En el pasado, Chile fue visto en nuestro continente como un gran laboratorio de ideas y experiencias políticas. Particularmente la Revolución en Libertad y el posterior gobierno de la Unidad Popular marcaron referentes y liderazgos continentales. En la propia derecha también hubo aportes como el del Gremialismo y Patria y Libertad, hasta que sus partidos y dirigentes optaron por el Golpe de Estado de 1973 y el cogobierno con las Fuerzas Armadas.

Hasta el mandato castrense, los partidos políticos constituían sólidos referentes doctrinarios y gozaban de gran convocatoria popular. De esta forma, los últimos presidentes elegidos democráticamente encarnaron proyectos y gobiernos que se propusieron implementarlos. En la misma lucha por el retorno de la democracia, nuestro país hizo gala de sus ideas emancipadoras y de las múltiples expresiones político sociales que irrumpieron en todo nuestro territorio. Paralelo a la acción de los partidos y movimientos irrumpió también la organización social y sindical, la que tuvo mejores posibilidades de expresión dado la implacable represión que afectó a las colectividades políticas.

Sin embargo, después de Pinochet, las dos grandes ideas fuerza de quienes heredaron el poder no fueron en 30 años capaces de prosperar. Contrario a lo que se prometió, el régimen económico social neoliberal en realidad fue sacralizado por las mismas voces que en el pasado lo denostaban. Consta que el proceso de privatizaciones y extranjerización de la economía se extendió aún más y que el Estado no hizo prácticamente nada por recuperar aquellas empresas que le fueron arrebatadas a vil precio. Expresión de lo anterior fue la venta de las sanitarias y la concentración económica que se materializó en el sistema de salud y en las entidades previsionales.

Asimismo, la prometida Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, prometidas por Eduardo Frei Montalva solemnemente en el Teatro Caupolicán, tomaría otras tres décadas en materializarse y hasta ahora rige una incertidumbre respecto de lo que pueda suceder en el plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto de una nueva Carta Magna.

Sabido es que los distintos gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría y de la propia derecha tropezaron con serios obstáculos en el Parlamento para poner en ejecución las reformas prometidas. Sin embargo, más parece que los dirigentes políticos y sus partidos se fueron encantando con el modelo económico social e institucional vigentes y hasta en su trato con las Fuerzas Armadas lo que mayormente prevaleció fueron los altos grados de connivencia que favorecieron a los violadores de Derechos Humanos y a los oficiales corruptos que han malversado los caudales públicos. Muestra de ello fue el propio rescate del Dictador detenido en Londres ejecutado por La Moneda para que éste falleciera a los pocos años sin sanción alguna por sus crímenes de lesa humanidad.

Los altos grados de desafección hacia lo prometido, y la corrupción que siempre le sucede a la incongruencia entre lo que se dice y hace, llevó al Estallido Social de 2019 que terminó jibarizando a los partidos políticos, clausurando varios de éstos y provocando el surgimiento de nuevos referentes políticos y sociales que desplazaron del poder a muchas de las viejas organizaciones, como a sus dirigentes. De esta manera, arribaron al Gobierno y el Parlamento una buena cantidad de siglas y protagonistas marcados, en general, por el radicalismo de sus posturas y atractivas promesas que lograron hechizar al electorado nacional.

A quienes hoy están en La Moneda todavía se los recuerda por sus encendidos discursos, como por su apoyo a las motivaciones y formas de lucha de los pueblos autóctonos, las demandas educacionales y, muy importante, el propósito de un nuevo sistema previsional, además de la reforma tributaria.

Lo que se prometió en la última contienda electoral fue, en buenas cuentas, una nueva revolución, aunque se soslayaron algunos términos que podían afectar los resultados y la posterior política de alianzas con sectores del centro y de la autodenominada izquierda democrática. hasta ayer severamente demonizadas por la protesta callejera. A cualquier precio parece que las nuevas autoridades buscan ahora consolidar una dócil mayoría en el Poder Legislativo. Contundente prueba de lo que afirmamos es el nombramiento del ministro Mario Marcel, en la cartera de Hacienda, alguien que jamás habría sido concebido en este cargo antes de la asunción al poder de Gabriel Boric.

Más allá de sus pergaminos profesionales, se nota que la presencia de este secretario de Estado tiene por objeto dar tranquilidad al empresariado y a los sectores políticos refractarios a los cambios profundos. De la misma forma que con algunos embajadores se busca dar tranquilidad a los Estados Unidos, a las organizaciones financieras internacionales y a los inversionistas foráneos.

Asumimos el dicho popular de que “otra cosa es con guitarra”, expresión que señala las dificultades que siempre existen a la hora de ejercer gobierno. De esta forma es que el país pudo encantarse con los últimos gobernantes y frustrarse después con el correr de sus administraciones. Sin embargo, es muy pronto como para perder la esperanza en que se cumplan las promesas del actual Presidente. Aunque es evidente su preocupación por tranquilizar más a la derecha que a las izquierdas que le reclaman consecuencia. Sin perjuicio de su abierta intervención respecto del próximo plebiscito de septiembre próximo, ignorando que hay casos de mandatarios que se han visto impelidos a renunciar ante los reveses electorales ocurridos durante sus respectivos ejercicios. Cuyo más emblemático caso es del presidente francés Charles de Gaulle que abandonara el poder ante un referéndum que le fuera adverso.

Por lo que ha sido nuestra historia reciente, hay razón para pensar que las autoridades actuales pueden morigerar demasiado sus propuestas en esto de conseguir armonía con sus nuevos aliados ex concertacionistas y de las cúpulas empresariales. Se aprecia ya que existen partidos y líderes que a toda costa quieren mantener la cohesión del oficialismo y aferrarse al poder, al precio, si fuera necesario, de desconocer sus posiciones del pasado.

Ello debe explicar el severo “tirón de orejas” recibido por el ex precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien públicamente respaldó al líder rebelde mapuche Héctor Llaitul. “No hay lugar para los llamados desafiantes; no hay lugar para la violencia” le espeta el presidente del PC ante el apoyo que su camarada le diera a la ofensiva militar de la Coordinadora Arauco Malleco. Agrupación empeñada en “recuperar” madera y emprender acciones de sabotaje a objeto de financiar la adquisición de armas y municiones para su lucha.  Un conflicto en que naturalmente la derecha y otros sectores desean que el Gobierno enfrente todavía más drásticamente al dirigente mapuche, después de que ya le ha entregado a los militares la administración de un estado de excepción en la Araucanía. Un recurso excepcional que los que hoy gobiernan le negaron al gobierno anterior de Piñera, acusándolo de buscar militarizar el conflicto con nuestra etnia principal.

Respecto de lo anterior hay quienes piensan que la adhesión al nuevo gobierno puede desmoronarse primero por la izquierda antes que por los sectores socialdemócratas que lo integran y sostienen en el Parlamento y la administración pública.

Imaginamos que la espera en materializar la reforma tributaria se deba a las posiciones dispares que al interior del oficialismo se expresan por la prensa y las redes sociales, cuanto a la presión que ejercen las entidades patronales renuentes a que se imponga un impuesto a la extrema riqueza para la satisfacción de tantos derechos salariales. Así como las administradoras de la salud, la isapres, elevan de hecho los precios de sus servicios, en una actitud que ha sido prohibida por la Corte Suprema antes que desautorizada por el propio Ejecutivo.

Lo que está claro es que en las próximas semanas La Moneda no aventurará cambios significativos hasta conocer los resultados del Plebiscito. Es decir, antes de saber si se aprobará la actual propuesta constitucional o tendremos que abocarnos a definir otra.