pueden llamar la atención como el retorno del pueblo a las calles para apoyar a Cristina, la dura represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires (en manos del neoliberalismo), el trazado nítido de una frontera -ideológica o partidista- antagónica, obligando a la eventual reconfiguración de la lideresa de mayor peso en la Argentina, en la constitución de un nuevo sujeto político.
Ante el Consejo de las Américas, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley indicó al oficialismo y a la oposición que «el momento es ahora» para formar una coalición que «ofrezca lo que el mundo necesita: energía, alimentos, minerales”.
«Olvídense de las ideologías y los partidos y armen ya esa coalición. Se los digo como representante del país que quiere ser su socio y como alguien que ama la Argentina y ve su potencial: trabajen esos acuerdos ahora, no esperen 16 meses». Se animó a la injerencia porque obviamente contaba con que la “justicia” argentina iba a eliminar el principal escollo para una alianza de ese tipo: la expresidenta Cristina Fernández,
La semana pasada, el legislador trumpista Ted Cruz, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, exigió al secretario de Estado, Antony Blinken, que Cristina Fernández de Kirchner sea catalogada como corrupta y que se le impida a ella y a sus familiares el ingreso a Estados Unidos.
Esta parece ser una práctica de moda en Washington. La criminalización política desplegada en la región desde hace al menos 20 años es una decisión geopolítica, La semana pasada, ocho meses antes de las elecciones en Paraguay, el candidato a presidente Hugo Velázquez –actual vicepresidente del país– fue catalogado como “significativamente corrupto” por el embajador en Asunción, Marc Ostfield, motivo por el cual renunció a su candidatura.
Cuando parecía que el gobierno del Frente de Todos estaba en caída libre, incluyendo la imagen del presidente por su ambigüedad y contradicciones y por el apoyo implícito al empoderamiento de Sergio Massa, apareció Diego Luciani, un fiscal federal con serias dificultades expresivas al pronunciar su acusación, atada a papeles y teleprompter, y con falta de convencimiento en lo expuesto: sobreactuación, histrionismo.
El alegato de Luciani y la réplica difundida por Cristina Fernández de Kirchner generaron repercusiones internacionales, sobre todo en América Latina y el Caribe. Algunas de esas reverberaciones fueron distribuidas por la tupida red de corporaciones comunicacionales asociadas a los criterios instituidos por el Departamento de Estado, cuyo lema injerencista más utilizado, luego del denominado consenso de Washington, se rotula “lucha contra la corrupción”, señala Jorge Elbaum.
Es la nueva táctica para darle continuidad al control del “hemisferio occidental”, luego del desgaste de los golpes militares genocidas ejecutados durante todo el siglo XX y parte del anterior, con la anuencia, el apoyo y el financiamiento de Washington.
El acoso
Vallas, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y decenas de efectivos preparados para reprimir manifestantes. Ese fue el combo que preparó la Policía de la Ciudad para sitiar la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner el sábado. Veinticuatro horas después, el panorama era totalmente distintos: apenas cuatro policías de tránsito -todas mujeres- eran testigos de una nueva movilización de cientos de militantes peronistas.
El cambio de operativo se dio en el medio del repudio por la agresión policial al diputado Máximo Kirchner, quien fue insultado y golpeado cuando el sábado por la noche intentó ingresar a la casa de su madre.
Lo cierto es que el partido judicial-mediático, al buscar condenar y proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, provocó la movilización de todo el peronismo en defensa de la vicepresidenta, incluso de aquellos que no se sienten representados por ella. Esa mala jugada logró borrar las diferencias internas en el Frente de Todos.
Curiosamente, la coalición opositora Juntos por el Cambio responsabilizó a los manifestantes por la violencia de la policía porteña. Rodríguez Larreta le pidió a la militancia que «se vaya a su casa» y habló de “un plan sistemático de ocupación del espacio público”, mientras el expresidente Mauricio Macri dijo que la vicepresidenta “promueve el caos».
Pero un par de días después, el juez Andrés Gallardo ordenó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operativo policial directa o indirectamente vinculado con la custodia de la vicepresidenta, su familia o su casa, la que (le recordó) está a cargo de las autoridades de seguridad federales.
E inmediatamente reflotaron fracturas en la coalición neoliberal Cambiemos, donde Rodríguez Larreta aparecía como el posible candidato presidencial de 2023, pero la ambición de su jefe partidario Mauricio Macri, y de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich –que lo calificaron de “blando”-, están detrás del mismo proyecto. Rodríguez Larreta intentó demostrar que él es tan duro como los otros precandidatos presidenciales de la derecha y dio paso a la represión, sin calcular que surgiría tamaña respuesta .
La pelea interna de Juntos por el Cambio está desatada y los macristas siguen perdiendo fuerza también frente a sus aliados de la Unión Cívica Radical.
Los medios hegemónicos, portavoces del lawfare judicial, quisieron anular con un bombardeo de fakenews la inesperada convocatoria popular que desató el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta.
Información virtual, teledirigida, condicionada y monopólica. Una sola voz porque en definitiva, los medios hegemónicos y los altos funcionarios judiciales que participaron en la farsa judicial, representan lo mismo. Así trataron de enfrentar a miles de ciudadanos que manifestaban su desacuerdo con la decisión judicial, algo que obviamente disgusta a la corporación tribunalicia y que, los medios hegemónicos tratan de invisibilizar, criminalizar y ningunear la protesta.
Lo cierto es que es la causa contra CFK se tendría que haber cerrado por falta de pruebas, pero se mantuvo por razones políticas, sin respetar el marco legal y buscando una resolución mucho más política que judicial, que permita llevar adelante los planes que –sin vergüenza alguna- desnudó el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley.
La prensa hegemónica trata de olvidar hoy que Mauricio Macri era cabeza del Estado y al mismo tiempo era el que no quería pagarle al Estado por el arrendamiento del Correo. Después de conocerse las denuncias de los llamados Panamá Papers, donde no apareció ninguna denuncia contra hombres del kirchnerismo, pero el nombre de Macri estuvo entre los diez jefes de Estado más corruptos.
Macri era el titular del Estado y al mismo tiempo fue el que cambió la licitación por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento para que el Estado, que él encabezaba, le entregara 45 mil millones de pesos a IECSA, empresa de la que era propietario. Y así sucedió con las concesiones a Autopistas del Sol, que pertenecían al Grupo Macri, o con los Parques eólicos, en los que también intervino el Grupo Macri. Sin hablar del blanqueo de capitales por el cual benefició a su hermano y a su madre.
El macrismo no tiene puntos de empatía con los sectores populares, ni los entiende. Y la prensa hegemónica, como siempre, prefiere crimininalizarlos y/u obviarlos. Las movilizaciones espontáneas de respaldo a Cristina Kirchner en todo el país hicieron temblar la estrategia de lawfare en este caso.
La derecha, confiando en la manipulación del imaginario colectivo, no esperaba el aluvión masivo que empezó a juntarse frente al departamento de la vicepresidenta apenas conocido el dictamen de los fiscales. Apostó a que toda la atención estaba puesta en la inflación y la carestía de la vida.
Se equivocaron y la respuesta fue tratar de taparla moviendo el eje de la atención mediática, convirtiendo las declaraciones del presidente Alberto Fernández en una catástrofe nacional, con comentarios tremendistas sobre declaraciones inocuas.
Legisladores de Juntos por el Cambio pidieron que se le haga juicio político. Todo una grandísima estupidez forzada, repetida en las portadas de los diarios, en los programas de radio y de televisión, para ocultar la verdadera noticia que era el masivo descontento que se manifestaba en respaldo a la vicepresidenta, tratando de disimular la inquietud que despertó en el círculo rojo de poder, en la corporación mediática y en los macristas la respuesta popular masiva.
Algunos analistas se preguntan si Argentina es un país atractivo para invertir cuando un grupo de fiscales y jueces toman por asalto un sector del Poder Judicial para perseguir a políticos, sindicalistas y empresarios y si inhabilitar de por vida con la controvertida figura de «asociación ilícita” a la principal líder de una fuerza política mayoritaria, que conserva la incondicionalidad de cientos de miles de personas, consolida la seguridad jurídica y fomenta la paz social para la inversión privada, de la que hablan los medios.
Los caminos de Cristina
Cristina vs Rodríguez Larreta parecería ser la disputa para las elecciones de 2023, una carrera que deja en el camino a muchos aún aspirantes que luchan por un lugarcito en la televisión o en los medios, pisa sobre el barro de una crisis económica y social que no dejan de descargar sobre las mayorías.
Y en este nuevo “lanzamiento” de Cristina, los analistas apuntan al alegato quizá demasiado teatral del fiscal Diego Luciani: “puso al peronismo a girar en torno a la vice y, según admiten hasta peronistas que la miran con recelo, le devolvió un fulgor que la militancia no tenía”, dice Pablo Ibáñez en El DiarioAr.
Es indudable que la vicepresidenta vio una oportunidad en las torpezas de un poder judicial que se siente tan impune que ya no le preocupa ni siquiera aparentar en las formas, señala Diego Genoud en La Política Online.
Hay quienes consideran que Cristina debe renunciar ahora y encabezar una coalición contra el gobierno y la oposición (que son los que el embajador estadounidense dice que se deben unir, y que ella de no renunciar avalaría). Recuperaría los cuatro millones de votos perdidos y con su salida se llevaría consigo lo más importante del Frente de Todos: la gente.
Y esa es la verdadera razón de tímida defensa que de ella hace el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa. Sin Cristina dentro del Frente de Todos, éste difícilmente pueda ser una alternativa electoral.
Que Cristina gane protagonismo, es una forma de limar esa aspiración de mostrar un “peronismo de centro” con Sergio Massa. Con el presidente Alberto Fernández (auto) reducido a inaugurar un paso a nivel en Escobar, Massa apareció como la apuesta para un nuevo experimiento dentro de esos parámetros, señala Jesica Calcagno en LaIzquierdadiario.com. Quizá tal como lo propuso Stanley.
Seguramente Cristina no dé el paso del renunciamiento, al menos no por ahora. Pero sabe que si se queda avala el ajuste fiscal y de consumo que anuncian Fernández-Massa, poco antes del previsto tarifazo en transporte y energía. El ajuste es y será muy fuerte.
Con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, nunca el presupuesto de la Administración Nacional bajó del 30% del PIB –recuerda el economista Horacio Rovelli- y este año va a ser menos del 20% como en el 2002, año del estallido social y la dura represión a los movimientos sociales que habían ganado la calle.
Y queda una advertencia para todos: no basta con derrotar a las derechas mediante el voto, pues están enquistadas en anquilosadas instituciones refractarias al cambio (como el Poder Judicial), y no dudan en hacer valer sus cargos soslayando y desconociendo la voluntad popular. Porque una cosa es el gobierno y otra la toma del poder, la única forma de derrotar al enemigo.
